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Una agresión cada tres días: radiografía de las 10 cárceles más peligrosas de España

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Para muchos funcionarios de las prisiones de toda España ir a trabajar es, desde hace años, más que un quebradero de cabeza. Desde el año 2004 hasta mayo de 2020 los trabajadores de las cárceles han sido víctimas de 6.351 agresiones perpetradas por internos de todo tipo. Una cada tres días. Trabajan en contacto directo con la población reclusa y sufren las consecuencias de todo ello. 

Estos datos proceden de las estadísticas anuales recopiladas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP). A ellos ha podido acceder EL ESPAÑOL tras una petición del sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) al Portal Transparencia.

Los datos revelan el calvario que durante años han tenido que soportar los trabajadores de las cárceles de todo el país en la última década y media. Según denuncian, las prisiones españolas padecen un problema grave de falta de personal. También, de envejecimiento de la plantilla. Ambos hechos han sido constatados y refrendados por todos los sindicatos del sector. "Somos el colectivo profesional de la Administración Pública que más agresiones padece al año", dicen desde la APFP.

En el ránking de los 10 recintos en los que más agresiones se producen a los trabajadores destaca la de Córdoba, en la que de media hay un asalto cada dos semanas desde 2004. Éste es el top ten de los últimos 15 años lo configuran los siguientes centros penitenciarios:

1. Córdoba: 352 agresiones.

2. Valencia: 303 agresiones.

3. Soto del Real (Madrid): 281 agresiones.

4. Mallorca: 228 agresiones.

5. Estremera (Madrid): 212 agresiones.

6. Granada: 200 agresiones.

7. Algeciras (Cádiz): 199 agresiones.

8. El Puerto de Santa María (Cádiz): 188 agresiones.

9. Zaragoza: 175 agresiones.

10. La Coruña: 169 agresiones.

La prisión con más agresiones

Ocurrió hace unos meses, en el módulo de aislamiento de la cárcel de Córdoba. A la hora del relevo, los reclusos se pusieron a vociferar, a gritar de manera descontrolada. Con el objetivo de calmar a uno de los agitadores, los funcionarios abrieron la puerta de su celda, para hablar con él. En ese momento, el preso le arrojó por encima al trabajador de la cárcel un cubo de lejía que guardaba dentro de la estancia.

El verano pasado, en el mismo centro, a uno de los funcionarios le rompieron el dedo. Uno más patinó en la celda y se cayó porque el interno había echado jabón en el suelo para que éste se resbalase. Tuvo que darse de baja médica. A otro le arañaron el brazo. Hematomas, golpes, contusiones... Todo entra dentro de la cotidianidad de los trabajadores de este recinto penitenciario.

La de Córdoba es, con diferencia, la cárcel en la que más ataques ha habido en los últimos años a los funcionarios por parte de los internos. Esta prisión ha ocupado ranking de ser el centro penitenciario con mayor número de agresiones en seis ocasiones: 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012. Además, posee el récord de padecer el mayor número de agresiones a funcionarios/as en un mismo año: 57 ocasiones en 2007. 

Un funcionario con más de 15 años de experiencia en el centro admite la gravedad de la situación, pero que en cierto sentido las cosas han ido mejorando:

"Al principio la prisión de Córdoba estaba enormemente masificada, como muchas otras cárceles, y supongo que eso ha influido enormemente. Ahora tenemos 1.200 internos, frente a los 1.900 de entonces. Todo eso se nota mucho. En aquel momento no habían implementado los módulos de respeto, que ha conseguido que la conflictividad haya bajado".

Sin embargo, otras circunstancias mantienen la tensión entre los muros de Córdoba. "La plantilla está envejecida, la mayor parte de los funcionarios son muy mayores y no hay relevo. Algo que influye también es que no seamos agentes de la autoridad. A la hora de agredirnos, a un interno le sale más a cuenta porque sólo le imponen una sanción disciplinaria".

Eva es delegada de APFP en la penitenciaría cordobesa: "Nos llega una cantidad enorme de internos. Muchos son de primer grado, progresados a segundo. A muchos de ellos los llevas a un módulo normal y acaban estropeando el ambiente porque son agresivos, extorsionan a otros internos. También llegan muchos presos con problemas psiquiátricos. Al final mandan a los malos, a los más conflictivos, al mismo módulo y se juntan allí todos". 

"Si no somos autoridad..."

