Aseguró cuando conoció la citación que acudiría a declarar al juzgado «con la tranquilidad de los deberes hechos» y ayer el alcalde, Fernando Pizarro, lo reiteró minutos antes de entrar en sede judicial para hacerlo, en calidad de investigado, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Una declaración, cabe recordar, que está motivada por la denuncia, admitida a trámite, interpuesta contra él por un extrabajador de la empresa del agua, al entender el mismo que el alcalde habría permitido los incumplimientos del contrato que supuestamente ha realizado la empresa en los años de vigencia del mismo en la ciudad.
«Si ha habido una empresa con la que hemos tenido presión para que cumpliera el pliego de condiciones ha sido con esta, con la del agua; hasta en ocho ocasiones hemos tenido juicios con ella, tres para que no subieran el precio del agua y otros para conseguir que hicieran las obras que tenían que hacer y que ahora están haciendo», afirmó ayer el primer edil placentino antes de entrar en el juzgado.
Por eso, insistió Pizarro, «esta denuncia, que ha puesto un exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Montehermoso y que hizo pública el PSOE de Plasencia, es una denuncia absolutamente política». Desde su punto de vista, «con ella han conseguido lo que querían, una foto en el juzgado». Pero esta vez, garantizó el alcalde, «cuando esto pase, cuando se archive el asunto, como ocurrió con la denuncia de Victoria Domínguez por Santa Bárbara o con las de Julián Gutiérrez por los ruidos, nosotros emprenderemos acciones judiciales, porque no puede ser que el PSOE quiera ganar en el juzgado lo que no gana en las urnas».
Aunque no especificó contra quién o quiénes, «ya veremos» –señaló–, sí confirmó que «tomaremos medidas por agresión a nuestro honor y menoscabar nuestra integridad, porque por muy políticos que seamos no puede ser que cualquiera venga aquí, te ponga una denuncia y tengamos que hacer esto; esto no se puede consentir».
Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, que también acudió junto con el alcalde a declarar ayer, expresó igualmente su tranquilidad. «No creo que yo haya hecho lo que se dice en esta denuncia». En su caso, el denunciante le acusa, además de presunta prevaricación administrativa, también de un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias, porque supuestamente operarios de la empresa realizaron trabajos en una finca propiedad de su hijo y porque pidió que contrataran a una persona de su entorno.
Por último, también ayer estaban citados a declarar, a consecuencia de la misma denuncia, tanto el anterior gerente como el actual de la empresa del agua. En el caso del primero se ha retrasado hasta febrero por problemas de salud.
