Las causas son múltiples: en los geriátricos viven personas muy mayores y con múltiples patologías pero además en un inicio no se vio venir la tragedia y no se impidieron las visitas a tiempo, no hubo equipos de protección, no sé derivó a los enfermos a los hospitales y así un largo etcétera.

Pese a ello, el Gobierno no ofrece una cifra centralizada de fallecidos en centros residenciales. El Ministerio de Sanidad hizo un primer intento durante la primera ola pero no publicó ningún dato porque el recuento de las comunidades no era comparable entre sí. Aún así, llegó hasta los medios de comunicación el cálculo de que habían fallecido 27.359 personas hasta el 21 de julio. Después retomó la tarea el Ministerio de Derechos Sociales, que aún no ha hecho público el dato. Si bien, a primeros de noviembre se filtró un borrador del grupo de trabajo conformado con las autonomías para analizar qué sucedió y que está ocurriendo en las residencias y acordar medidas donde se baraja que hubo 20.268 decesos en estos espacios hasta el 23 de junio, un dato más depurado que el anterior.

La imposible comparación

Aún así, el documento advierte de que lo sucedido en los centros de carácter residencial de marzo a junio posee "lagunas en el análisis derivadas de la falta de datos suficientemente robustos y homogéneos entre territorios". Y avisa de que no se puede comparar el total de fallecidos por covid de toda España, hasta ese momento más de 28.000, con la cifra de muertos en residencias -esos 20.268- porque en este último dato sólo el 51% de los casos está confirmado mediante test, mientras que 9.904 se notificaron con síntomas compatibles pero sin una prueba que lo atestiguara, requisito imprescindible para aparecer en la estadística de Sanidad.

Por tanto, de ser de ser válida la cifra de que hubo unos 20.200 muertos en la primera ola, en esta segunda se habían producido en torno a 4.300 defunciones en residencias, según los datos recabados por los medios de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece El Periódico de Catalunya. Y la cifra total de fallecidos ofrecida por Sanidad es de 43.668, de los cuales 13.979 han muerto en esta segunda ola, hasta el 24 de noviembre.

La falta de homogeneidad

La estadística de defunciones en residencias sigue siendo endeble, poco homogénea y en la mayoría de los casos incluye también los decesos en centros de personas con discapacidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, que en teoría es la segunda más afectada después de Cataluña, no informa de los fallecidos que han sido trasladados previamente a hospitales, como sí hace la Generalitat. Además, algunos territorios informan semanalmente por lo que la cifra de 24.648 defunciones hasta ahora es una aproximación.

Esta carencia de datos es una "vergüenza", según José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, porque impide hacer "planes de contingencia y de alerta temprana" de acuerdo a la realidad de la situación. El representante del sector es muy crítico con las administraciones en su conjunto, no sólo por no haber alumbrado una estadística en torno a un problema tan grave sino también por no haber aprobado un protocolo coordinado entre sanidad y servicios sociales con medidas de prevención en los centros residenciales. "Se ha dejado al albur de las comunidades y en algunos sitios funciona perfectamente y en otros no", denuncia.

Las medidas a adoptar

El presidente de la asociación de gerentes de servicios sociales se queja de que mientras el consejo interterritorial de Sanidad se reúne todas las semanas y el de Educación se reunió varias veces para acordar las medidas a aplicar en los centros educativos, el de Servicios Sociales solo se ha reunido tres o cuatro veces al año, sin llegar a acordar nada relevante sobre los geriátricos y sin que haya "ni un euro nuevo para dependencia".

En su opinión, dada la falta de análisis de la situación los centros "intuyen" que en la primera ola la decisión de aislar a los residentes con covid "no fue lo correcto" porque las residencias no son centros hospitalarios y no tienen suficiente personal sanitario. Por ello, a su juicio conviene trasladar a los contagiados a hospitales o espacios intermedios como hoteles o albergues donde sean atendidos por el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, habría que generalizar la realización de pruebas a los empleados, porque son "el vector de transmisión". Y, en definitiva, se tendría que aprobar, sin más demora, un protocolo coordinado en España, que garantice que los enfermos sean atendidos por equipos médicos y que "obligue" a llevar a cabo determinadas actuaciones.

Y es que, según una reciente encuesta realizada entre las enfermeras que trabajan en estos espacios, casi la mitad de las residencias siguen sin disponer del personal, material o espacios necesarios para prevenir o atender adecuadamente a los residentes o empleados que resulten contagiados.