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Un juez del Constitucional afirma que el tribunal se aparta de su doctrina al mantener inhabilitado a Quim Torra

El magistrado progresista Juan Antonio Xiol se muestra a favor de suspender de forma cautelar la inhabilitación del expresidente de la Generalitat mientras se tramita su amparo.

El ex presidente Quim Torra en una imagen de archivo en el Parlament.
El ex presidente Quim Torra en una imagen de archivo en el Parlament. Antonio Moreno

El magistrado Juan Antonio Xiol ha emitido este martes un voto particular donde defiende que el Tribunal Constitucional debería haber accedido a suspender de forma cautelar la condena de inhabilitación al ex presidente de la Generalitat Quim Torra mientras se tramita su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos del Govern en período electoral.

Xiol, progresista y catalán, cree que "de acuerdo con la jurisprudencia constitucional" se debería haber otorgado la medida cautelar solicitada por la defensa de Torra. En su opinión, el TC no ha aplicado en el caso de Torra la "consolidada jurisprudencia constitucional" donde se sostiene que la denegación de la suspensión conlleva "una pérdida, al menos parcial, de la finalidad del amparo".

El magistrado explica que la doctrina del tribunal de garantías establece en los cinco años el umbral de la pena para acceder a su suspensión cautelar. "La aplicación de esta doctrina, en particular la establecida en los AATC 167/1995 y 247/2004, determinaría que, como la pena de inhabilitación impuesta al recurrente es de corta duración, un año y medio, hubiera debido otorgarse la suspensión solicitad". "No existen elementos diferenciales que justifiquen apartarse de los precedentes", concluye Xiol.

Frente a la tesis de la mayoría, este juez defiende que el hecho de que "se hubiera dado comienzo o no a la ejecución de la pena sería, en su caso, un elemento irrelevante para la consideración de la pérdida de finalidad del amparo porque, cuando menos, cabe la suspensión de los efectos futuros de la pena".

Rechazada la medida cautelar

Sin embargo, el Pleno ha rechazado la pretensión cautelar del ex presidente catalán al considerar que "la adopción de la medida de suspensión solicitada supondría una perturbación grave de un interés protegido constitucionalmente, como es la garantía de la efectividad de la actuación de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial".

El tribunal de garantías, por diez votos frente a uno, cree que "la concesión de la medida cautelar implicaría, no sólo ya la mera suspensión de la ejecución de una pena, sino que conllevaría también, dejar sin efecto una de las consecuencias jurídicas de una pena de inhabilitación especial que ya ha sido ejecutada, como es la privación definitiva del cargo público de presidente de la Generalitat del que cesó el mismo día en que le fue notificada la condena firme".

El Pleno entiende que las circunstancias concurrentes en este caso permiten apreciar "la presencia de un interés general por mantener la integridad de los pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria".

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