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Un exconcejal convergente de Barcelona acepta dos años de cárcel por corrupción

Antoni Vives se revolvió indignado cuando la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ordenó una auditoría interna sobre Barcelona Regional (BR), una entidad pública compuesta por varias entidades -Ayuntamiento, Mercabarna, Puerto de Barcelona, etc.-, prestadora de servicios urbanísticos y de infraestructuras. El exconcejal de Urbanismo de Xavier Trias, respaldado por este y por el entonces «número dos» del gobierno, Joaquin Forn, dijo ser víctima de una persecución política. Ahora, cuatro años después, Vives ha reconocido en juicio que simuló haber contratado a un alcalde de CiU para que, sin hacer ningún tipo de trabajo, cobrara un sueldo público de esta entidad. Tras un pacto con la Fiscalía, en el juicio celebrado este jueves, el exedil convergente ha aceptado una pena de dos años de cárcel y el mismo tiempo inhabilitación, aunque no entrará en prisión al conmutar la pena por seis meses de trabajos a la comunidad. En su caso, lo que hará será un curso sobre ética pública.

Vives, mano derecha de Trias en el gobierno municipal, y que también está siendo investigado en la macrocausa de las mordidas del 3 %, consigue con este pacto rebajar la pena inicial de cinco años de cárcel que para él solicitaba la Fiscalía en el caso de Barcelona Regional. También deberá pagar una multa de 5.400 euros y conjuntamente con los otros dos implicados devolver a Barcelona Regional los 155.067 euros de dinero público que este alcalde cobró sin hacer trabajo alguno.

Sucedió en 2011, cuando todavía funcionaba la coalición entre Convergència y Unió (CiU). El exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo, de Unió, pidió a su partido que alguna administración controlada por la formación lo contratara para «completar» el sueldo que tenía como alcalde, pues su anterior empleo como arquitecto municipal en Sant Feliu (Barcelona) era superior a los 47.275 que cobraba al frente del Ayuntamiento.

Por eso, Vives, que era concejal de Urbanismo en la capital catalana y presidente de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Trias, se puso de acuerdo con el exdirector general de esta entidad Guillermo Müller para contratarle de forma ficticia entre 2011 y 2015. Concretamente, fue contratado con una supuesta jornada laboral a tiempo completo y un salario de 34.000 euros brutos anuales. Arévalo llegó a embolsarse así 155.067 euros, hasta que Colau desbancó a Trias de la Alcaldía.

Resultados desiguales de la auditoria de Colau

No todas las investigaciones sobre las supuestas irregularidades detectadas por la auditoría interna de Colau en el «agujero negro» de Barcelona Regional corrieron la misma suerte. El Ministerio Público acabó archivando la investigación general sobre Barcelona Regional. Tampoco llevó a juicio finalmente a Antoni Miquel, «Leslie», cantante de Los Sírex y militante de Convergència por otro trabajo supuestamente ficticio en la entidad. Tras revisar la documentación que aportó su defensa, acabó retirando la acusación.

Cuatro años después de indignarse por ser víctima de una supuesta persecución política, Vives matiza ahora su discurso. Tras reconocer los hechos en el juicio, su abogado resaltó en declaraciones a Europa Press que el exconcejal «no se enriqueció» con el falso contrato.

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