La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado esta tarde en el Senado la creación de un grupo técnico para trabajar en un modelo armonizado de gestión y conservación del lobo. Este grupo, que dependerá del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y en el que también participará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), estará formado por la Administración General del Estado, investigadores y técnicos, que trabajarán en coordinación con las comunidades autónomas.

En su comparecencia conjunta en el Senado con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la vicepresidenta Ribera ha explicado que a este grupo hay que unir la constitución de un comité responsable de evaluar el seguimiento continuo de las poblaciones, contribuyendo a diseñar e impulsar todas las medidas de conocimiento y gestión, entre cuyas funciones cabe destacar:

En busca de un modelo común, eficaz y solidario

“El debate no está en elegir entre lobo o ganadería, sino en cómo garantizar de forma eficaz y justa una coexistencia con los ganaderos predecible para las instituciones, solvente para el lobo y, sobre todo, solidaria para con las familias que viven en zonas donde hay grandes depredadores”, ha señalado Ribera. “Debemos plantearnos si el modelo que tenemos es ese modelo eficaz y solidario, en el que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros es asumido por la sociedad y no sólo por los ganaderos”, ha apuntado.

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en que lo que se requiere es “un enfoque común y armonizado para la gestión y conservación de las poblaciones de lobo en nuestro país”, porque hasta ahora la ausencia de un marco estatal común ha propiciado que aparezcan “diferentes oportunidades, distintas condiciones de acceso a las cuantías por compensación de daños, sistemas de seguros heterogéneos, generando todo ello en consecuencia importantes desigualdades y agravios comparativos”.

Régimen legal alineado con la UE

La vicepresidenta se ha referido al estatus legal del lobo en la Unión Europea, donde -con las únicas excepciones de algunos pequeños territorios en Finlandia, Repúblicas Bálticas y Grecia, o en España, al norte del Duero- la especie cuenta con un régimen de protección equivalente al que sería la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Ribera ha reiterado que este nuevo estatus legal del lobo tendrá un efecto positivo para mejorar la cohabitación con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios; se habilitarán mecanismos para conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, y se priorizará la protección y mejora del ganado en dichas explotaciones para evitar los daños, con fondos públicos que mejorarán el rendimiento económico de las explotaciones.

Asimismo, cuando a pesar de las medidas preventivas sigan existiendo problemas de depredaciones, se podrán agilizar los mecanismos de gestión de las poblaciones de lobo en base a criterios comunes que cuenten con el suficiente respaldo legal y técnico tanto para las administraciones involucradas como para los particulares.

Cohabitación entre lobo y ganadería

Respecto a la mejora de la cohabitación entre el lobo y la ganadería, Ribera ha señalado que se va a trabajar conjuntamente con el MAPA en actuaciones y ayudas que pongan en valor la convivencia de la ganadería extensiva con las poblaciones de grandes carnívoros ofreciendo un marco para que estas actividades se puedan desarrollar con mayor seguridad y rentabilidad.

Proteger a la tórtola

Asimismo, la vicepresidenta Ribera también se ha referido a la tórtola, que “no ha desatado tanto interés, ni mediático ni parlamentario, como la del lobo, a pesar del preocupante estado al que se enfrenta como especie”. En este sentido, ha recordado el drástico declive que sufre la especie, cuya población en España se ha desplomado cerca de un 40% en dos décadas y casi un 80% en Europa desde 1980.

Esta caída de sus poblaciones y la ausencia de medidas de protección llevaron a la Comisión Europea en 2019 a abrir a España un expediente de infracción por no haber tomado las medidas necesarias para preservar y mantener una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para la especie, y no haber asegurado que la caza de la tórtola común cumpla con el principio de utilización razonable de las especies, al autorizar la caza de la tórtola “a niveles no sostenibles” y “sin seguimiento ni datos sobre la presión cinegética”.

España, que es el país de la UE con el mayor número de aves abatidas por año, es, además, un Estado clave para evitar su desaparición, pues acoge más de la mitad de la población reproductora de la UE, que oscila entre los 2,4 y los 4,2 millones. Hasta el momento solo en Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, la isla de Menorca y la provincia de Álava está prohibido matar a esta ave.

Ribera ha recordado el precedente frustrado de la propuesta de SEO/BirdLife en 2015 solicitando la inclusión de la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría Vulnerable, y cómo a la vista de la existencia de un procedimiento de infracción en fase avanzada, el MITECO presentó de nuevo esa propuesta en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del 4 de febrero de 2021. Sin éxito, si bien una mayoría de comunidades ha solicitado que se aplique este mismo año y se suspenda la caza de esta especie en todo el territorio nacional.

En este sentido, la vicepresidenta ha expresado su convencimiento de que “ha llegado el momento de proteger a esta especie amenazada por la extinción”.