Spain

Una legislación bolchevique

La nueva normativa sobre los desahucios aprobada por el Gobierno constituye un ataque frontal al derecho de propiedad y, en concreto, a su principal manifestación en España: la vivienda. Por un lado, impide a los arrendadores desahuciar a los inquilinos que no pagan sus alquileres o cuyo contrato ha expirado. Por otro, deja de ser delito la 'okupación' de inmuebles salvo que esta se produzca a través de la intimidación o de la violencia.

En consecuencia, se sanciona la usurpación, la apropiación indebida de un bien de cuyo uso, disfrute y disposición se arrebata a sus legítimos dueños. Esta regulación carece de precedentes en los países de la UE y de la OCDE, esto es, en el mundo democrático desarrollado.

En España, la mayoría de las viviendas pertenecen a particulares. El 71% de los españoles es dueño de su casa, el 17% tiene una segunda residencia, el 8% están vacías y el 4% restante se califica como otros.

A pesar de la demagogia habitual sobre un mercado de alquileres controlado por los 'fondos buitres', estos representan entre el 3 y el 4% del total. Son personas concretas las que arriendan sus pisos y, a título ilustrativo, el 52% de ellas son mujeres.

Alquilan sus inmuebles por una necesidad económica urgente, el 16%; para ayudar a pagar sus hipotecas, el 27%; para obtener recursos para mejorar su vivienda habitual, el 16%, o para obtener una rentabilidad a su ahorro, el 30%. Esos son los destinos de su inversión.

La decisión adoptada por el Ejecutivo supone despojar de sus derechos a millones de ciudadanos para favorecer a otros, utilizando algo que no es suyo. En pro de esta iniciativa se arguye su temporalidad. Ese argumento carece de legitimidad en términos morales y de justicia.

La decisión adoptada por el Ejecutivo supone despojar de sus derechos a millones de ciudadanos para favorecer a otros

Además, la experiencia enseña que no hay nada tan permanente como las medidas temporales de los gobiernos. Si en tiempos de normalidad desahuciar a quien incumplía sus obligaciones contractuales llevaba entre siete y 11 meses y sacar a los 'okupas' de los pisos incautados era una tarea titánica, la legislación recién aprobada hace una misión casi imposible emplear esos medios.  

La evidencia empírica muestra una generalizada laxitud de la Administración y de los tribunales ante el fenómeno de la 'okupación'. Esta se ha materializado no solo sobre viviendas vacías, sino sobre segundas residencias e, incluso, sobre las habituales. Y esto ha sucedido cuando 'okupar' se consideraba un delito.

Para fortalecer esa situación, el Ejecutivo ha legalizado el asalto a la propiedad privada de millones de españoles, lo que es inédito en una sociedad civilizada y recuerda las acciones de algunos de los regímenes totalitarios del pasado y del presente.

El Ejecutivo ha legalizado el asalto a la propiedad privada de millones de españoles, lo que es inédito en una sociedad civilizada

Con una extraordinaria generosidad, el Gobierno dice que indemnizará a los propietarios por el coste que les supondrá su iniciativa. Sin embargo, ese hipotético resarcimiento dependerá de facto de la discrecionalidad de los poderes públicos y no librará a aquellos de hacer frente al pago de los IBIS, de las tasas de agua y basuras, de las rentas inmobiliarias imputadas al IRPF, de los recibos de agua, gas y electricidad, de las potenciales derramas que sea necesario hacer, etc.

Esto se traduce en que los arrendadores han de asumir no solo el lucro cesante, sino los gastos corrientes de su vivienda y los de su vida cotidiana con menores ingresos y en medio de una crisis económica a la que, obviamente, ellos no son inmunes.

Como siempre, la izquierda patria olvida los efectos derivados de sus actuaciones. Si la vigente y restrictiva legislación de arrendamientos urbanos es el factor determinante de la escasez de las viviendas en alquiler, la normativa aprobada la reducirá aún más.

Esto tendrá por resultado el encarecimiento de los arrendamientos y, por tanto, reducirá su oferta para las personas con menor renta, esto es, aquellas a las que el Gobierno quiere beneficiar. En este contexto, los incentivos para que la 'okupación' se extienda serán mayores y, que a nadie le quede duda, esa es la evidente intención de, al menos, la facción podemita del Gabinete. Si hay más casas vacías, es fácil que los 'okupas' se apropien de ellas sin recurrir a la intimidación y la violencia.

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