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Los vetos cruzados de PP y Podemos bloquean el pacto del CGPJ

Los vetos cruzados entre PP y Unidas Podemos mantiene bloqueadas las negociaciones del Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las conversaciones continuaban avanzando a buen ritmo en las últimas horas cuando la irrupción del socio del PSOE en las conversaciones ha provocado una nueva alteración.

Después de que el partido de Pablo Casado vetara hace tiempo a Unidas Podemos en estas conversaciones e intentara impedir que haya juristas propuestos por el partido de Pablo Iglesias y del anuncio público del PP de que su línea roja era la entrada de los magistrados Vicky Rosell y Ricardo de Prada, propuestos ya en 2018, Unidas Podemos ha respondido con la misma moneda y ha decidido exigir veto por veto.

Según confirman a El Confidencial fuentes de UP, la formación exige que se caiga del listado ya cerrado uno de los vocales jueces, el magistrado Alejandro Abascal, que en la actualidad desarrolla su labor como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Fue el titular de este Juzgado, Manuel García-Castellón quien reclamó al Supremo que investigara a Iglesias en el marco de la pieza Dina.

Abascal no interviene en ese procedimiento y, de hecho, ha dictado algunas resoluciones marcadamente favorables a Podemos. Sin ir más lejos, en 2016 -durante otra de sus etapas en la Audiencia Nacional- el juez archivó la denuncia que le fue remitida por un juez de Zaragoza contra Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal de esta formación política desde Irán y Venezuela. En consonancia con el fiscal, tachó entonces el informe PISA en el que se basaban las acusaciones de "conjunto desordenado de reproduciones de noticias".

El magistrado sustituyó al anterior titular del refuerzo, Diego de Egea. Tras ser designado el 14 de febrero de 2019, volvió a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6. Abascal ya ejerció en este puesto antes de que De Egea fuera destinado al mismo en enero de 2016, lo que le permitió instruir parte de la Púnica e iniciar Lezo. El magistrado se hace cargo de las nuevas causas que hayan entrado a partir de su ingreso y no se ocupa, por tanto, ni de estas dos causas ni del caso Villarejo.

El PSOE, que hace de intermediario con el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, intenta que el acuerdo incluya a PP, Unidas Podemos y PNV, como ya ha ocurrido con el consejo de RTVE. Pero las cosas se han ido complicando como no podía ser de otra manera en el caso del CGPJ. Otro de los puntos de discrepancia es la figura del presidente. Ninguno de los nombres barajados ha suscitado de momento el acuerdo de socialistas y populares.

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