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Urnas y coronavirus

En lugar de elecciones anticipadas en plena pandemia, lo responsable sería reformar ya el Reglamento de la Asamblea para evitar grupos de 'diputados libres' y transponer los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo, que era lo previsto y ningún partido ha propuesto

No habrá elecciones anticipadas en la Región, en principio, pero hasta 2023 no habrá más que una larga campaña preelectoral en la que la llamada a las urnas será una constante por parte de toda la oposición frente a un Ejecutivo que tratará de agotar la legislatura, salvo que su situación se vuelva insostenible o aparezca una clara ventana de oportunidad. Lo que acabo de expresar no es un deseo, sino un pronóstico no exento de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en este panorama político desolador. Cualquiera sabe qué puede suceder mañana en nuestra Región. Mi única certeza cristalina es que no podía haber peor momento, desde el punto de vista sanitario, económico y social, para caer en una crisis política de semejante magnitud.

La convocatoria anticipada de elecciones es una potestad exclusiva del presidente de la Comunidad. Y mientras pueda no hará uso de ella. De un lado, porque es una de las condiciones impuestas por los tres diputados expulsados de Vox, sabedores de que las urnas los borrarían del mapa. Y por otro, porque la Ley del Presidente le impediría a López Miras ser investido, salvo reforma en esta legislatura o por la vía de una modificación legal 'in extremis' antes de una hipotética investidura. Pero si no termina de reorganizar su gobierno, aprueba con rapidez los Presupuestos y su gabinete se dedica a gestionar con eficacia, la presión social, ya no solo política, podría ponerle en la razonable tesitura de tener que apartarse y convocar a las urnas a los murcianos. Es cierto que las cuentas públicas llevan parte de su retraso por las disputas en el anterior Gobierno entre Ana Martínez Vidal, su excompañera Isabel Franco y Javier Celdrán. Puede que ahora disfrute de más paz interna, pero a costa de una indecorosa tacha democrática por la presencia de tránsfugas y una consejera procedente de la derecha más radical al frente de Cultura y Educación. Pronto veremos si, además de ser democráticamente transgresor, este Gobierno de retales da la talla ante los importantes problemas que sufre la Región.

La izquierda, desde la más moderada a la más radical, entiende que no hay otra salida que las urnas para evitar seguir dañando las instituciones democráticas por la presencia de tránsfugas en el Ejecutivo. Y porque la Asamblea ya no es la elegida por los ciudadanos en 2019, dado que la dirección de dos partidos, Cs y Vox, no tienen representación en la Junta de Portavoces. Opinan cualificados miembros del PSOE que lo más importante ante la alteración de la voluntad popular en las instituciones es darle la palabra a la ciudadanía. Reclamar que los murcianos solventen ahora la espiral vergonzante de acontecimientos vividos desde la moción de censura, cuando hasta ahora han sido meros espectadores de este bochorno, puede responder a convicciones democráticas profundas, pero también al tacticismo en el que está instalada la política, donde casi todo se mueve por interés partidista o personal. La moción de censura fue legítima, pero también un fiasco porque el PSOE acudió temerariamente de la mano de un partido, cuyas dos lideresas estaban enfrentadas a muerte. A nadie en el partido naranja, cuyo electorado en la Región es mayoritariamente de centroderecha, le importó averiguar entonces qué pensaban sus votantes de la nueva alianza. El debate interno se limitó a unas pocas horas en la sede del partido, utilizando como argumento, paradójicamente, que Miras iba a convocar elecciones a la mañana siguiente. Algunos dirigentes de Cs y PSOE vieron una ventana de oportunidad, improvisaron una justificación y allí que se lanzaron, sin que nadie asuma una mínima parte de responsabilidad por el fracaso y sus consecuencias. Ahora la derecha más populista y radical, la que quiere abrir a toda costa los bares, las golas del Mar Menor y las urnas, solo tiene que seguir exigiendo elecciones y esperar acontecimientos para recolectar réditos. Unos y otros no paran de engordarla.

La pandemia ya no es una prioridad. Ahora es un arma electoral. No hay más que ver lo que sucede entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en esta larga precampaña del 4-M, con acusaciones mutuas que son una ofensa a las víctimas. Todo apunta a que la explosión de la cuarta ola coincidirá con el final del estado de alarma que permite controlar la movilidad y otros derechos fundamentales, aunque no habrá un plan B jurídico porque el presidente dice, en contra de la opinión del Consejo de Estado, que hay legislación ordinaria suficiente. Más bien parece que la razón real es que aprobar otro decreto en el Parlamento con los separatistas sería nefasto con vistas al 4-M. ¿Queremos aquí una campaña electoral en plena pandemia? Si hubiera mayor responsabilidad, lo urgente sería reformar el Reglamento de la Asamblea para evitar que haya grupos de 'diputados libres' y trasladar a la legislación autonómica los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo para que también afecten a los diputados, lo que estaba previsto y ningún grupo ha propuesto. Sé que en este escenario tan polarizado y sectario, la equidistancia solo merece reproches de todas las trincheras. Decía el gran periodista Chaves Nogales, quien vivió hace un siglo la pinza de los radicalismos totalitarios, que él era «perfectamente fusilable» por ambos bandos. Pues eso.

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