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Quién es quién en el 'Caso Dina': 7 protagonistas y 4 invitados a los que Iglesias quiere implicar

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha rechazado acudir al Congreso a dar explicaciones sobre el caso Dina, que amenaza con acabar con una imputación contra él en el Tribunal Supremo, salvo que se cree una comisión en la que él pueda poner en marcha el ventilador de las "cloacas".

Tanto el PP como Ciudadanos habían exigido su comparecencia. Pero el movimiento del líder de Podemos, enmarcado en su estrategia de que hay "una trama" contra él y su partido, y que ésta nació de las "cloacas" que han operado en el Ministerio del Interior desde la Transición es una táctica audaz, a la vez que alimenta su teoría y da tiempo para el golpe: nadie querrá ni entre los populares ni entre sus socios de Gobierno socialistas remover secretos oscuros.

Después de que se filtrasen unas conversaciones de la abogada que compartían el vicepresidente segundo del Gobierno y su exasesora Dina Bousselham en la pieza separada del caso Tandem, que investiga el juez Manuel García Castellón, el dossier de las "cloacas" de Interior amenazó con volverse en contra de Pablo Iglesias.

El caso arrancó como pieza separada a partir de la aparición en uno de los ordenadores del excomisario Villarejo -en prisión preventiva- del contenido del teléfono móvil sustraído a la exasesora de Iglesias en diciembre de 2015, durante su etapa como eurodiputado. La publicación de alguna de esas imágenes y datos en diversos medios dio pie a que García Castellón desgajara esta parte de la investigación y concediera la condición de personas perjudicadas tanto a Bousselham como a Iglesias.

El secretario general de Podemos perdió esta consideración hace unas semanas en el momento en el que la militante de Podemos declaró que nunca había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria de su móvil.

Y que ésta había permanecido en poder de Iglesias durante meses, precisamente hasta el momento en el que aparecieron publicadas algunos de sus contenidos, como pantallazos de los chats internos del partido, en los que el hoy vicepresidente hacía comentarios "muy desagradables" sobre una periodista o vídeos como el de Pablo Echenique cantando una jota en una cena de celebración..

Éstos son los verdaderos protagonistas del llamado caso Dina y los invitados a los que Iglesias quiere incluir:

Los protagonistas

Dina Bousselham: la ex asesora de Pablo Iglesias y actual directora del medio de propaganda podemita La Última Hora! -que no ha dedicado al caso ni una coma-, denunció el robo de su móvil en noviembre de 2015. En julio de 2016, OKdiario publicó pantallazos de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina y ella amplió la denuncia, pero no reveló que su jefe político, Pablo Iglesias, tenía en su poder la tarjeta (el original o, previsiblemente, una copia) desde enero de 2016, cuando se la dio el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

En noviembre de 2017 fue detenido el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En su casa apareció una copia de los archivos de la tarjeta de Dina y ello sirvió para que el Juzgado del caso Tandem considerara víctimas tanto a Bousselham como a Iglesias. Pero luego se descubrió que la propia Dina hizo capturas de pantalla de los mensajes que dejaban mal a Iglesias ("azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase") y las envió a terceros.

De esta forma, ya no hay manera de relacionar necesariamente a Villarejo con la filtración de los mensajes. Las constantes contradicciones y omisiones de Dina han provocado una enorme irritación en el juez y pone de manifiesto que la pretensión de la exasesora de Iglesias, de éste y de Podemos es instrumentalizar en su beneficio político el proceso judicial.

Pablo Iglesias: tuvo la condición de perjudicado en la pieza Dina hasta el pasado mayo, cuando el juez se la retiró a propuesta de Anticorrupción. Los fiscales presentaron un escrito el 21 de mayo en el que indicaban que existían indicios de criminalidad contra el vicepresidente segundo del Gobierno porque accedió al contenido íntimo y personal de la tarjeta de Dina y porque, tras retenerla en su poder durante meses, se la devolvió dañada. Esto constituiría delitos de descubrimiento de secretos y de daños informáticos.

Iglesias nunca ha dicho cuándo devolvió la tarjeta a su exasesora ni en qué condiciones. Para salvarle, Dina -que inicialmente declaró ante el juez que ella nunca pudo acceder a la tarjeta tras serle devuelta por el secretario general de Podemos- presentó un escrito en el que se desdecía y afirmaba que pudo ver algunos archivos, aunque la siguiente vez que intentó acceder a ellos ya fue imposible.

Apuntaría a un deterioro accidental de la tarjeta. Pero el juez no la cree y ha encargado a la Policía Científica un informe sobre la causa de los daños que presentaba la tarjeta. También ha cursado una comisión rogatoria a Gales con el fin de interrogar a los empleados de una empresa de recuperación de móviles a la que el marido de Dina envió la tarjeta. El instructor trata así de obtener indicios que le permitan elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada contra Pablo Iglesias.

Los fiscales, que fueron los que señalaron los indicios contra el líder de Unidas Podemos, creen que es jurídicamente dudoso poder imputarle porque los delitos que le serían atribuibles permiten el perdón de la víctima, Dina.

