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Urbanismo no quiere recurrir el fallo de la licencia del Canódromo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está a la espera de conocer las conclusiones de un informe jurídico sobre el alcance de la sentencia que declara la caducidad de la licencia de obra del Canódromo y las repercusiones que tendría para la ciudad recurrir o no esta decisión. Pero al margen de este análisis, desde un punto de vista político, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, se manifestó ayer partidario de no presentar recurso contra la resolución judicial para no alargar el procedimiento.

La sentencia objeto de análisis es la formulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 13 de febrero, que anuló la resolución municipal por la que se desestimaba la solicitud vecinal que instaba a que se declarase caduco el permiso de obras. El fallo declara «la caducidad de la licencia del Canódromo, otorgada el 22 de noviembre de 2006 y prorrogada el 5 de noviembre de 2008, imponiendo las costas» al Consistorio.

Doreste explicó que el Ayuntamiento va a comunicar a la empresa el inicio del expediente de caducidad de la licencia y confía en que la promotora Realia «pare de buena fe» los trabajos de construcción de la segunda torre que fueron iniciados en agosto de este mismo año.

El concejal recuerda que la licencia concedida para la construcción de dos torres de catorce plantas de altura, con 120 pisos, estaba sumida en el antiguo código técnico de la edificación por lo que aún cuando se hubiese mantenido la vigencia del permiso ahora caducado, Realia debería haber solicitado un reformado al Ayuntamiento para adaptarse al nuevo código. Por eso, señala que «lo correcto sería que se pidiese una nueva licencia de obra».

Doreste entiende que la petición de un nuevo permiso tendría que ser autorizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «siempre que se ajuste a derecho» y considera que una nueva autorización sería complicado de atacar judicialmente por parte de los vecinos de Ciudad Alta ya que las sentencias amparan la operación urbanística. «Los tribunales dicen que sí pueden hacerse las torres», expuso, «esta es la larga agonía que deja el Partido Popular porque es su Plan General el que lo permite».

Sin embargo, y pese a que la actuación está anulada en el planeamiento general de 2000 y el especial de 2003, aún quedaría por determinar si estos parámetros, reproducidos en los planes de 2005 -del que dimana la licencia de obra- y de 2012 son también nulos.

«Los vecinos podrían atacar también el Plan General de 2012 pero lo veo complicado», expuso el concejal de Urbanismo.

A ojos de Doreste, la sentencia que declara la caducidad de la licencia de obra tiene repercusiones positivas para la ciudad puesto que evita una indemnización por parte de Realia. «Se aclara que la licencia estuvo bien dada», razonó, «no se anuló el permiso sino que se declaró su caducidad», con lo que, en la línea de lo apuntado por la sentencia de febrero, solo puede imputarse la inactividad a la promotora.

En su momento, la constructora calculó que el coste de los daños ocasionados por la paralización de la obra rondarían los 2,31 millones de euros. Y que el perjuicio por retomarla ascendería a otros 2,82 millones de euros, en concepto de impuestos pagados, indemnizaciones por la resolución de contratos de compraventa y daños morales.