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Las cinco señales de alarma que están condicionando la negociación del Govern

Entender lo que pasa en Cataluña no es fácil. Con una tensión social en las calles que está llegando al límite, el independentismo se prepara para una legislatura de confrontación con el Estado español. Lo político manda sobre lo social y el 'tacticismo' ha anulado las normas de convivencia. Partidos de la derecha tradicional (ahora dispersos en Junts) coinciden en sus planteamientos con la extrema izquierda antisistema (la CUP) y los principales dirigentes del soberanismo se han recluido en sus cuarteles, evitando condenar explícitamente la violencia de las calles.

Los destrozos millonarios en la calle, sin hablar de la maltrecha imagen pública de Cataluña y de sus políticos, ha sido el tema de conversación estrella en todos los foros sociales y políticos de las últimas semanas. Esos incidentes, que desde la extrema izquierda se han reivindicado, jaleado y aplaudido, también han sido somatizados por la derecha tradicional catalana, la heredera de la centralizada Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y por ERC.

Foto: Las diputadas de la CUP, Dolors Sabater (c); de JxCAT, Laura Borràs (i), y de ERC, Marta Vilalta. (EFE)

La situación puede resumirse en cinco claves. En cinco señales de alarma. La tensión y la crispación se han apoderado del ambiente político catalán tras el 14-F. Se acerca el día en que se constituya el Parlament y su Mesa, el próximo 12 de marzo, y a partir de entonces se celebrará la sesión de investidura. ERC, En Comù Podem y la CUP han formado un frente de negociaciones muy condicionado por un preocupante clima de violencia callejera.

1. El bloque independentista es prioridad

La primera premisa que se ha de tener en cuenta para entender lo que pasa en Cataluña es que el frente independentista tiene prioridad sobre cualquier otra cuestión. “Por primera vez, Esquerra ve que puede tener la presidencia de la Generalitat y no está dispuesta a ceder un palmo. Pere Aragonès [candidato republicano] quiere ser ‘president’ y tragará con lo que haga falta”, explica a El Confidencial un empresario soberanista.

Solo así se comprende que ERC haya tardado en salir a la palestra a condenar los hechos y haya después transigido con la CUP para poner a los Mossos d’Esquadra como moneda de cambio para que los anticapitalistas le den su voto en la investidura. El objetivo último es preservar el llamado frente independentista, que en el fondo es preservar el control de la Generalitat: porque lo cierto es que sin frente independentista habría que ir a otras elecciones y ni JxCat ni ERC saben qué podría pasar si se repiten los comicios. Y esa única salida se debe a que si ERC quiere intentar otro frente se encontrará con que el PSC reivindicará la presidencia de la Generalitat como partido más votado. Y los republicanos no están dispuestos a eso.

Foto: Pere Aragonès.

Ante el tacticismo de republicanos y ‘junteros’, la CUP es clara. Su todavía diputado Vidal Aragonès, en la comparecencia del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en la Cámara este miércoles (dos semanas largas después del estallido de la violencia), avisó que “si vienen a gestionar autonomía y a aplicar recetas neoliberales, barricada”. Para el ‘cupero’, los incidentes que tuvieron lugar durante un par de semanas en Barcelona, con la quema de contenedores, destrozo de mobiliario público, asalto de tiendas y hoteles, asaltos de comisarías e incluso el incendio de una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro, no son violencia.

La violencia, dijo el diputado antisistema, es la que sufren las mujeres maltratadas o asesinadas, las familias desahuciadas, los inmigrantes y los accidentes laborales o los jóvenes que están en el paro.

Con esa delimitación de espacios, ERC y JxCat se andan con mucho ojo para no irritar a sus colegas independentistas, ya que necesitan su voto para formar Govern. O eso o nuevas elecciones. Así, el representante de Esquerra, Sergi Sabrià, salió al estrado para asegurar que “no nos gusta que se quemen contenedores, pero un contenedor no puede costar un ojo”. Se refirió a la joven que perdió el ojo por el impacto de una bala de 'foam'.

"Una reunión de urgencia para ver cómo parar tanta violencia es que no se ha entendido nada"

Sabrià dejó en el Parlament la sensación de que los republicanos no están interesados en marcar perfil en este campo: “De la misma manera que condenamos cómo han acabado las manifestaciones, también queremos llegar hasta el final e investigar si ha habido malas praxis en el cuerpo de los Mossos”. Con ello, tratan de contentar a la CUP, que pide un cambio de modelo policial, que no se criminalicen las protestas, que se depuren responsabilidades entre la policía autonómica y que no se utilice a la Brigada Móvil en los desahucios.

El número dos de la candidatura de la CUP, Carles Riera, en una entrevista en TV3, señaló que el papel de la policía tendría que ser regular los alquileres de pisos y otorgar una renta mínima garantizada. Esa pelota está ahora en el tejado de ERC y de JxCat. Pep Rovira, componente de la candidatura de Primàries (auspiciada por la Asamblea Nacional Catalana, ANC) resumió en una sola reflexión el ‘pressing’ radical hacia los partidos mayoritarios: “Cuando un Govern se reúne de urgencia para estudiar cómo se puede parar tanta violencia es que no ha entendido nada”.