Manuel García-Castellón: Es el instructor del caso Tándem y, dentro de él, de la pieza Dina, que ha supuesto su primer enfrentamiento con los fiscales anticorrupción. El motivo de fricción es Iglesias. El juez coincide con los fiscales en que la investigación ha determinado la retirada de la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno, pero, mientras que Anticorrupción no ve base jurídica para actuar contra Iglesias, García-Castellón está llevando a cabo diligencias para tratar de determinar si los daños de la tarjeta de memoria de Dina son atribuibles a Iglesias.

El juez, que siempre ha contado con los fiscales para la práctica de diligencias, esta vez actúa de oficio, por su propia iniciativa y sin contar con Anticorrupción.

José Manuel Villarejo: comisario de Policía jubilado, está en prisión preventiva desde noviembre de 2017 por múltiples cargos de corrupción. En su casa fueron intervenidas varias carpetas informáticas con los archivos de la tarjeta de Dina Bousselham. Esto sería suficiente para mantener su imputación por descubrimiento de secretos, aunque se han disipado los indicios contra él respecto a la filtración de esa información a los medios.

Villarejo intenta ahora aprovechar el affaire Dina para contaminar el caso Tándem, que según él estaría en manos de unos fiscales que actúan en connivencia con Podemos.

Alberto Pozas: era el director de Interviú cuando la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham llegó a la revista. Su supuesto contenido encajaba como un guante en la tradición de la revista: periodismo de investigación y fotos íntimas, todo en uno. Sin embargo, y de común acuerdo con el dueño y editor de Grupo Z, Antonio Asensio, Pozas entregó a Pablo Iglesias la prueba de cargo, en una erunión mantenida en el despacho de Asensio, a mediados de enero de 2016. Ante el juez, también admitió que, de la mano del redactor Luis Rendueles, le entregaron un pendrive con la copia de todo lo que contenía el móvil de la exasesora de Iglesias al excomisario Villarejo, al considerar que no era publicable y que los miembro de las fuerzas de seguridad debían hacerse cargo de ello.

Curiosamente, Pozas fue nombrado director general de Información Nacional en el equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer Gobierno de Pedro Sánchez, tras la moción de censura de junio de 2018. Durante los meses de Unidas Podemos en la oposición, y en las posterires campañas electorales, Iglesias utilizó esta circunstancia para atacar al PSOE como "encubridor de las cloacas".  

Tras ser imputado en el caso -junto a Rendueles- en abril de 2019, Alberto Pozas dimitió de su puesto en Moncloa alegando que no quería ser "utilizado para atacar al Gobierno y al presidente".

Ignacio Stampa y Miguel Serrano: son los fiscales anticorrupción que llevan trabajando en el caso Tandem desde 2017. La Fiscalía General ha abierto contra ellos unas diligencias informativas para determinar si filtraron información del proceso a los abogados de Podemos y si les asesoraron para que prosperara su estrategia de rentabilizar en su beneficio político el caso Tandem, en el que Podemos fue la primera acusación popular que se personó.

Un chat del equipo legal de Podemos invoca un supuesto tratamiento privilegiado a los abogados podemitas por parte de los fiscales sobre la base de una falsa relación sentimental entre Stampa y Marta Flor Núñez, letrada de Bousselham y, hasta hace unos días, de Iglesias. La Fiscalía Anticorrupción defiende a sus representantes en el caso Tándem y el examen del procedimiento no avala las interpretaciones y deducciones que los letrados de Podemos vertían en su chat interno.

Marta Flor Núñez: miembro del equipo legal de Podemos, es abogada de Bousselham y lo ha sido también del vicepresidente segundo del Gobierno hasta fechas recientes, cuando ha dado la venia al letrado Raúl Maíllo. Se ha hecho así para sortear al juez García-Castellón, que veía conflicto de intereses entre Bousselham e Iglesias y resolvió que Dina no fuera representada por Marta Flor. Lo que Podemos ha hecho es que Núñez siga con Dina y deje de representar formalmente a Iglesias.

Sus comentarios en el chat de equipo legal de Podemos daban a entender que mantenía una relación íntima con el fiscal Stampa, lo que desde Anticorrupción se niega de forma tajante. La propia Marta Flor -cuando se vio retirada del caso Tándem por la jefa del equipo legal, Gloria Elizo, dado que esa supuesta relación ponía en peligro el proceso judicial- reculó y escribió: "Quizá he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es".

En medios jurídicos se la considera una abogada sin experiencia ni preparación. Denunció por acoso laboral motivado por razones de género a José Manuel Calvente, otro miembro del equipo legal de Podemos despedido en diciembre de 2019.

Los invitados

Soraya Sáenz de Santamaría: según el vicepresidente segundo del Gobierno ,su antecesora en el cargo (2011-1018) era la responsable de "dar las órdenes a la policía patriótica" para que "inventaran mentiras contra Podemos" y "eliminaran pruebas de la corrupción del PP". Lo cierto es que sobre la abogada del Estado, expolítica y hoy letrada de una firma de prestigio, sólo ha habido palabras de parte del líder de Unidas Podemos. No ha pedido su imputación ni la ha mezclado en sus campañas propagandísticas -como el "Tramabús" que recorrió España acusando a políticos, policías y periodistas de constituir una red antiPodemos-. Sin embargo, ahora sí quiere citarla en el Congreso.

