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Marcha atrás en un desahucio practicado al borde del toque de queda en Barcelona

El BBVA permite el regreso de una vecina desalojada anoche con tres menores y negocia un alquiler social

Ruth, esta tarde, junto al domicilio.
Ruth, esta tarde, junto al domicilio.

La rabia del jueves se ha tornado en euforia este viernes en Ciutat Meridiana, uno de los barrios más azotados por los desahucios y la pobreza en Barcelona. El júbilo estalló cuando Ruth recuperó las llaves de manos de un operario enviado por el BBVA, al día siguiente de ser desalojada con sus tres hijos menores, a dos horas del toque de queda por el coronavirus. La mujer, con su bebé a cuestas, fue agasajada por los vecinos, muchos pendientes de desalojo en este extremo de Barcelona, que purga cinco desalojos a la semana de media. "Los hemos desbordado", se felicitaron miembros del Sindicato de Vivienda de Nou Barris, que exigen que el consejero de Interior, Miquel Sàmper, y el comisario Eduard Sallent dimitan y que se investigue un operativo policial que tachan de violento y desproporcionado.

El desahucio de Ruth es uno más de los 70 a 80 que se practican cada semana en Barcelona, según el Ayuntamiento. Pero impactan las circunstancias en las que se vio la mujer, que okupó el domicilio sin mediar hipoteca ni alquiler hace dos años. Según su versión, volvió al mediodía a casa y se encontró con la cerradura cambiada. Se las vio sin techo y sin poder entrar a casa sin esperarlo.

"La abogada se había olvidado de enviarle la notificación a tiempo", lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo. Por indicación de la entidad, Ruth optó por entrar en casa. "Tenía todas sus pertenencias", justifica Bravo. Al penetrar, saltó la alarma que se instaló en el piso; al poco, se presentaron guardias de seguridad y mossos. "Llegué a contar 20 furgones y los coches eran incontables. Era un despliegue propio de un ejército. Nos desalojaron violentamente, rompieron la ropa a algunos...", describe Bravo. Con la tensión desatada, Ruth se decidió a abrir la puerta a la policía. Pasó la noche en una pensión.

La polémica que el desalojo alcanzó al difundirse forzó al Ayuntamiento y el BBVA a tratar de resolver el caso. "No sabíamos que era una familia vulnerable. En ese caso, no se deja nadie a la calle hasta que se encuentra alternativa", defiende el banco. El Consistorio insta al BBVA a que, de acuerdo a la ley catalana, conceda un alquiler adaptado a los ingresos de la familia. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, recuenta 10 desahucios ejecutados esta semana en Barcelona, con el estado de alarma vigente.

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