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Los plazos de la nueva ley dejan la puerta abierta a pactar el CGPJ después del 14-F

El nuevo movimiento de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, que ayer registraron una nueva ley para limitar la actuación del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones (y que no pueda, por ejemplo, hacer nombramientos de jueces en periodo de interinidad), no echa por tierra un posible acuerdo con el PP para la renovación del órgano constitucional después de las elecciones catalanas. De hecho, la nueva ley no cambia nada ni tiene por qué suponer un elemento de mayor presión para los populares. Aun así, en el primer partido de la oposición denuncian "una vuelta de tuerca más" que pone en riesgo "el propio funcionamiento del CGPJ".

A pesar de que la intención de los dos partidos del Gobierno, especialmente el de Pablo Iglesias, era trasladar que la nueva ley se haría a través de una tramitación exprés, los tiempos parlamentarios no permiten que eso ocurra antes de que acabe el año. La idea es que la proposición de ley vaya al pleno del 15 de diciembre (el último del año) dentro del cupo de iniciativas de los socialistas, y en sustitución de la otra ley sobre el CGPJ, que desató una fuerte polémica al proponer que se rebajase la mayoría suficiente para renovar el órgano constitucional, prescindiendo del primer partido de la oposición.

A lo largo del mes de enero (aunque es un mes inhábil, en el que no hay actividad parlamentaria, la previsión es que se habilite para que el Congreso pueda funcionar), la tramitación continuará en la Cámara Baja y en el Senado, y ya en febrero se produciría la aprobación definitiva. Pero en la primera semana de ese mes no hay pleno, ni tampoco lo habrá en la segunda (al ser la previa a las elecciones catalanas). Por lo tanto, la iniciativa no estaría formalmente aprobada hasta la semana del 15 de febrero, cuando hayan pasado los comicios.

Foto: Leopoldo Puente (d) tomando posesión del cargo. (EFE)

Como publicó este diario, el Gobierno lleva semanas presionando al PP con anuncios, incluidos los del ministro de Justicia, asegurando que el pacto “estaba hecho” solo a falta de que el jefe de la oposición diera luz verde y pusiera una fecha para firmarlo.

El objetivo al principio era anunciar un acuerdo antes del 6 de diciembre, Día de la Constitución. En realidad, la voluntad de querer hacerlo cuanto antes tenía mucho que ver con los mismos plazos parlamentarios. Cuando socialistas y morados registraron hace semanas la polémica propuesta sobre el CGPJ (sobre la que la Unión Europea ya ha lanzado más de un toque de atención), la voluntad sí era subir la presión sobre el PP.

Pero incluso aunque hubieran seguido adelante y se hubieran decantado por llevarla al pleno del día 15, los tiempos habrían sido los ya explicados. Y en ningún caso la propuesta habría contado con luz verde hasta la segunda quincena de febrero. De ahí que fuentes del entorno de Casado insistieran ayer en que el escenario “sigue siendo exactamente el mismo” y tacharan de “globo sonda” (lo hizo incluso el presidente del PP) la nueva proposición de ley de los grupos del Gobierno que, a su juicio, solo buscaba “tapar” los datos de paro que se conocieron este miércoles y las nuevas advertencias de la OCDE.

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

En realidad, incluso si llegara a haber un acuerdo con los populares, tal y como publicó este diario, no habría sido fácil que se concretara nada antes de esa fecha, porque los candidatos también deberían pasar por la comisión de nombramientos y luego votarse en el pleno. Por eso, el Gobierno se decantó por un ultimátum para acelerar al máximo la posibilidad.

En todo caso, el descontento del PP va en aumento por días. El malestar ha ido creciendo precisamente por las continuas declaraciones de miembros del Gobierno, que aseguraban que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Además, en el entorno de Casado, aseguran que no habrá ningún tipo de pacto hasta que el Ejecutivo asuma los requisitos que llevan planteando mucho tiempo.

En primer lugar, insisten, deben retirar la polémica PL sobre la nueva forma de elección de los vocales del CGPJ con solo mayoría simple. Fuentes parlamentarias populares remarcan que la existencia de una nueva ley y el hecho de que piensen ahora llevarla al pleno del 15 de diciembre no significa en ningún caso que hayan retirado la anterior. E insisten: hasta que eso no suceda, no hay nada de lo que hablar. Además, los populares siguen manteniendo que Unidas Podemos no puede participar en el proceso ni estar en el órgano constitucional, y que se debe avanzar en una ley de despolitización de la Justicia.

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