Iglesias ha respondido a las exigencias de PP y Cs de que dé explicaciones en la Cámara Baja por su implicación en el caso Dina proponiendo una comisión de investigación sobre las cloacas. "Iré sin ningún problema y contestaré a todo lo que quieran preguntar si yo también puedo llamar a más gente", respondió en Radio Nacional este viernes.

Lo cierto es que esa comisión no tendría ningún sentido: Podemos ya logró que una comisión de investigación en el Congreso, "con representación de todos los partidos", como él mismo presume, determinara que el PP "constituyó una trama parapolicial para perjudicar a rivales políticos, entre ellos a Podemos, y para eliminar pruebas de la presunta financiación ilegal del PP". 

Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido: los dos ministros del Interior de la etapa de Rajoy en Moncloa fueron otros dos de los citados por Iglesias en el ventilador que activó el viernes en RNE. La implicación del primero en el caso Dina sería circunstancial, pero a Iglesias le sirve. Fernández niega -lo hizo en una entrevista en Catalunya Ràdio el pasado marzo- que haya "despachado nunca" con Villarejo o que éste actuara "jamás bajo sus órdenes directas" en los cinco años en que fue ministro del Interior. Pero la presunta "trama parapolicial" organizada por el excomisario habría operado bajo el amparo de Interior para acosar, perseguir y borrar pruebas que obraban en poder de Luis Bárcenas sobre la presunta financiación ilegal del PP.

La implicación de Zoido, su sustituto en Interior, sería aún menos clara, porque además el exalcalde de Sevilla y hoy eurodiputado renovó toda la cúpula del Ministerio a su llegada.    

Mariano Rajoy: el expresidente ya tuvo que declarar como testigo ante la Audiencia Nacional en julio de 2017, cuando aún era el inquilino de la Moncloa, en el caso Gürtel. A petición de la acusación popular, el entonces jefe del Ejecutivo compareció en el juzgado para dar su versión de los hechos.

Ser el primer presidente en ejercicio que tenía que acudir a dar explicaciones en un tribunal, y precisamente por la presunta financiación ilegal del partido que él mismo comandaba, le sirve al líder de Podemos para incluirlo en el ventilador de sospechas. No en vano, Rajoy era el jefe directo de Fernández Díaz, superior de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y hoy imputado en el caso Tándem, del que cuelga la pieza Dina.

José Manuel Calvente: antiguo jefe de los servicios jurídicos de Podemos, fue despedido en diciembre de 2019 acusado de supuesto acoso laboral por motivos de género a su subordinada Marta Flor Núñez. Las fuentes consultadas en el partido morado advierten, cada vez que sale a la luz cualquier revelación del caso Dina, que "esto no es más que una filtración de Calvente", como si eso desacreditara per se lo publicado. E insisten en que "lo veremos en los juzgados, porque hay pruebas de lo que hizo, está bien despedido". El caso es que la juez de Madrid Rosa María Freire está investigando los hechos -con el receso obligado por la epidemia de coronavirus, que ha retrasado los plazos- que él, por supuesto, niega.

La versión de Calvente es que fue despido a causa de que detectó movimientos económios irregulares dentro del partido y sobresueldos injustificados. Cuando trató de poner las cuentas en claro pidiendo informes, fue conminado a no seguir por ese camino. En previsión de lo que le podía pasar, Calvente informó de las irregularidades en octubre de 2019 y vía burofax, al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Hoy, el abogado espera el fin de la instrucción, la aceptación de esta prueba en la misma y poder defenderse de unas acusaciones que, dice, le han "destrozado la vida".

Eduardo Inda: En julio de 2016, el periódico que dirige este antiguo reportero de investigación -responsable de algunas de las revelaciones de corrupción en España más impactantes de los últimos años- publicó parte del contenido de la tarjeta de memoria del móvil sustraído ocho meses antes a Bousselham en Bruselas. Okdiario divulgó las publicaciones del chat en las que Iglesias se mostraba deseoso de "azotar hasta que sangre" a la periodista Mariló Monero o el vídeo de la jota sexual cantada por Pablo Echenique en una cena de celebración.

Aún faltaba un año para que la Policía hallara en el ordenador del excomisario Vilarejo dos carpetas -DINA 1 y DINA 2- con esta misma información. Pero ya habían pasado meses desde que Iglesias tenía la tarjeta -o al menos una copia- en su poder. Fue en ese momento, según declaró el vicepresidente ante el juez, en el que le devolvió el dispositivo a su legítima propietaria, advirtiéndole de que lo publicado por Inda provenía de ahí, de su móvil robado.

Desde mediados de 2019, coincidiendo con las dos campañas electorales para las generales hace más de un año, Iglesias viene pidiendo al juez la imputación de Inda, pues su tesis es que colabora en una "trama corrupta de mentiras" con el excomisario hoy encarcelado, "para perjudicar a Podemos". Tampoco ha logrado que el titular del Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, ordenara el registro de la sede del periódico en busca de pruebas. 

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