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Los alcaldes vuelven a rebelarse contra Hacienda y celebran una cumbre para frenar el nuevo decreto que les retira fondos

Los alcaldes rebeldes -que ya presionaron hasta tumbar el anterior decreto municipal del Gobierno- vuelven a organizarse contra el Ejecutivo. El nuevo borrador de decreto que maneja el Ministerio de Hacienda les permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece «absolutamente insuficiente», como explicaron varios de ellos a EL MUNDO, ya que deja sin fondos extra a los municipios sin superávit y porque elimina los 1.000 millones para transporte previstos en el anterior decreto.

En esta batalla contra el Gobierno, el PP no está solo. De hecho, esta vez son los alcaldes de Lérida (ERC) y de Reus (Junts per Catalunya) los que han convocado para hoy una reunión de urgencia -una tercera cumbre municipal telemática- para «presionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de unos 5.000 millones de euros para luchar contra los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Estos alcaldes explican que no representan a sus partidos, sino a las ciudades que gestionan. Pero fuentes municipales añaden que las direcciones de ERC y de Junts, así como las del PP o Ciudadanos, rechazan también el texto sobre el que ahora trabaja Hacienda.

En total sintonía con estos alcaldes están los regidores del PP. Pero también los de Cs, Compromís, BNG o el Partido Regionalista de Cantabria, además de muchos socialistas que prefieren no hacer público su malestar con los planes de la ministra María Jesús Montero, según explican fuentes municipales.

El decreto que prepara el Ejecutivo permitiría a los ayuntamientos, ahora ya sí, utilizar sus remanentes. Pero los ediles piden también un fondo extra también para los consistorios que no han tenido superávit.

«Tener o no superávit no es achacable a los ciudadanos», explica el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, a EL MUNDO, «y son los ciudadanos los que sufren la crisis generada por el coronavirus, a veces con dos confinamientos, como en Lérida».

Para ello, los regidores exigen un fondo extra de 5.000 millones que podría proceder de los fondos europeos, aunque apuntan que esta cantidad es negociable. Como denuncian, la Administración local no ha recibido ninguna ayuda del Estado para hacer frente a la pandemia en contraste con las comunidades, que han contado con 16.000 millones.

Los ayuntamientos piden un fondo de 5.000 millones al margen del remanente

A la cumbre de hoy ya han confirmado su asistencia más de 25 alcaldes de 13 partidos distintos de toda España. Entre ellos los de Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga, Alicante, Badalona, Pamplona, Granada, Almería o Pontevedra. Pueyo adelantó a este diario que es incluso posible que también se incorpore la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que gobierna con el PSC.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (del PP), explicó ayer a este periódico que el borrador de decreto que desveló ayer este diario ha sembrado «alarma y miedo» entre los alcaldes, porque «no pone ninguna cantidad extra sobre la mesa» cuando otras administraciones sí contarán con ellas.

«El Ministerio no puede volver a equivocarse», advirtió Azcón. De lo contrario, «se encaminará hacia otra derrota parlamentaria sin ninguna duda». El regidor popular de Zaragoza exige que la ministra de Hacienda hable con los alcaldes antes de llevar su nuevo decreto al Consejo de Ministros si no quiere volver a enfrentarse a una derrota parlamentaria.

El anterior decreto, que fue rechazado por el Pleno del Congreso, contó no sólo con el rechazo de los alcaldes del resto de los partidos, sino también con varios del PSOE, que incluso aseguraron que no entregarían sus remanentes al Gobierno.

«En esa ocasión, no se trata de una batalla de un ayuntamiento o de un grupo de ayuntamientos contra el Gobierno, ni de un partido contra el Ejecutivo», explican fuentes municipales. «Es un conflicto de los ayuntamientos con el Gobierno, ya que el anterior decreto era injusto, insolidario e iba contra la autonomía municipal», añadió ayer Azcón.

«El Gobierno ya tuvo que rectificar una vez», explican a este diario fuentes de la FEMP, «y si no cambia el decreto puede ir camino de una segunda rectificación porque volverá a ir contra lo que la Federación de Municipios aprobó por unanimidad.

El PP, por ejemplo, exige una «garantía» de que los ayuntamientos van a participar de los fondos concedidos por la Comisión Europea, como les ocurrirá a las CCAA.

El nuevo decreto adelantado ayer por este diario elimina la regla de gasto y establece la prórroga para 2020 del destino del superávit de 2019 a «inversiones financieramente sostenibles». Además, permite «prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018».

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