El malestar en el seno del Gobierno vasco a cuenta de la reapertura de los bares, forzada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia cuando Lakua había ordenado la bajada de persianas para contener la propagación del virus, sigue siendo más que evidente. Da igual que los datos de contagios ronden ahora mismo la cifra más baja en meses y que la dañina tercera ola parezca casi controlada. Nadie le preguntó ayer al lehendakari por las restricciones en la hostelería en su comparecencia tras la reunión del LABI, pero no hizo falta. Habló Urkullu motu proprio, y lo hizo para sugerir que tener los bares funcionando no es una buena idea.
El lehendakari reveló que Osakidetza ha puesto en marcha un estudio sobre el efecto de la hostelería en la crisis sanitaria. De momento, los técnicos del Departamento vasco de Salud analizan solo el impacto de la reapertura de terrazas y barras en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, aunque no se descarta que el estudio se amplíe a otros municipios en un futuro. A pesar de que las investigaciones se encuentran en una etapa «inicial», Urkullu aseguró que los datos permiten ya «constatar» que la tendencia descendente de contagios en las capitales vascas se ha «modulado» y «ralentizado» en las últimas semanas. ¿Desde cuando exactamente? «Desde el auto del Tribunal Superior de Justicia», aclaró el líder del Ejecutivo en alusión al fallo que anuló a comienzos del mes pasado las restricciones que había impuesto el Gobierno decretando el cierre de la hostelería en las ciudades que superaran los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La llamada 'zona roja' que ahora aparece casi vacía.
La tesis que Urkullu sustenta ahora en un estudio incipiente no es nueva en el seno del Ejecutivo vasco. A mediados de febrero la puso sobre la mesa la consejera de Salud. Durante una comparecencia en el Parlamento, Gotzone Sagardui advirtió de que el auto en el que el TSJPV dio la razón al sector en su solicitud de volver a levantar la persiana podía conllevar un repunte de los casos y alterar la tendencia descendente de la tercera ola. Quince días después, el plazo que los expertos tienen fijado para comprobar el efecto de las decisiones que se toman en el comportamiento de la Covid, los contagios no se han elevado, pero el Ejecutivo dice que la situación «ralentiza» la recuperación.
