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PSOE y Podemos monopolizan el debate parlamentario con el plácet del Gobierno

La oposición empezó con mal pie la legislatura. Ya lo hizo con el cambio de calendario impuesto por Pedro Sánchez —que movió el Consejo de Ministros a la mañana de los martes, eclipsando la agenda legislativa de los grupos políticos, que comienza sus debates ese mismo día a las tres de la tarde—. Y lo ha vuelto a hacer con el inicio del curso, al ver cómo los partidos del Gobierno han monopolizado el mes de febrero las proposiciones de ley que los grupos pueden impulsar en la Cámara. Es decir, la iniciativa legislativa ha estado copada en las primeras semanas de legislatura por PSOE y Unidas Podemos.

La herramienta legislativa que realmente tienen los partidos son las proposiciones de ley. Una vez registradas en el Congreso, estas deben remitirse al Ejecutivo para que manifieste su conformidad a que se tomen en consideración en la Cámara y, posteriormente —si cuentan con el apoyo suficiente—, empiecen a tramitarse. El criterio del Gobierno se ciñe a comprobar si las proposiciones implican un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios, y el margen que tiene para dar su visto bueno es de 30 días. Si transcurrido ese periodo el Ejecutivo no ha negado expresamente su conformidad, la proposición de ley está en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno.

Lo que ha ocurrido hasta ahora es que ni una sola iniciativa legislativa de la oposición ha contado con el visto bueno del Gobierno para debatirse en pleno. Un "veto que aunque es legal", explican fuentes del PP, "retrasa" y "excluye" la capacidad de la oposición en el Congreso. Los populares, segundo grupo de la Cámara y primero de la oposición, han registrado en lo que va de legislatura siete proposiciones de ley. Ninguna cuenta con la conformidad del Ejecutivo, a pesar de que algunas se presentaron en los primeros días de diciembre.

El día 5 de ese mes el grupo que encabeza como portavoz Cayetana Álvarez de Toledo registró una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y reforzar el Estado de derecho y las instituciones —a raíz de la situación en Cataluña—, y otra relativa a la modificación de la ley del Registro Civil. Aunque enero es un mes inhábil, febrero está cerca de llegar a su fin y esas proposiciones aún no tienen el criterio gubernamental favorable. Tampoco otra registrada el 17 de diciembre, que pedía modificar un real decreto-ley para adoptar "medidas urgentes" que reparen los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca en mayo de 2011.

Fuentes parlamentarias señalan su sorpresa al ver que las cuatro proposiciones presentadas por el grupo socialista —todas a finales de enero— contaran en tiempo récord con el visto bueno del Gobierno. La de eutanasia fue la primera en debatirse en el pleno del 11 de febrero y, tras ser tomada en consideración por una mayoría de la Cámara, ya se encuentra en la comisión de Justicia para empezar el trabajo de enmiendas. Otra de ellas, relativa a la reforma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se debatirá en el próximo pleno del día 25, el último de este mes.

En cuanto a las proposiciones de Unidas Podemos, su situación es muy similar: también pasaron el filtro del Ejecutivo en pocos días. Una de ellas, la de derogar el plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se debatió el pasado martes.

Desde el grupo parlamentario socialista, explican que algunas de sus iniciativas —como la de eutanasia— venían heredadas de la pasada legislatura y, por eso, tuvieron luz verde de manera casi inmediata. Fuentes de este grupo no esconden que la prelación es mayor con aquellas iniciativas "que están en línea con la política del Gobierno". Aseguran además que ningún grupo se ha dirigido al Gobierno para que adelante la conformidad. Por su parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo, aseguran que en la próxima junta de portavoces que ordenará el siguiente pleno (ya la segunda semana de marzo), alguna iniciativa de los partidos de la derecha estará en condiciones de entrar en el orden del día del pleno.

La oposición sabe que el Gobierno tiene la potestad de dejar pasar esos 30 días, pero reprochan que en el primer mes de debate parlamentario, las proposiciones de ley hayan sido las de los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros. De las propuestas de la oposición solo se han debatido reformas del reglamento del Congreso a propuesta del PP (que no necesita el visto bueno del Ejecutivo) o proposiciones no de ley, que son debates dirigidos a instar al Gobierno a realizar una acción o mostrar públicamente la opinión de las Cortes sobre un tema concreto. En todo caso, no tienen carácter de ley.

Ya en la pasada (y corta) legislatura —la XIII, que apenas duró unos meses por la repetición electoral de noviembre— solo se debatieron dos proposiciones de ley en las dos semanas de septiembre que hubo pleno. Y fueron también del PSOE y de Unidas Podemos. La del primer grupo fue la de eutanasia, que finalmente se tomó en consideración hace dos semanas, y, en cuanto a la de la formación morada, fue efectivamente la relativa a la ley de enjuiciamiento criminal.

Cada grupo político tiene un cupo determinado de proposiciones de ley para cada periodo de sesiones. Aunque el Gobierno utilice el plazo máximo para dar su visto bueno, los partidos tendrán derecho a debatir todas las iniciativas que les correspondan por el tamaño de su grupo parlamentario. La oposición lamenta que el arranque de legislatura, sin embargo, no haya tenido capacidad legislativa en favor de los partidos del Ejecutivo.