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La Policía destripa la caja B que regó al PP de Almería: 7,2 millones a políticos y técnicos

Cargos políticos del PP en Almería y técnicos municipales cobraron presuntas comisiones ilegales de las adjudicaciones de obras a la constructora Hispano Almería. La empresa realizó también pagos que se destinaron a financiar campañas electorales del PP en 2003 y 2008. Es la denuncia que lleva seis años dando vueltas por los juzgados almerienses y que pone negro sobre blanco la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en dos extensos informes entregados el pasado julio en el juzgado número 3 de Almería, donde se investiga a la constructora del Grupo Halsa, con Miguel Ángel Morales, padre e hijo, al frente, y a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Según la Policía, el importe total de las obras adjudicadas a Hispano Almería, incluidas aquellas en las que la empresa forma parte de una UTE, suman 77,5 millones entre 2000 y 2010. La UDEF identifica que hay pagos en efectivo a políticos y técnicos por valor de 7,2 millones de euros: 5,4 millones se identifican como pagos a ‘POL’ y 1,8 millones, a responsables municipales de los distintos ayuntamientos investigados. Esos pagos de la constructora “iban destinados a gratificar la concesión de las adjudicaciones de obras y con posibles fines de elusión de sus responsabilidades fiscales”. Muchos salieron de sobrecostes y ampliaciones de presupuesto que la Policía pone bajo sospecha.

62 expedientes de obras

La constructora almeriense tenía una doble contabilidad y en la caja fuerte de la empresa aparecieron ‘recibís’ que no constan en las cuentas declaradas y que la UDEF identifica como pagos en B. Eran “reintegros físicos de efectivo de la caja fuerte de la empresa”. En total, se extienden 140 recibís entre noviembre de 1998 y septiembre de 2009.

La Policía analiza, uno a uno, un total de 62 expedientes de obras de Roquetas, como avanzó 'El País'. Los recibís vinculados a estas obras y que se identifican como pagos en B suman los 5,4 millones de euros. Se identifican pagos directos al PP por valor de 111.500 euros, según este informe policial.

Hay un grupo de esos recibís que no se relacionan con la ejecución de obras y que la Policía señala que podrían estar “relacionados con aportaciones a campañas electorales y medios de comunicación”.

Son “aportaciones al Partido Popular” de Roquetas de Mar, la Diputación de Almería y Níjar, con pagos de 36.000, 18.000 y 25.000 euros y que directamente financiaron las campañas electorales de 2003 y 2008, según el informe policial. En las autonómicas de 2008, hay que recordar que Javier Arenas, con una estrecha relación política y personal con el presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, fue candidato a la Junta por Almería.

Operación Términus

La UDEF bautiza como operación Términus estos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, que centra en dos municipios del poniente almeriense. Medio millar de páginas dedica a Roquetas de Mar, donde es alcalde desde 1995 Gabriel Amat, presidente del PP de Almería y hombre fuerte del partido. Ante estas revelaciones, el PP defendió que Amat no está imputado.

Otras 240 páginas se centran en La Mojonera, en la etapa en que fue alcalde José Cara, exdiputado andaluz y, desde agosto de 2019, al frente del Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera (Ifapa). Un nombramiento del actual Gobierno andaluz que propone la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que también fue alcaldesa de Adra y forma parte del PP almeriense.

Un cargo de Agricultura

El exalcalde de La Mojonera figura como querellado en los informes, a pesar de que hasta la fecha él ha negado públicamente su imputación. La UDEF señala a Cara junto a otros cuatro concejales, aparte de técnicos y funcionarios municipales y los ‘jefes’ del grupo empresarial.

La situación se complica para el actual presidente del Ifapa porque el también exalcalde de La Mojonera tenía acciones en una de las cuatro empresas del grupo Halsa (Alcosán Almería, Gesponiente, Taller de Arquitectura de Almería e Hispano Almería) que dirigen Miguel Ángel Morales Duarte y su hijo, Miguel Ángel Morales Carrillo. Cara compró acciones de Gesponiente, en total, 144 participaciones. Las mismas que adquirió el exconcejal de Agricultura de Roquetas Nicolás Manzano. En ambos casos, es el empresario Morales Carrillo quien transfiere las acciones por importe de 72.000 euros.

Según la investigación policial, Gesponiente se hizo con terrenos municipales valorados en los diferentes expedientes en 1,7 millones de euros. La participación directa del entonces alcalde en el accionariado de la empresa “no se recoge en las declaraciones de bienes patrimoniales aportadas por el Ayuntamiento de La Mojonera”.

“En definitiva, José Cara González interviene directamente en expedientes de permutas y subastas de terrenos, además de otros de adjudicación de obras con Hispano Almería, es decir, Gesponiente SA y Alcosan Almería SL, todo ello a través de Miguel Ángel Morales Carrillo, actuando en los diferentes actos administrativos analizados en representación del Ayuntamiento de La Mojonera en su condición de alcalde”, recoge el informe policial.

Cara, al que la UDEF acusa de haberse negado reiteradamente a entregar copias de los expedientes de estas operaciones urbanísticas, renunció a su acta de diputado andaluz en 2014, por lo que su caso salió del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al dejar de estar aforado, y pasó a un tribunal de Roquetas que se inhibió y posteriormente a otro de El Ejido.

Desde el Gobierno andaluz, se limitaron a recordar que ya cuando fue puesto al frente del instituto público de Agricultura, hace un año, advirtieron de que sería destituido de su cargo en caso de una imputación.

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