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La Fiscalía recurre la absolución del exalcalde de Valdestillas y su equipo, juzgados por prevaricación

La Fiscalía de Valladolid considera que en la propia sentencia dictada el pasado 10 de febrero por la Audiencia están los argumentos para condenar por prevaricación administrativa al exalcalde socialista de Valdestillas y no, como por el contrario hizo el tribunal, para absolverlo, a él y a su equipo. Por ello ha decidido recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fallo de la Sección Cuarta considera «acreditado» que la resolución administrativa por la que se aprobó y contrató la obra de pavimentación de la calle de la ahora exconcejala Lidia Vaquero fue «irregular, ilegal». Y quienes estaban entonces al frente de la Alcaldía y en el equipo de gobierno lo sabían, tanto el entonces alcalde como su concejala de Hacienda. No obstante, el tribunal sentenciador entiende que el denunciante y actual alcalde de la localidad vallisoletana, Alberto Sanz, antes de haber ido a la vía penal tenía que haber agotado primero la vía de lo contencioso administrativo, que «también tiene potestad no solo correctora sino sancionadora». Según el fallo «falta el plus de antijuricidad que requiere el tipo penal del delito de prevaricación, ya que no está acreditado que se trate de una resolución arbitraria, conforme al concepto jurisprudencial de arbitrariedad«.

En este sentido, sostienen los magistrados en su sentencia, el secretario y la arquitecta tenían que haber dejado constancia en las actas de que advirtieron al equipo de Gobierno de que era ilegal pavimentar una calle privada con fondos de la Diputación de Valladolid. Por ello absuelven de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al exalcalde socialista de Valdestillas, Jesús Román Fadrique, y a sus tres concejales, César Álvarez, Lidia Vaquero y Rafael Casero. La Fiscalía no está de acuerdo con este planteamiento porque entiende que estaban advertidos del fraude de ley y decidieron seguir adelante. Además, la sentencia no aplica el tipo penal de malversación. «Con hechos probados, la consecuencia jurídica es la condena, no la absolución», han indicado fuentes del ministerio público a El Norte.

Malversación y honorarios

La sentencia de la Audiencia censura que «no funcionaron correctamente los mecanismos de asesoramiento legal porque no consta, pese a lo afirmado por él en juicio oral, que el secretario advirtiera de la ilegalidad que se cometía y desde luego «la actuación de la arquitecta municipal es insostenible, escudándose en su cargo para realizar un proyecto que sabía que era ilegal para cobrar unos honorarios, con mucha premura y cobrándolo a través de su empresa«.

También se absuelve a los encausados del delito de malversación por abonar los honorarios a la citada arquitecta, «ya que no suponía una decisión antijurídica porque se había aprobado la ejecución de una obra y el proyecto de ejecución de la misma era obligatorio. Aunque con posterioridad la obra no se llevara a cabo porque no era posible adjudicarla a fondos públicos, el pago de los honorarios no es antijurídico ni ilegal«.

El exalcalde socialista, Jesús Román Fadrique, y los tres ediles que formaron con él equipo de gobierno (Lidia Vaquero, César Álvarez y Raúl Casero), negaron la mayor durante el juicio, celebrado en la Audiencia el pasado 28 de enero: haber aprobado la obra a sabiendas de que esa calle no podía ser financiada con fondos provinciales porque era una unidad de ejecución y, por tanto, el coste del asfaltado debía correr a cargo de los vecinos y no sufragarse con dinero público. La Fiscalía pidió penas de un año y un día de cárcel para cada uno (un año y tres meses para el exalcalde) y diez años de inhabilitación especial, doce en el caso del exregidor.

Jesús Román declaró ante el tribunal que el empeño por asfaltar la calle El Olmo no era «personal» ni porque viviera allí la por entonces concejala de su grupo, Lidia Vaquero, sino porque solo quedaba una tercera parte por arreglar y querían terminarla «porque se trata de una vía que conecta todo el barrio con el colegio y la piscina, y ese era el motivo«. Alegó también que desconocía que »al estar en una unidad de actuación, no pudiera presentarse a planes provinciales«. Aprovechó para culpabilizar al secretario interventor, con quien, reconoció, las relaciones «eran tirantes» porque se le abrieron ciertos expedientes. Aseguró que el técnico nunca le advirtió de que se podría incurrir en ilegalidad ni en las comisiones de Urbanismo ni en el pleno donde se aprobó finalmente la actuación con su voto de calidad. «No me puso ningún reparo para hacer esa calle. Yo creo que fue una trampa, que nos dejaron asfaltar la calle para luego denunciarnos«, remachó Román.

Tampoco la exconcejala Lidia Vaquero consideró que debía ausentarse del pleno en el que se iba a aprobar un proyecto que le afectaba personalmente. Ni ella ni sus otros dos compañeros César Álvarez y Raúl Casero, que solo quisieron responder a las preguntas del fiscal, aseguraron conocer que estuvieran incurriendo en ilegalidad alguna. «El secretario permaneció mudo», resumió la exedil.

Sin embargo, el actual alcalde y denunciante, Alberto Sanz, así como el secretario del Ayuntamiento, Carlos Gómez Martínez, declararon que el anterior equipo de Gobierno sabía perfectamente, porque ellos así se lo insistieron desde la primera comisión informativa, que no se podían utilizar fondos de la Diputación para realizar esa obra.

Jesús Román encargó verbalmente el estudio de urbanización de la calle Olmo y los honorarios ascendieron a 3.380,49 euros, que fueron abonados el 1 de junio de 2016, un día después de que el alcalde, por decreto, aprobara el proyecto, que fue presentado ese mismo día en el registro general del Ayuntamiento. A los encausados se les reclamó durante el juicio, por parte de la acusación, el pago, de forma conjunta y solidaria, de esta cuantía, pues se considera que hay un perjuicio para las arcas públicas.

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