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«Reformar los delitos de sedición y rebelión no es precisamente urgente»

Los tiempos judiciales y los políticos tienen poco que ver. Las legislaturas duran, en el mejor de los casos, cuatro años. Las leyes aspiran a tener una vida útil mucho más larga. La vicepresidenta Carmen Calvo anunció que el Gobierno quiere abrir el Código Penal para modificar delitos como los de rebelión o sedición, justo los tipos que afectan a los cabecillas del 1-O y líderes de los partidos independentistas catalanes. Sin el apoyo de estas formaciones, los Presupuestos que darían continuidad a la era Pedro Sánchez parecen una utopía y sólo así se comprenden las urgencias que hay en La Moncloa por cambiar una legislación que, como exponen los catedráticos de Derecho Penal consultados por ABC, debe modificarse, en el caso de que sea necesario, de manera «integral», con calma y siguiendo el criterio de los especialistas en lugar de los designios políticos.

Esta es la receta para no cometer errores del pasado, cuando partidos de uno y otro signo han sometido la legislación a sus intereses. O al menos así lo considera Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) quien, después de la polvareda levantada por la vicepresidenta, reconoce a ABC que cambiar la legislación en delitos políticos como la rebelión o la sedición no es algo acuciante. «Desde el punto de vista estrictamente técnico, reformar los delitos de rebelión y sedición no es precisamente urgente, porque estos delitos no suelen cometerse casi nunca», sostiene Cancio.

Menos tajante se muestra Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), quien defiende que la reforma que avanza el Ejecutivo podría llevarse a cabo porque «en España ha habido reformas del Código penal grandes, medianas y pequeñas, de todos los colores». Incluso cree que se podría hacer «en un plazo corto» de tiempo.

«Un regalo»

«Si se rebajan las penas de sedición o rebelión, la finalidad no será mejorar el Código Penal, sino beneficiar a los afectados por estos tipos», pronostica Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo, y el más crítico de los expertos consultados. Prego estima que «no hay urgencia» por acometer esta modificación y que, si finalmente el Gobierno la lleva a cabo, estaría «haciendo un regalo» a los líderes independentistas condenados. «Hay otras urgencias, pero eso ya es otro tema y es más largo de exponer», resuelve Prego.

«A lo mejor lo que hay que plantearse, a largo plazo, es un nuevo Código Penal», propone Álvarez, quien considera que hay dos reformas legislativas que se podrían abordar: la citada de los delitos de rebelión y sedición y la relacionada con los delitos sexuales.

Otras necesidades

«Los primeros nos plantean un problema de Estado y los segundos, un problema de relación social evidente», aporta Álvarez, que acto seguido apunta que no entiende cómo no se ha podido solucionar antes el problema de los delitos sexuales: «Eso hay que remediarlo pronto porque las víctimas quedan inermes en manos de su violador». «Urgente es la reforma de los delitos sexuales», respalda Cancio, quien también lamenta que no haya habido modificaciones en esta parte del Código Penal aunque sea algo que «desgraciadamente ocurre todos los días».

Volviendo a los delitos de sedición y rebelión, ahora sobre la mesa, el catedrático de la UC3M considera que el Gobierno puede acometer la reforma. «Desde hace tiempo se ha escrito sobre alternativas en esta materia pero, como todo, se tiene que hacer bien, con asesores de calidad», defiende Álvarez. Cancio, por su parte, no lo ve tan sencillo. «Es muy importante que esta reforma no se haga puntualmente. Es decir, que se recorten sólo dos o tres artículos que interesen por algo. No se puede hacer una reforma puntual», opina el catedrático de la UAM.

Interconectado

Las reticencias de Cancio a reformar el Código Penal sólo en unos pocos artículos radican en que este texto normativo, pese a las sucesivas reformas que ha sufrido, guarda una coherencia interna, de modo que la rebaja o aumento de unas penas afecta al castigo establecido en otros tipos. «El Código Penal está interconectado y los partidos son muy frívolos con la legislación penalista. PP y PSOE han hecho lo mismo. Y ahora hay otra vez una urgencia por una razón política», critica el catedrático. Cancio, de hecho, insiste en que, en caso de que cristalice la reforma, «lo más importante es que esto se haga bien, que se tome el tiempo necesario tanto en el plano político como en el de la preparación técnica».

En este último plano, el de los expertos, debería decidirse el alcance de la modificación y si afectará o no a la duración de las penas. «A nadie en Europa le ha llamado la atención que los líderes del procés hayan sido condenados, pero sí ha sorprendido el nivel de las penas», interpreta Cancio, quien subraya que «en España, con carácter general, las penas son más elevadas que en otros países de la Europa occidental, salvo Reino Unido».

Al margen de esta consideración, el catedrático de Derecho Penal en la UAM consigna un aviso a navegantes: «Que no piensen que pueden cambiar únicamente los delitos de rebelión y sedición. Esto [por el Código Penal] es un conjunto y lo que se pretende modificar es, además, una de sus partes más antiguas».

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