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La Junta Electoral secunda la suspensión de la cuenta de Vox en Twitter por incitar al odio

La decisión incluye un voto particular que tacha la decisión de la red social de "censura previa". La JEC sugiere al Congreso la necesidad de legislar sobre esta materia para evitar "peligros" en campaña electoral

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso,...
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, durante una intervención. Mariscal EFE

La Junta Electoral Central ha dado la razón a Twitter en su decisión de suspender la cuenta de Vox en la red social por ocho días, cinco de ellos en periodo de campaña electoral, por entender que con uno de sus mensajes la formación política incitaba al odio.

Se trata de un tuit en el que Vox afirmaba: "Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda Vox! #StopIslamización".

El partido político presentó una denuncia contra Twitter por el cierre temporal de su cuenta alegando que la dirección de la red social vulneraba los principios de pluralismo político e igualdad así como el derecho de libre participación política de Ignacio Garriga, su cabeza de lista por Barcelona. Vox solicitaba la restitución de su cuenta y el apercibimiento y sanción del responsable de la decisión.

La Junta Electoral se ha pronunciado en favor de la red social en una larga exposición de motivos, que incluye un voto particular, por considerar que el caso, habida cuenta del protagonismo que tienen las redes sociales en las campañas electorales, "no es irrelevante". Más aún añade que es necesario su pronunciamiento, inusitadamente extenso, por cuanto se trata de dilucidar acerca del respeto a los principios de pluralismo político, transparencia, igualdad y objetividad que deben primar en las campañas.

La JEC estima como "razonable y no discriminatoria" la decisión de Twitter por cuanto el mensaje de Vox vulneraba su política relativa a las conductas de incitación al odio, una cláusula que "responde a una finalidad legítima , no contraria a la legislación y jurisprudencia relativa a los límites de la libertad de expresión".

Para sustentar este argumento se apoya en el artículo 10 de la Constitución, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recogida en varias sentencias del Tribunal Constitucional, en el artículo 510 del Código Penal y en la Recomendación 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Tolerancia del Consejo de Europa, según la cual el discurso del odio incluye "el fomento, promoción o instigación en cualquiera de sus formas, al descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización de personas o grupos".

Para la Junta, las expresiones utilizadas en el mensaje de Vox suponían "infundir estereotipos negativos de temor en relación con las personas que profesan la religión islámica o proceden del Magreb". Además, mantiene que la decisión de Twitter no fue desproporcionada por cuanto, además de tratarse de un "incumplimiento reiterado" de Vox, sus candidatos pudieron seguir utilizando sus respectivas cuentas en la red social sin ningún tipo de limitación.

Pese a todo ello, la JEC considera necesario que esta materia sea objeto de regulación por el legislador y dice ser consciente de "los peligros y riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral" por cuanto "pueden limitar seriamente la campaña de cualquier candidato" que, "dada la perentoriedad de los periodos electorales, apenas tendrá tiempo para obtener una tutela judicial eficaz".

La decisión de la Junta dando en este caso la razón a Twitter y desestimando la reclamación de Vox tiene, no obstante, un voto particular emitido por el letrado José Miguel Serrano quien considera que este tipo de asuntos deben dirimirse mediante un procedimiento judicial que "garantice la contradicción y la defensa" y lamenta que "se estén acumulando sobre nuestras legislaciones un conjunto de restricciones que son cada vez más extensas".

Serrano considera que Twitter cayó de lleno en la censura previa y que la decisión de la JEC viene a "consolidar la facultad de censura unilateral de las grandes compañías tecnológicas y de redes sociales".

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