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Los últimos vestigios del franquismo en la provincia de Córdoba

La memoria democrática, qué se recuerda y cómo, sigue siendo una materia controvertida, y el paso del tiempo parece que ayuda poco a aclarar las ideas. Han transcurrido 45 años desde el inicio de la Transición, más de una década desde la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica de España y tres desde que el Parlamento de Andalucía dotara a la comunidad de su propia normativa, pero su aplicación es aún imprecisa y vaga, y los últimos vestigios del franquismo aún pueblan cementerios, iglesias y lugares públicos. En la provincia de Córdoba son pocos los que quedan, pues los diferentes ayuntamientos se han ido deshaciendo en los últimos años de memoriales, placas conmemorativas y nombres de calles, aunque perviven un puñado de bienes que exaltan los años más oscuros de la historia reciente del país.

La Diputación de Córdoba intenta arrojar algo de luz en un debate que se ha reabierto esta semana a raíz de la polémica retirada de la cruz del convento de las Descalzas en Aguilar de la Frontera, que ha terminado en un vertedero para indignación de muchos creyentes. Como ha avanzado el diputado provincial de Memoria Democrática, Ramón Hernández (IU), su departamento confía en contar este año con un inventario de bienes franquistas, que hasta ahora no se ha realizado, como primer paso para promover su desaparición.

El inventario se ha encomendado a la Universidad de Córdoba (UCO) a través del convenio que une a ambas instituciones desde el pasado noviembre para desarrollar actividades encaminadas a la investigación y la divulgación de esta materia. El fin último es la creación de una cátedra universitaria aunque, por el momento, la prioridad es la investigación historiográfica de materiales del archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, una de las principales fuentes de información para el estudio de la justicia militar de guerra en España pues contiene los procesos incoados a la II Región Orgánica (Andalucía occidental y Badajoz) desde febrero de 1937 y durante la posterior Guerra Civil y dictadura.

"Los documentos que se custodian en ese fondo son fundamentales para el conocimiento y la investigación de la represión franquista contra la ciudadanía de Córdoba por parte de la jurisdicción militar, y su investigación permitirá cumplir uno de los requerimientos a los poderes públicos contemplados en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía", sostiene el diputado provincial. De manera paralela, confía en contar con un inventario de vestigios franquistas antes de que finalice el año. Es tal vez la iniciativa que puede generar más controversia a la vista de la respuesta tibia que suelen mostrar los ayuntamientos cuando se aborda el asunto: "Cuando creamos la Delegación, se envió una carta a todos los municipios preguntando si aún mantenían algún vestigio del franquismo, pero la mayoría no respondió", asume Hernández, concejal de Almodóvar del Río, consciente de que la pandemia de covid-19 ha orillado el resto de competencias.

Una Ley que suscita muchas dudas

Qué es franquista y qué no, qué debe desterrarse de los espacios públicos o de los cementerios y cómo hacerlo es una decisión controvertida, como se ha visto en días pasados en Aguilar de la Frontera, donde el Ayuntamiento ejecutó ante las cámaras y bajo la mirada de decenas de vecinos la demolición de la cruz del convento de las Descalzas. El crucero, sin ningún valor histórico como aclaró la Junta de Andalucía pese a ubicarse en el perímetro de un Bien de Interés Cultural (BIC), fue arrancado literalmente del suelo y tirado al vertedero del cercano municipio de Moriles.

La polémica, por supuesto, ha sido mayúscula. El PP ha iniciado una recogida de firmas en change.org para que la alcaldesa aguilarense, Carmen Flores (IU), instale un crucero similar en otra ubicación del casco urbano, mientras que Vox, el partido que más leña al fuego ha echado, ha incluido este episodio en su agenda nacional. Y lo cierto es que para retirar este elemento no ha hecho falta siquiera ampararse en la Ley de Memoria Histórica, sino que ha bastado la norma urbanística, como aclara el portavoz del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, quien recuerda que las cruces como tal no se incluyen en la normativa andaluza, que da por hecho que instalaciones de este tipo quedan amparadas en el epígrafe más amplio de "memoriales". En el caso de la cruz de Aguilar, ni siquiera eso, ya que aunque se erigió durante el franquismo no conservaba placa ni inscripción alguna.

