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Quitas de errores

El Ministerio de Economía quiere aplicar una quita a los créditos concedidos a las empresas con el aval del ICO. El Estado asumiría el coste del 70-80% de esa operación y forzaría a la banca a hacer lo propio por el 20-30% restante, lo que de facto se traduciría en pérdidas para aquella por ese importe.

Esto supondría el incumplimiento unilateral por parte del Ejecutivo de las condiciones que permitieron crear y desplegar ese programa crediticio, lo que rompe con los principios de bona fides y de pacta sunt servanda, que fundamentan un pilar básico e imprescindible de la actividad económica: la confianza.  

A diferencia de lo hecho por la mayoría de los gobiernos de la UE, el español optó por gastar sus magros recursos en programas de transferencias de rentas: IMV, subidas de pensiones y de salarios públicos, etc. Prefirió ignorar el impacto de la pandemia-recesión sobre la oferta productiva lo que ha provocado y sigue provocando la desaparición de numerosas compañías.

Ahora carece de fondos para ayudarlas de manera directa (nadie sabe de dónde saldrán los 11 mil millones de euros anunciados el pasado miércoles por el Sr. Sánchez) y propone una medida, la susodicha quita, cuya aplicación sólo contribuiría a dañar aún más el clima financiero y empresarial del país.

A diferencia de la mayoría de los gobiernos de la UE, el español optó por gastar sus magros recursos en transferencias de rentas: IMV,  pensiones y de salarios públicos

El Ejecutivo pretende corregir sus errores con otros nuevos y nada tan fácil como hacérselos pagar al sector privado, a los bancos en este caso, perfectas víctimas sacrificiales: los símbolos de la avaricia capitalista. La Sra. Calviño parece ignorar algo elemental: obligar a la banca a condonar los créditos ICO les impelerá a aumentar sus provisiones y reducirá su ya mermada rentabilidad. En estos momentos del ciclo, esto es una amenaza para la estabilidad de las entidades crediticias y, en el extremo, podría desencadenar una crisis bancaria.

El sistema de quitas propiciado por el Gabinete produce un efecto llamada: la oferta de condonar los préstamos ICO dispararía la demanda de condonaciones aun por las empresas con liquidez y solvencia. A la vez provocaría un efecto contagio: las compañías que no acudieron a esa línea crediticia exigirían un trato similar. ¿Por qué sus préstamos han de tener una consideración diferente? El resultado de esas dos dinámicas es claro: un incremento de la morosidad empresarial para beneficiarse de la condonación y un retraso en la liquidación de las compañías zombies.  

Por añadidura, la quita deseada por Economía desencadenaría un efecto arrastre. Cuando una empresa exige la anulación de una deuda amparada por una norma que obliga al acreedor a aceptarla, el resto de las contraídas pasa a ser considerado dudoso por el regulador, por el mercado y, sin duda, por las agencias de rating, salvo que registre un incremento espectacular e inmediato de sus ingresos.

El resultado sería una rebaja de la calificación crediticia de la banca. Al no desplegarse en otros países de la UE una política similar y no se desplegará, el sistema bancario español se situaría en una posición de extrema fragilidad frente a sus competidores y frente a la percepción del mercado.

La respuesta racional a las quitas de una banca con exigencias crecientes de capital y de provisiones, con beneficios precarios y ante un escenario económico cuajado de incertidumbre sería la restricción/encarecimiento de la oferta de crédito. Esto dificultaría de manera dramática el acceso de las pymes a la financiación bancaria, condenaría a muchas de ellas, que podrían subsistir, a la extinción y lastraría la recuperación.  

El Gobierno carece de la información precisa para saber qué empresas son viables y cuáles no. La banca tiene una clara ventaja competitiva a la hora de evaluar el riesgo de sus deudores. y, por tanto, es quien ha de gestionar su relación con ellos. Nada impide al Ejecutivo condonar su parte de los créditos ICO, pero exigir a las entidades financieras que asuman los costes de las erróneas decisiones gubernamentales tendría, como se ha señalado, consecuencias muy negativas.

La propuesta de la Sra. Calvino es una expresión de la denomina Inconsistencia Temporal de la política económica que se sintetiza en los siguientes términos: el Gobierno está dispuesto a incumplir los compromisos que asume cuando le conviene. Esto sólo sirve para crear inseguridad jurídica y es el peor camino para generar la confianza necesaria para que la economía española se recupere.

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