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Otro tramo fuera del calendario

Otro tramo del Metro de Málaga que incumple los plazos comprometidos para su ejecución. Los trabajos de la fase de infraestructura y reurbanización del tajo Renfe-Guadalmedina, que estuvo lastrado en el tiempo durante casi tres años, supera ya los 19 meses que fijaron las constructoras adjudicatarias, Acciona y Sando, para su terminación.

Muy lejos de esta primera pretensión, los calendarios se van a ir mucho más allá. Y ello a pesar de los compromisos verbalizados por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que las actuaciones se iban a extender en el tiempo las 24 horas del día los siete días de la semana.

Desde la Consejería de Fomento, responsable máxima del suburbano, se elude aportar datos sobre cuándo estarán completadas estas etapas, que tendrán que ser completadas con las instalaciones, arquitectura de la estación Guadalmedina y la superestructura. La última valoración oficial realizada por el departamento encabezado por Marifrán Carazo se ciñe a la reposición de la Avenida de Andalucía a finales de mayo o principios de junio.

Respecto a la excavación del túnel entre la estación de El Perchel, en el entorno de Renfe, y el puente de Tetuán, justo en la confluencia con la Alameda Principal, se ignoran los porcentajes de materialización. Sirva como referencia, no obstante, que las últimas aproximaciones sobre el momento en que los trenes podrán hacer su entrada en la Alameda, lo que obliga a incluir en la ecuación el tajo Guadalmedina-Atarazanas, apuntan a finales de 2021.

¿Qué consecuencias va a tener esta demora? Desde el punto de vista práctico, su incidencia queda diluida por el importante retraso de más de dos años que ya acumula la construcción de la pieza final del ferrocarril urbano. En lo formal queda por resolver el interrogante de si la Junta va a ejercer las cláusulas que le posibilitan aplicar penalizaciones económicas a las constructoras.

Ante esta duda, todo apunta a que, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, que no adoptará medida punitiva alguna. Oficialmente, desde Fomento indicaron que se actuará conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones que sirvió de base a la adjudicación de los trabajos, aunque sin precisar el sentido de la determinación. "Durante la evolución de la obra habrá que analizar cada supuesto de demora, parcial o global, y dilucidar a quién corresponde, si al contratista o a la Administración", expusieron.

El documento citado fija una posible 'multa' equivalente al "1,5 por mil del presupuesto de adjudicación de la misma (IVA incluido), por día natural de retraso". Esto es, 18.462 euros por cada jornada de demora respecto al calendario contemplado. En este sentido, se llega a señalar que cada vez que estas repercusiones "alcancen un múltiplo del 5% precio del contrato" (1.384.677 euros), la Junta "estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de la ejecución con imposición de nuevas penalizaciones".

El mismo pliego señala que en caso de fuerza mayor o causas imputables a la Agencia de Obra Pública "se confeccionaría un nuevo programa que habrá de ser aprobado", un extremo que oficialmente no se ha hecho público. Cuando el responsable de tales retrasos sea el contratista, con el consiguiente "incumplimiento de las anualidades contractuales", la Administración regional "podrá proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad al ritmo real de las obras", añade.

Los tiempos de la actuación por parte de Acciona y Sando empezaron a contar el 24 de julio de 2018, cuando quedó formalizada la relación contractual con la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Es decir, tendría que haber quedado resuelto en la jornada de ayer, dando continuidad al resto de etapas necesarias para la puesta en servicio de esta pieza del ferrocarril urbano.

Con el Renfe-Guadalmedina viene a ocurrir lo mismo que con todos los tramos del suburbano, cuyo arranque oficial tuvo lugar a mediados de 2006 en el entorno del Martín Carpena. Ninguna de estas piezas de la infraestructura se ha ceñido a los plazos marcados por las empresas contratistas en sus ofertas. Ni en el caso de la adjudicataria original, Metro Málaga, ni de aquellas otras que asumieron los tajos que la Junta decidió asumir de manera directa con el objetivo de equilibrar los costes finales de la construcción.