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Los niños de Trump: 504 menores siguen separados de sus padres por la política migratoria del magnate

Hay una historia distinta detrás de cada caso. A algunos les quitaron a sus hijos mientras dormían. Otros se encontraron el sitio vacío cuando volvieron de una audiencia. A muchos los convencieron de que firmaran la autodeportación como única forma de rencontrarse con ellos. Los papeles siempre estaban en inglés. De vuelta en Honduras, El Salvador o Guatemala, los niños nunca llegaron.

La política de separación familiar que el gobierno de Donald Trump implementó en 2017 con un programa piloto de «tolerancia cero» se descubrió en 2018 y para cuando el clamor mundial logró interrumpirla había dejado sin padres a más de 5.500 niños, 1.200 después de que un juez californiano le ordenase reunir a las criaturas con sus padres. El objetivo era deportarlos lo más rápido posible, pero también que sus casos sirvieran de escarnio para disuadir a otros. Y funcionó, pero a qué precio.

Según la demanda interpuesta esta semana por el Centro de Derechos Constitucionales, la «grotesca» política de separación familiar equivalió a «tortura y crueldad sistemática». El 20% de los niños afectados tenían en ese momento menos de cinco años. El hijo de «Mr. C», un padre hondureño, apenas 19 meses. «Cumplió los dos años en detención, sin acceso a sus padres ni capacidad para comunicarse en ningún idioma», dice la demanda. «Si no hubiera intervenido un juez el riesgo de que el pequeño no recordara a su padre o no pudiera restablecer los lazos familiares hubiera sido muy alto».

En al menos un caso, los abogados de Justice on Movement contaron a este periódico que para cuando devolvieron a uno de los pequeños a sus padres indígenas, el niño había olvidado la lengua materna y con ello la capacidad de comunicarse con sus progenitores.

¿Cómo pueden vivir con eso los responsables de Inmigración? La mente siempre encuentra formas de justificarse y ubicarse en el lado más bondadoso. El gobierno decidió que tenía «la obligación moral» de romper el patrón de conducta por el que «padres irresponsables» sometían a menores a un peligroso viaje de miles de kilómetros en busca del sueño americano. Si por el camino acababan perdiendo la custodia de sus hijos, «ese es el riesgo que corre la gente que viola la ley intencionadamente», concluyó sin remordimientos Scott Lloyd, entonces director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La mayoría no violaba la ley. Se habían presentado en la frontera para solicitar asilo político, la única manera de hacerlo de acuerdo a las leyes internacionales, pero fueron deportados antes de que un juez de inmigración pudiera escuchar sus alegaciones. De ahí la importancia de que firmaran su propia autodeportación. Más adelante la administración de Trump les arrebataría a todos las dos principales razones por las que se les podía conceder el asilo, huir de la violencia de género o del crimen organizado.

El acuerdo firmado después con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que todos los solicitantes de asilo político tuvieran que esperar del lado mexicano, cerró la puerta del todo. Para cuando se abrió esta semana al dar por concluida esa política, muchos de los 65.000 aspirantes llevaban años durmiendo en el suelo de campamentos mugrosos formados espontáneamente en las ciudades más peligrosas de México. Enviar a sus hijos solos a cruzar la frontera de mano de un coyote era más seguro que tenerlos a su lado en chabolas infectadas por las enfermedades y las mafias.

Para cuando Joe Biden llegó al poder el 20 de enero, los padres de 611 niños seguían ilocalizables. En el tiempo transcurrido solo se han podido conectar a 105, pese a que una de las primeras órdenes ejecutivas fue para crear un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Seguridad Doméstica Alejandro Mayorkas y dirigido por la activista Mille Brané, que precisamente trabajaba en ello como directora del Programa de Justicia para Derechos de Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas. Una voz sensible del otro lado del teléfono para las organizaciones que defienden a los inmigrantes.

«Es difícil y llevará tiempo, pero pueden estar seguros de que lo conseguiremos», prometió Mayorkas esta semana. La titánica labor la llevan a cabo cinco ONG's a las que un juez encomendó la tarea, porque su trabajo previo en Centroamérica les permite llegar a las aldeas remotas en las que se suponen a esas familias. A menudo la única pista que tienen es un nombre y un municipio recóndito con cientos de aldeas. Lugares peligrosos, «por algo han huido de allí», recuerda Jeremy McLean, Gerente de Política y Activismo en Justice in Motion, una de las cinco ONG's que forman parte del comité dedicado a la búsqueda de «los ilocalizables».

