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UGT pide que el sueldo de los funcionarios suba al menos lo mismo que el IPC

Año nuevo, Gobierno nuevo. Y también nuevos acuerdos. La Federación de Empleados Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha asegurado este miércoles que negociará con el Ejecutivo de coalición un nuevo pacto plurianual para que el sueldo de los funcionarios aumente, por lo menos, al mismo ritmo que la inflación durante esta legislatura. Ha abogado sin embargo por mantener una fórmula de incremento salarial para los trabajadores públicos parecida a la actualmente en vigor, que se agota este año, y que está conformada por una parte fija y otra variable vinculada a la evolución de la economía, según ha trasladado este miércoles el secretario general de Empleados de los servicios públicos del sindicato, Julio Lacuerda.

El Gobierno acaba de aprobar la subida del sueldo de los funcionarios un 2% —que está a la espera de hacerse efectiva y que tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2020—, tal y como estaba pactado en el acuerdo trienal sellado entre los sindicatos y el anterior Ejecutivo del PP en los Presupuestos de 2018. Entre 2010 y 2018, los funcionarios perdieron un 14% de su poder adquisitivo.

Este acuerdo, un esquema que nunca antes había sido empleado, garantizó en 2018 un alza salarial fija del 1,75% —frente a una inflación del 1,2%—, del 2,25% en 2019 —cuando los precios subieron tan solo un 0,8%— y del 2% para 2020. Pero la fórmula acordada no acababa ahí. Para 2019 se negoció que la retribución aumentara cinco centésimas de variación por cada décima que el PIB avanzara por encima del 2%. Y para 2020 también se prevé una parte variable: entre el 1% y el 0,20% por cumplir con el objetivo de crecimiento del PIB —siempre y cuando rebase el 2,1%, una perspectiva poco probable según la mayoría de previsiones—, otra eventual alza adicional del 0,3% a repartirse como fondos adicionales y un 0,55% vinculado al objetivo de cumplimiento del déficit público, que acabaría incluido en los Presupuestos de 2021.

Lacuerda se ha mostrado este miércoles satisfecho con esta fórmula, que propone mantener, ya que ha brindado, según los cálculos del sindicato, una revalorización del poder adquisitivo de los funcionarios del 4% en estos tres años de vigencia. "Garantizar un acuerdo plurianual nos parece una vía interesante para seguir explorando", ha afirmado. "Si después de la experiencia seguimos garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo no tenemos ningún inconveniente porque además puede ser hasta bueno si eso contribuye a la salud económica, financiera, social y de ánimo de la sociedad española", ha añadido.

Tasa de reposición y temporalidad

El secretario de FeSP-UGT ha subrayado sin embargo que, además de las retribuciones, hay otros temas importantes pendientes de solucionar encima de la mesa. Entre ellos, el envejecimiento de las plantillas, la elevada interinidad —sobre todo en Educación y Sanidad— o la falta de desarrollo del Estatuto de Trabajadores. 

Por ello, el sindicato pedirá una prórroga de un año de los procesos de estabilización abiertos para intentar acercarse a la tasa de temporalidad máxima fijada para el sector público, del 8% frente a casi el 28% actual. El mismo Lacuerda ha reconocido que en varios sectores será imposible alcanzar la meta, sobre todo en Educación o Sanidad, donde la situación es más sangrante y las plazas convocadas no son ni de lejos suficientes para cumplir con el objetivo. 

Para avanzar en esta dirección, Lacuerda ha asegurado que el sindicato volverá a exigir que se supriman los límites a la tasa de reposición de los trabajadores que se jubilan. Entre 2011 y 2019, los sucesivos ajustes en este sentido han causado la destrucción de 267.686 empleos públicos, calcula el sindicato.  

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