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Quilombo federal

El presidente Juan Manuel Moreno ha aprobado un paquete muy duro de restricciones que llega una semana tarde, pero con el que se podrá recuperar este tiempo perdido porque afecta a algunas comarcas y provincias en las que sí se adelanta al virus. En otras, como el área metropolitana de Sevilla, debió de dar el paso casi a la vez que Granada, pero Moreno ha actuado con contundencia y valentía. Ahora bien, él tendrá que seguir adoptando decisiones a partir del 9 de noviembre que no le corresponden constitucionalmente, confiemos en su sensatez y honestidad, pero los dirigentes de los gobiernos autonómicos no fueron elegidos para esto.

Cuando un estado de alarma se declara en todo el territorio nacional, el presidente del Gobierno no puede delegarlo en los líderes autonómicos. Este estado de excepción sólo se delega cuando, como se explica en el artículo séptimo de su ley, "la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad". No es el caso, porque la pandemia de Covid está instalada desde los Pirineos al Estrecho y de Cabo de Gata a Finisterre.

El argumento que sostiene este artículo es doble: por un lado, los gobiernos regionales carecen de potestad sobre las fuerzas y seguridad del Estado que garantizan el cumplimiento, como tampoco tienen la competencia de regular el transporte transnacional. Pero es que, además, y ésta es la segunda razón, España no es un país federal formado por estados miembros, carece de los mecanismos reglados de coordinación y decisión entre éstos en asuntos tan graves como las restricciones constitucionales; por eso, es el presidente del Gobierno quien decide y el Congreso autoriza.

A partir del 9 de noviembre, Pedro Sánchez delegará no sólo la aplicación del estado de alarma entre los presidentes autonómicos, sino el propio contenido, lo que es una santa barbaridad. Madrid, por ejemplo, podría restringir el toque de queda entre la una y las cinco de la madrugada, el País Vasco no tenerlo y Andalucía sólo aplicar las restricciones a las reuniones de más de seis personas. Como aquella desescalada a la carta que tuvimos, y que es responsable de este noviembre. Y como no está constitucionalizado el principio de lealtad federal, Ayuso hará todo lo posible por crispar.

¿Por qué Pedro Sánchez hace todo esto? Sólo encuentro una razón: les devuelve a los presidentes regionales la falta de empatía que tuvieron en primavera con él. Es humano, pero censurable.

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