Los funcionarios también sufren la falta de renovación de las plantillas. Ese envejecimiento del personal también incide en el colectivo de sanitarios de los centros. Durante muchos veranos, en la prisión de Estremera -la quinta en agresiones a funcionarios-, se ha quedado sólo un médico al frente del servicio sanitario de la prisión.

En 2018, sin ir más lejos, había tan sólo cuatro doctores en plantilla, pero uno de ellos llevaba más de año y medio fuera de baja por un problema de salud. Otros dos se encontraban postrados en la cama por una enfermedad. Así que se quedó operativo solo un médico, contratado simplemente para el periodo estival.

Pero hay más motivos de queja de los funcionarios. Otros elementos intervienen en el índice tan elevado de agresiones. A la falta de personal, medios y formación, hay que sumar la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa para manejar múltiples situaciones, apuntan a EL ESPAÑOL fuentes del sector.

Brotes psicóticos, presos que queman el colchón de su celda, peleas en el patio, navajazos... Todas esas circunstancias, apuntan en sindicatos como Tu Abandono Me Puede Matar, podrían solventarse en buena medida al incluir a los funcionarios en el grupo de agentes de la autoridad

Los distintos sindicatos afirman que supondría un importante factor disuasorio a la hora de frenar el ímpetu de algunos internos. "Sin eso, simplemente se enfrentan a una falta administrativa. Les sale más barato que, por ejemplo, golpear a un celador", explica otro trabajador de una cárcel del sur de España.

Por comunidades autónomas, la que más agresiones ha registrado históricamente es Andalucía (1.772), seguida de Madrid (942), Valencia (765), Castilla y León (626) y Galicia (395). "Trabajamos en un medio hostil, duro y peligroso", dicen desde APFP.

Estado de alarma

Buen ejemplo de esta tendencia es lo que ocurrió el pasado 15 de marzo tras decretarse el estado de alarma. Para evitar el contacto social y proteger a una población tan sensible como la de los reclusos, Interior suprimió temporalmente los vis a vis. A las 12.30 del mediodía, un preso se enteró de que se acababan las visitas íntimas en el Penitenciario de Fontcalent, en Alicante

El interno había pasado una mañana tranquila, sin sobresaltos. Se encontraba, según el informe interno al que ha accedido EL ESPAÑOL, "en un estado normalizado". Pero al ser informado de la suspensión de los vis a vis, el preso cambió "radical y sorpresivamente de actitud", y la emprendió a golpes con el funcionario. Se abalanzó sobre él. Le abrió una brecha en la ceja y le dejó el pómulo amoratado.

Al día siguiente, en la prisión de Málaga, un interno fue enviado a aislamiento tras grabarse y difundir en vídeo la amenaza de un supuesto motín, así como una serie de bulos sobre contagios por coronavirus en la prisión andaluza. 

En León, en septiembre del año pasado, dos mujeres y un hombre se ahorcaron en apenas una semana. Una cuarta persona, un hombre, falleció aquellos días por una sobredosis. Eso en un centro que solo cuenta con tres médicos para atender a 900 internos

Son sólo tres ejemplos de la conflictividad a la que tienen que hacer frente día tras día. En lo que va de año 2020, y a pesar del confinamiento, hasta el pasado mes de mayo se han producido un total de 82 agresiones a personal penitenciario.

Muchos funcionarios no denuncian la agresión sufrida. "El motivo no es otro que cuando el personal penitenciario sufre 'lesiones' consecuencia de una agresión, se fuerza entre otras medidas a la investigación interna por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección".

Entonces, explican fuentes del sector, se supervisan los vídeos del incidente, y se analiza pormenorizadamente la conducta del agredido -si se han cumplido las normas de protección y prevención- más que la del agresor.

"El protocolo sirve para analizar y evaluar la actuación del funcionario de prisiones, que ante el temor de represalia opta por no denunciar, de forma que si denuncia dicha agresión puede acabar recibiendo una sanción por su actuación profesional", explican desde APFP.

En los últimos tres años, la población reclusa ha descendido en más de 2.000 personas. En 2017 había en prisiones 50.461 internos. Aquel año se produjeron 305 ataques a funcionarios. En 2018, con 50.521, las agresiones descendieron a 223. Lo mismo sucedió en 2019 (50.248 presos y 223 agresiones).

En 2020, el número de internos es de  48.184 en total. Eso ha repercutido de forma positiva en un descenso de casi un 6% en el número de agresiones. Pero lejos de subsanarse el problema, los trabajadores del sector lamentan que todavía quede un largo camino por delante.

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