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La ONU condena a España por someter a una niña víctima de violencia sexual a un desnudo integral y exploración genital para comprobar su edad

El día de agosto de 2017 en que Arcange llegó sola, con 16 años, al aeropuerto de Madrid desde Camerún, la policía no dudó de su minoría de edad. Tenía, según las diligencias policiales y un primer informe médico, apariencia de niña. Había escapado de su país después de años de agresiones sexuales por parte de su padre y para evitar su matrimonio forzoso con un hombre mayor, y así lo explicó en sus entrevistas en el centro de menores. El informe médico evidenciaba las secuelas físicas de la violencia sufrida, pero nada de eso evitó que la Fiscalía la sometiese a invasivas pruebas de la determinación de la edad, que incluyó el desnudo integral y la exploración de sus genitales sin estar acompañada de una abogada ni nadie que hablase su idioma. La niña fue declarada mayor y se quedó en la calle. Tras años de batalla judicial, la ONU ha condenado a España por no proteger a la menor y por haberla sometido a unas pruebas que "deberían estar prohibidas".

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El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que el Estado ha violado los derechos de Arcange (nombre ficticio) por no protegerla de manera efectiva al incumplir cinco artículos de su Convención. Según la ONU, la menor no debería haber sido sometida a un proceso de la determinación de la edad, al contar con documentación que acreditaba sus 16 años, y mucho menos a desnudos o el examen de los órganos genitales, sin presencia de asistencia letrada ni intérprete. Esta prueba era "innecesaria" y tenía un "carácter invasivo" que estaba "fuera de un contexto de atención médica" teniendo en cuenta que "había manifestado desde el inicio haber sufrido violencia sexual en su familia", dice el dictamen.

"El proceso de determinación de la edad al que fue sometido la autora, quien alegaba ser una niña y tenía apariencia de niña, no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención", sostiene la resolución. El examen utilizado para determinar la edad de Arcange y "la ausencia de un representante para acompañarla durante dicho procedimiento" denota que "no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido la autora, procedimiento que constituyó además una injerencia ilegal en su vida privada como víctima de violencia sexual, en violación de los artículos 3, 12 y 16 de la Convención".

Los desnudos y exploración genital "infringen su dignidad"

Más allá del caso específico de Arcange, con sus circunstancias particulares como víctima de violencia sexual, el dictamen recuerda que los desnudos o el examen de los órganos genitales o partes íntimas como prueba de la determinación de la edad de menores migrantes "infringen su dignidad, su privacidad y su integridad corporal y deberían estar prohibidos". La niña no fue informada sobre el objetivo del examen al que fue sometida en un lenguaje que pudiera entender ni tampoco tuvo representación legal, por lo que "no se habría contado con su consentimiento informado", pues no se le dio la posibilidad de oponerse a las pruebas.

Además del desnudo integral y la exploración genital, Arcange fue sometida a dos pruebas oseométricas: una radiografía de la muñeca, que estimaba una edad de 17 años, y una radiografía de la mandíbula, que resultó inservible. Aunque la radiografía determinaba su minoría de edad, el resultado fue transcrito en un informe médico forense como mayoría de edad "por error", como reconoció el doctor ante los tribunales. El examen de sus genitales apuntaba a que "el vello pubiano y el desarrollo mamario compatible con poder tener 18 años".

"Especial gravedad de las consecuencias de la falta de protección"

Finalmente, la Fiscalía dictó un decreto de mayoría edad que provocó que la Comunidad de Madrid cesara la medida de protección sobre la niña. Arcange fue expulsada del centro de menores y abandonada a su suerte. La adolescente recibió la noticia "llorando y sin entender nada", según recoge el dictamen. El Comité recuerda el amplio margen de error documentado en las pruebas oseométricas por lo que, destaca, "no son apropiados como el único método para determinar la edad cronológica de una persona joven que afirma ser menor de edad. Más allá del aspecto físico, la ONU recuerda la importancia de tener en cuenta su maduración psicológica, así como consideraciones de género. En caso de que no quede claro el resultado con todos estos factores, sostiene el dictamen, ante la duda, primaría la presunción de la minoría de edad.

La resolución destaca "la especial gravedad de las consecuencias de dicha falta de protección para la autora en tanto que niña víctima de violencia sexual por parte de su padre, con claras necesidades de protección especial por parte de las autoridades nacionales competentes".

Una vez expulsada, la niña vivía en la calle en Madrid, hasta que otro niño la llevó a la sede de Fundación Raíces para ayudarla, según explica la organización. Fue entonces cuando la ONG comenzó a acompañar a la niña con apoyo social y jurídico para denunciar su situación y continuar con su petición de asilo. Durante el proceso, la niña fue alojada en un centro para de mandantes de protección mayores de edad que, según la organización que lo gestionaba, "no ha sido un recurso adecuado para ella".