El gobierno les dio poca información y a trompicones. Por eso el número de niños desarraigados a veces sube en vez de bajar. «Una pesadilla logística», reconoció Biden. También estadística. El 20 de octubre quedaban 545 niños sin padres, pero el 14 de enero eran 611. Los teléfonos que escribieron sus padres en el formulario ya no funcionan. Las calles de donde vienen no tienen nombre, ni número. Hay que preguntar a ciegas puerta a puerta en lugares inhóspitos donde la población desconfía de los extraños.

«Se trata literalmente de lanzarte a las montañas de Honduras a preguntar por ellos», cuenta McLean, cuyo español aprendido en Mexico no siempre es útil, porque en esas poblaciones indígenas se hablan otras lenguas. Muchos de estos hombres o mujeres que llegaron a la frontera estadounidense huyendo de la violencia siguen huyendo y no quieren ser encontrados. «Y aún así los rastreadores sobre el terreno han localizado no cientos, sino miles».

Una vez en la puerta, todavía hay que convencerles de que el forastero va de buena fe y no es del gobierno ni de las bandas que se las tenían jurada. Solo entonces agradecen que alguien se preocupe por su situación y les ofrezca ayuda, pero eso no significa que vayan a reunirse con sus hijos. A esas alturas muchos han asumido la pérdida y deciden de forma consciente que los niños estarán mejor creciendo con una familia adoptiva en EEUU que presos de la violencia y la miseria de sus lugares de origen. Aunque no los vuelvan a ver.

Con la visita de los abogados se abre un rayo esperanza. ¿No habría posibilidad de reunirse con ellos en EEUU sin tener que volver a recorrer a pie el largo y peligroso viaje por las costuras de Centroamérica? Solo nueve lo han conseguido, gracias a una orden judicial de carácter temporal. Ni la Casa Blanca puede darles la residencia legal en EEUU, pero esta semana el secretario de Seguridad Doméstica se comprometió a trabajar con los legisladores para que las víctimas de esa política puedan volver al país para presentar sus casos de asilo sin coacción e incluso con el padrinazgo del gobierno. Justice in Motion quiere que reciban también tratamiento psicológico para sanar el trauma, además de todos los beneficios sociales de los refugiados «como compensación por lo que han sufrido», dice McLean.

«Se lo debemos», admitió Mayorkas, cuya familia huyó primero del holocausto nazi y después de la revolución cubana. Los niños no crecerán como él en Beverly Hills, pero si lo hicieran eso solo los distanciaría más de sus padres, a menos que cumpla su palabra.

La crisis que viene

Joe Biden está de luna de miel. Seis semanas después de llegar a la Casa Blanca, el 60% de los estadounidenses aprueban su gestión, pero hay nubes en el horizonte. Vienen de la frontera sur, donde el martes el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza tenía en custodia cerca de dos mil menores que habían llegado sin ningún adulto a su cargo, a una media de 321 diarios. Para cumplir con las leyes tiene que entregárselos en menos de 72 horas al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que el viernes albergaba ya a 7.700 menores. Más de la mitad de todas las camas existentes en sus instalaciones estaban ya ocupadas.

El aumento del 47% con respecto al mes de enero anticipa un año récord en el que las autoridades tendrán que prepararse para recibir a 76,000 niños, pero también demuestra que la crueldad de Trump funcionaba. La noticia de la suspensión de sus políticas y restablecimiento de protocolos humanitarios en la frontera ha sido recibido en Centroamérica como un rayo de esperanza que pondrá a prueba su buena voluntad. «Lo podremos manejar, si Dios quiere», suspiró el presidente.

Si bien su gestión de la pandemia recibe una aprobación del 70%, la mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con sus políticas migratorias. La decisión de ofrecer una moratoria de cien días para las deportaciones o detener la construcción del muro en la frontera, entre otras órdenes ejecutivas, no ha caído bien. Pero además las encuestas revelan que la inmigración, su siguiente punto en la agenda una vez que apruebe el paquete de estímulo económico, es el más conflictivo.

Trump lo ha olido. El viernes sacó un comunicado en el que le culpaba de tener la frontera «totalmente fuera de control» y «empeorando por minuto». Con sus infalible instinto para las bajas pasiones, el ex presidente agitó los ánimos e instó a su sucesor a «terminar de inmediato con la pesadilla que ha desatado». Esa con la que piensa opacar cualquiera de sus logros. «¡Mantén la inmigración ilegal, el crimen y el virus chino fuera de nuestros país!», le gritó.

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