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Pedro Sánchez pone al frente de las reclamaciones del Consejo de Transparencia a una alta funcionaria de Carmen Calvo

El Gobierno pretende tenerlo todo atado y bien atado y maniobra para evitar sangrías incontroladas de datos e informaciones que preferiría mantener bajo un manto de opacidad. Para este objetivo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se presenta como un obstáculo a neutralizar.

Éste es el mensaje que lanzan desde las fuerzas de oposición -principalmente, el PP y Ciudadanos- a la vista de los últimos movimientos del presidente del organismo, José Luis Rodríguez Álvarez, mano ejecutora de la destitución de la subdirectora de Reclamaciones, Esperanza Zambrano, para finalmente situar en su lugar a Carmen Montero, hasta la fecha vicesecretaria general técnica del Ministerio de la Presidencia. En definitiva, una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Zambrano, encargada de resolver los conflictos que enfrentaban al Gobierno con las demandas de información, se había labrado fama de mujer firme, dispuesta a abrir camino siempre a las demandas de datos que convinieran o no al Ejecutivo.

Esperanza Zambrano formaba parte del equipo fundacional del Consejo y ha sido clave a la hora de propiciar, incluso llegando a la vía de los tribunales, que el Gobierno hiciera públicos datos que deseaba ocultar.

La "purga" del Gobierno

Su labor al frente de la subdirección de Reclamaciones del Consejo de Transparencia ha llegado, sin embargo, a su fin. Será sustituida, si nada lo impide en el último momento, como ha podido confirmar este periódico, por la hasta ahora vicesecretaria general técnica del Ministerio de Presidencia, Carmen Montero, una mujer del círculo más próximo de la número dos del Gobierno.

Partido Popular y Ciudadanos ya han registrado en el Congreso sendas peticiones de comparecencia del presidente del Consejo, nombrado en octubre de 2020 para suceder a la fallecida Esther Arizmendi. José Luis Rodríguez Álvarez es profesor de Derecho Constitucional; ex director del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el socialista Francisco Caamaño; ex director de coordinación jurídica de Presidencia del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Populares y naranjas reclaman explicaciones de una "purga" que, en su opinión, sólo tiene como finalidad blindar a Pedro Sánchez de datos e informaciones que tienen derecho a conocer los ciudadanos. El PP ha pedido ya la comparecencia de Rodríguez en la Comisión de Política Territorial, y Ciudadanos ha hecho lo propio en la Comisión de Calidad Democrática.

Además, el PP tiene previsto registrar una docena de preguntas con petición de respuesta escrita al Gobierno, pidiendo explicaciones acerca de la remodelación del Consejo. "Han decidido", acusa el diputado Vicente Betoret, "coparlo con militantes" porque les resulta "incómodo".

El presupuesto del Consejo

Betoret, diputado del PP, presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado reclamando duplicar la escasa dotación del Consejo, y lo hizo en consecuencia con la propia queja de falta de personal y medios vertida por el actual presidente del organismo en su comparecencia, imprescindible para acceder al cargo, ante la Comisión de Política Territorial del Congreso.

La enmienda fue rechazada de plano por el PSOE y Unidas Podemos, poniendo así de manifiesto, en opinión del diputado, que el objetivo del Gobierno es "bloquear" a base de nombramientos afines el trabajo del Consejo y, en su defecto, "matarlo de inanición".

Ahora, el PP urge al Ejecutivo a explicar las "presiones" que ha ejercido sobre el presidente del Consejo para proceder al cese de la subdirectora de Reclamaciones y las "sugerencias" que se hayan podido hacer desde el gabinete de Sánchez para, previsiblemente, intentar cambiar también al director del organismo, Javier Amorós.

Asimismo, se pregunta al Gobierno sobre la valoración que hace del trabajo desarrollado por el Consejo en los últimos años, el número de ocasiones en las que ha rechazado sus resoluciones a lo largo de 2020 y los motivos por los que lo ha hecho o las razones por la cuales se ha mostrado "tan renuente" a desoír las peticiones de información.

Reclamaciones no concedidas

Por ejemplo, el uso del Falcón por parte del presidente, el nombre del comité de expertos que ha asesorado en la pandemia del coronavirus o los invitados de verano de Sánchez a residencias de Patrimonio.

Se pregunta también al Gobierno por el motivo por el cual se le dota presupuestariamente de manera tan insuficiente y, finalmente, si considera que su "reacia disposición a asumir las resoluciones del Consejo" no es una razón más para generar "desconfianza ciudadana" y minar la "ejemplaridad" de los responsables públicos.

El PP, además, reclama la copia de los expedientes correspondientes a todas las reclamaciones que se han fallado en contra de facilitar información requerida por los ciudadanos, así como específicamente las referidas a los sueldos de RTVE y los viajes privados en medios oficiales del presidente del Gobierno.

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