Naranjo, quien ha reconocido que ha asesorado a la alcaldesa en este procedimiento, participó de manera activa en la elaboración de la normativa andaluza desde su cargo de director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2015. Y echa en falta precisamente un inventario de bienes afectados por la normativa, que nunca se llegó a elaborar, y que la Administración autonómica no haya redactado un reglamento para el desarrollo normativo de la ley, sin el cual resulta de difícil aplicación.

Precisamente, en esto se escudan los ayuntamientos que aún conservan en sus términos municipales vestigios franquistas. Desde el Foro por la Memoria reconocen que muchas localidades han hecho su trabajo de manera discreta y silenciosa, pero otras conservan vestigios que, con la Ley en la mano, ya deberían haberse eliminado. Naranjo apunta hacia el Norte de la provincia y recuerda dos casos que el colectivo al que representa sí tiene documentados: la cruz de los caídos anexa a la parroquia del Salvador en Pedroche y y un memorial ubicado a la orilla de la carretera que une Belalcázar con Hinojosa del Duque.

Ambos ejemplos suscitan grandes interrogantes en sus respectivos ayuntamientos. Por la propiedad en la que se ubican, por cómo actuar, por conocer las competencias concretas de cada administración. El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), explica que hace ya tiempo que el Ayuntamiento se dirigió a la Junta de Andalucía para que "ellos decidan". "Nos respondieron que iban a crear un comité, y en eso estamos", resume Ruiz, que también es presidente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.

El memorial está incrustado en un muro externo de la parroquia del Salvador, un templo gótico-mudéjar del siglo XVI que se encuentra entre los más bellos de la provincia: es Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que tocar cualquier piedra requiere de parabienes de administraciones de rango superior.

Algo similar ocurre en Dos Torres, donde se conserva una cruz de los caídos en el lateral de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la plaza de la Villa. El monumento fue objeto de una gran controversia en 2017, cuando se celebró una jura de bandera civil que terminó en la Fiscalía por iniciativa de IU. El expediente quedó archivado.

El caso de Belalcázar es aún más complejo. La conocida como cruz de la Media Legua se ubica en el límite del término con Hinojosa del Duque, en un margen de la carretera A-422. Desde el Ayuntamiento aclaran que el memorial está situado en un terreno particular que perteneció a una benefactora de la localidad, ya fallecida, y que lo heredó su hijo, también desaparecido. Aparte de las incógnitas sobre la propiedad, en el terreno se encontrarían los restos de varias personas del bando franquista, lo que suscita serias dudas al alcalde, Francisco Luis Fernández (PSOE), sobre las competencias del Ayuntamiento. Como en Pedroche, el primer edil apela a la Junta de Andalucía, que redactó la norma, a llevar la iniciativa.

Una fórmula intermedia

Remover episodios tan controvertidos del pasado siempre es delicado, y son numerosos los municipios que han recurrido a una fórmula intermedia: retirar las placas conmemorativas pero conservar los elementos arquitectónicos, la mayoría de las veces cruces que se ubican junto a iglesias o en lugares muy transitados de los cascos urbanos. Despojados de cualquier alegoría del franquismo, los vecinos se han acostumbrado a verlos como parte de la trama urbana y de su día a día. Retirarlos como en Aguilar siembra la controversia y, sin referencias a la dictadura, no contravienen la Ley de Memoria, asume el portavoz del Foro.

En Córdoba capital, es la fórmula por la que optó el Ayuntamiento años atrás para mantener el monumento ubicado junto a la plaza de la Constitución, próximo al estanque de la Subdelegación del Gobierno. Y el equipo de gobierno del Partido Popular en Córdoba capital recurrió a este razonamiento para recuperar el nombre de calles populares como Cruz Conde. Inicialmente José Cruz Conde, pasó a llamarse Foro Romano y, más tarde, Cruz Conde a secas. Ocurrió lo mismo con Vallellano: originalmente Conde de Vallellano, mutó a avenida del Flamenco y ahora, de nuevo, Vallellano, sin rango de nobleza. Como reza el dicho popular, quien hace la ley hace la trampa.

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