La institución provincial favorece de esta manera, a iniciativa de su presidente José Manuel Caballero, el acceso de ciudadanos que tienen problemas de movilidad al transporte público compensando el esfuerzo económico que deben soportar los titulares de los vehículos dedicados a tal fin.

Asimismo, da cumplimiento a leyes como la de Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, que prevé que en todas las ciudades con población superior a 15.000 habitantes debe existir, al menos, un taxi o vehículo adaptado a las personas que están imposibilitadas para moverse de forma permanente.

Adquirirán la condición de beneficiarios las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte vigentes, documentadas en tarjetas de la serie VT-N y expedidas por la dirección general de Transportes de la consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.