A finales de 2019, España le concedió el Estatuto de Refugiada sin que se reconociera su fecha de nacimiento y edad real. Aquí el Comité identifica otro incumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño, en concreto de su artículo 8, al no preservar la identidad de Arcange: "El Estado parte no respetó la identidad de la autora al negarle cualquier tipo de valor probatorio a la documentación presentada" y "al negarle la posibilidad de formalizar el asilo con la fecha de nacimiento real".

El Estado tampoco cuidó del desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de Arcange, como obliga el artículo 17 de la Convención. Al haber sido considerada mayor de edad, la niña no pudo continuar sus estudios de enseñanza reglada ni tuvo atención psicológica hasta ocho meses después de su llegada a España y "esta ayuda no fue proporcionada por un profesional especializado en violencia sufrida por menores".

Compensación por los daños morales

Tras el dictamen, el Comité obliga al Estado a proporcionar a Arcange "una reparación efectiva por las violaciones sufridas", incluida una "compensación adecuada por los daños morales ocasionados, un acompañamiento psicológico especializado para víctimas de violencia sexual y la rectificación de su fecha de nacimiento en su documentación". La ONU también exige al Estado "evitar que se cometan violaciones similares en el futuro", para lo que añade una serie de recomendaciones.

El Comité aconseja la adecuación del procedimiento de determinación de la edad a lo establecido por la Convención, incluyendo garantías como la presunción de minoría de edad y de validez de la documentación aportada por los niños y niñas. Con contundencia, el Comité pide la prohibición de las pruebas de exploración genital como método de determinación de la edad, así como la integración de la perspectiva de género, cuando se trata de niñas migrantes, en la formación que reciban todos los profesionales competentes sobre los derechos de los menores migrantes; asegurar que los menores no acompañados solicitantes de asilo que alegan haber sido víctimas de violencia reciban apoyo psicosocial.

Piden que la Ley de Protección a la Infancia prohíba las pruebas invasivas

En el marco de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la Fundación Raíces se ha presentado a todos los grupos parlamentarios una propuesta de enmiendas para que la normativa incluya una serie de garantías que debe tener el procedimiento de determinación de la edad en España, entre las que se incluye la prohibición de la realización de pruebas médicas invasivas como las exploraciones físicas de los genitales y los desnudos integrales. "Únicamente Ciudadanos y Más País-Equo las han incorporado en su totalidad en las enmiendas que han registrado y Bildu en la referida a estas pruebas físicas", sostienen desde la ONG. "PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos no las han incorporado entre sus enmiendas, a pesar de que cuando estaban en la oposición aprobaron una Propuesta No de Ley que incluía dichas garantías, legitimando así el actual procedimiento que aboca a cientos de niños y niñas a la más absoluta indefensión".

"El Gobierno puso en marcha un grupo de trabajo, liderado por el Ministerio de Justicia, para diseñar un nuevo procedimiento de Determinación de la Edad. Pedimos que asuman la obligación que tiene España de incluir en sus Leyes y en sus Reglamentos las decisiones del Comité de Derechos del Niño y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y prohíban expresamente la realización de desnudos integrales y la exploración de los genitales como prueba para evaluar la edad y garanticen que no se inicia un procedimiento de determinación de la edad en caso de que exista documentación", pide Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación.

Arcange: "Llegué siendo quien era y me cambiaron"

Transcurridos más de tres años desde su llegada a España, Arcange ya tiene 19 años y es estudiante de auxiliar de enfermería. Durante la pandemia, también ha realizado prácticas de mediación cultural en el hospital Ramón y Cajal con pacientes COVID-19. "Me siento muy alegre de que, al fin, se reconozca y se acepte que yo era una niña de 16 años cuando llegué a España y no 18 como ellos me echaron", ha dicho la joven cuando se enteró del dictamen del Comité. "Ahora ya puedo seguir viviendo siendo yo misma, con mi edad de verdad, antes no era yo, era otra persona que ellos inventaron: quiero que me cambien la fecha de nacimiento que pusieron inventada en mi tarjeta de asilo. Llegué siendo quien era y me cambiaron".

Pero su verdadera victoria, dice, llegará cuando nadie más tenga sufrir unas pruebas tan invasivas como las que ella sufrió: "Me gustaría que ninguna otra niña o niño en el Mundo, pasara por esto y que yo pudiera ayudar a otros", dice en referencia a los exámenes que, según la ONU, atentaron contra su dignidad e intimidad.

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