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PSOE y Podemos pactan frenar los desahucios en la Ley de Vivienda

El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo para incluir medidas que pongan freno a los desahucios en la nueva Ley Estatal de Vivienda. En una reunión mantenida este jueves entre PSOE y Unidas Podemos, ambas formaciones han acordado que los juzgados tengan que solicitar un informe en este tipo de procesos a servicios sociales para evitar que familias vulnerables se queden si una alternativa habitacional.

Fuentes de Podemos explican que el acuerdo para la futura ley se llevaría a cabo en términos similares al mecanismo utilizado durante el estado de alarma. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes matizan que las medidas excepcionales no tendrían continuidad. Más bien, «se pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil».

El equipo de la Vicepresidencia segunda, liderado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el del Ministerio de Transportes, David Lucas, llevan semanas de reuniones para avanzar en los principales puntos que conformarán la nueva normativa. Y, sin duda, el de los desahucios era uno de los más espinosos, ante la negativa del ministerio de José Luis Ábalos de atender a esta histórica reivindicación de Podemos.

Cambios en la normativa

Hasta ahora, primaba la suspensión del desahucio hasta que se adoptasen las medidas que los servicios sociales estimasen oportunas por un plazo máximo de entre uno y tres meses. «La experiencia de la aplicación de esta regulación requiere una mejora de la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad», indican fuentes socialistas.

Según indican, ahora se modificaría la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para que la protección por la que el inquilino puede solicitar el informe de los servicios sociales se amplíe a las cesiones en precario y a los casos de okupación, pudiendo demorarse el proceso.

Del mismo modo, proponen adelantar el momento de la notificación por el Juzgado a los servicios sociales a un momento procesal previo al lanzamiento, concretamente al momento de admisión de la demanda.

«Esta notificación se produciría de oficio, como obligación legal impuesta al propio Tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del demandado, sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea», indican.

Lo que no cambiará en exceso serán los procedimientos penales. Según las medidas acordadas, se incorporaría una disposición para que se produzca la comunicación a los servicios sociales en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Pero en este caso no se produciría la suspensión del deshaucio.

Fuentes del Gobierno de coalición indican que el objetivo de la medida sería garantizar una comunicación efectiva y rápida (lo más automatizada posible) entre el órgano judicial y los servicios sociales para que estos puedan atender rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad, así como ofrecer soluciones habitacionales y «que se eviten situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo».

Este avance en materia de desahucios no ha servido, sin embargo, para cerrar otro de los principales escollos para poner en marcha la nueva Ley de Vivienda: la regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Un control de precios que es prioridad absoluta para la formación morada, desde donde defienden que se trata de un acuerdo de Gobierno que también ayudó a sacar adelante los Presupuestos de este año.

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