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Sin avances entre Xunta y Gobierno por la ley de salud gallega

Nadie dijo que fuera a ser fácil convencer al Estado para que desista en recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de la ley gallega de salud pública. Representantes de Xunta y Gobierno mantuvieron este lunes un primer encuentro para explorar un posible escenario de acuerdo y entendimiento que evite dilucidar la controversia entre administraciones en los tribunales. Esta cita inicial estuvo participada por técnicos de uno y otro gobierno, pero su resultado fue estéril. No hubo acuerdo, ni tan siquiera se vislumbra un horizonte para el mismo, según indicaron a ABC fuentes conocedoras de la reunión.

La Xunta informó de que el Estado trasladó que sigue adelante con el recurso ante el TCy que descarta levantar su suspensión. Al menos, se pactó iniciar los trámites para convocar la comisión bilateral de cooperación.

Las citadas fuentes reconocieron que el de este lunes fue tan solo el inicio de un proceso de diálogo con el Gobierno que desde un principio se supo que sería largo. Desde la Xunta se aguarda que pueda haber más encuentros a nivel técnico para desbrozar el terreno de cara a un encuentro de responsables políticos, aunque por el momento no se han fijado fechas.

El pasado 30 de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez decidió recurrir el texto legal autonómico por entender que podrían darse indicios de inconstitucionalidad en varios aspectos de la norma, principalmente las modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que se contempla. En su opinión, la legislación gallega afecta en determinados artículos derechos fundamentales que quedan fuera de la capacidad normativa de una comunidad autónoma. Haciendo uso de su prerrogativa, el Gobierno recurrió la ley gallega al TC, pidiendo su suspensión cautelar hasta que haya resolución de fondo.

Dictamen del Consejo

No obstante, la Xunta sí dispone de armas para su negociación con el Gobierno. Se las proporcionó el dictamen del Consejo de Estado encargado por el propio Ejecutivo, en el que se considera que el único aspecto de la norma autonómica que ofrece dudas sería la posibilidad de obligar a la vacunación de la población en determinados supuestos. El Consejo admitía no tener claro si una Comunidad podía, a través de una ley autonómica, desarrollar un texto orgánico como la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. «La necesidad de un pronunciamiento del TC sobre el alcance de las competencias autonómicas en esta materia (...) podría tener un fundamento jurídico suficiente», sentenciaba.

El Consejo no consideraba inconstitucional ni la posibilidad de limitar determinados derechos fundamentales —siempre previa autorización judicial— ni el régimen sancionador que se introducía en la norma.

Por otro lado, la resolución del Consejo afeaba abiertamente al Gobierno que no hubiese procedido «a una adecuación legislativa»de la Ley 3/1986 «que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».

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