A buen entendedor…

2. La extraña estrategia de JxCat y el papel de Borràs

La segunda señal que hay que tener en cuenta es, precisamente, el duro comunicado que JxCat emitió cuando comenzó la violencia en las calles, en contra de las actuaciones policiales y justificando a los manifestantes, lo que dejó descolocados a más de uno. “Junts se ha convertido en algo con lo que no nos sentimos representados —razona a El Confidencial una fuente independentista descontenta con la reacción de los posconvergentes comandados desde Waterloo—. Convergència siempre había sido un partido de orden. Es decir, se puede criticar, salir en manifestación o hacer presión, pero no justificar la violencia como han hecho. JxCat se ha alineado con la CUP y eso era impensable hace unos años. ¿Cómo pueden pretender representar a las clases medias y al empresariado con esas actitudes?”.

Un furgón policial arde durante las protestas por Pablo Hasél. (EFE)

Con una JxCat que hace coincidir sus intereses puntuales con las reivindicaciones antisistema y anticapitalistas de la CUP, el ambiente político se ha vuelto irreconocible, aunque a nadie se le escapa que la mayoría del tejido empresarial comienza a abandonar discretamente la senda de Carles Puigdemont para apostar por una normalización de la situación con el fin de no acabar de hundir la economía catalana.

Resulta llamativo el gesto de la candidata de Junts, Laura Borràs, al visitar en la cárcel al rapero Pablo Hasél, una iniciativa que todavía se entiende menos en los círculos postconvergentes: el rapero ni es políticamente afín a Junts (su ideología es estalinista y jamás lo ha ocultado) ni es santo de la devoción del independentismo, más allá de la confluencia de intereses para demonizar al Estado español. Como una imagen vale más que mil palabras, la visita de Borràs ha acabado de levantar ampollas en algunos sectores de su partido, que no se habían alarmado todavía lo suficiente.

3. La Cámara de Comercio de Barcelona

La tercera señal de alarma es la actitud de la Cámara de Comercio de Barcelona, cuyo presidente hasta ahora, Joan Canadell, concurrió de número 3 de JxCat en las pasadas elecciones. En el acto unitario convocado por centenares de instituciones para este jueves bajo el lema ‘Ya hay suficiente, centrémonos en la recuperación’ esta organización empresarial no estuvo.

La Cámara de Comercio de Barcelona no figura entre las instituciones contra la violencia callejera


El acto recibió el apoyo de las patronales Fomento, Pimec, Cecot, Fepime y Confecat, así como por asociaciones como Femcat, el Circulo de Economía, el Círculo Ecuestre, Anged, asociaciones de empresarios diversas, el Colegio de Abogados de Barcelona, gremios, asociaciones de vecinos, ejes comerciales, grandes empresas como RACC, Agbar, LAboratoris Esteve, PWC, Mercadona, Saba, Quadis o Axel Hotels.

Pero la Cámara de Comercio de Barcelona, a la hora de escribir este artículo, no figura entre las instituciones que apoyan el acto empresarial contra la violencia callejera. En este caso, una institución en manos de JxCat vuelve la espalda a un clamor empresarial y social.

4. El teléfono de la esperanza de la ANC

La cuarta clave es más de lo mismo: la ANC, la organización que mueve al independentismo en las calles, ha mantenido un absoluto silencio ante la violencia. Pero eso no es todo: este pasado martes, activó un “servicio telefónico gratuito de asistencia y apoyo psicológico dirigido a las personas que han padecido violencia policial y represión judicial”. En plena oleada de disturbios callejeros, la oferta de la ANC chirría socialmente e incluso políticamente. La sectorial de Psicología de la entidad soberanista atiende a los afiliados todos los días de la semana de 10 a 19 horas excepto los miércoles y los festivos oficiales. Una oferta sorprendente que obvia a los damnificados por la violencia callejera, ya sean tenderos, empleados, vecinos, transeúntes o afectados por la actitud de los violentos.

5. La hoja de ruta de ERC

La hoja de ruta de ERC, más interesada en salvar su legislatura que en otra cosa, es clara. Solo así se comprende que en las últimas semanas haya mantenido cuatro reuniones con la CUP, la quinta fuerza en las elecciones, y solo dos con JxCat, que es la tercera fuerza. A estas alturas, ERC, que es quien aspira a presidir la Generalitat, va a remolque de lo que dicta la CUP, porque un voto de esta vale más que un puñado de diputados de cualquier otra formación.

Se tendrá muy en cuenta no vulnerar la legalidad vigente con condenas que puedan implicar cárcel

En el fondo, la estrategia independentista se resume en tensar la cuerda. La CUP, por su parte, reclama que, en el momento preciso, se rompan amarras y se apueste por la unilateralidad. Será, pues, una legislatura bronca. Durante la primera fase se escenificarán los desacuerdos con el Gobierno central. La intención es amagar con realizar otro referéndum, aunque se tendrá muy en cuenta no vulnerar la legalidad vigente con condenas que puedan implicar ir a la cárcel. Sí se primarán actuaciones que no supongan prisión o que incluso cuenten con inhabilitación, con la vista puesta en posibles indultos posteriores.

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