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La Fiscalía recurre el archivo de la denuncia sobre el muelle de Arguineguín

La Fiscalía de Canarias ha recurrido el archivo de la denuncia que pedía depurar responsabilidades penales por las condiciones de hacinamiento que han padecido desde agosto miles de inmigrantes en el muelle de Arguineguín, según han informado Efe fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía alega en su recurso que no puede darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones que había sugerido para averiguar si son o no constitutivas de delito las condiciones «deplorables» que han sufrido los inmigrantes en sus primeras horas tras desembarcar de la patera, como admite la propia juez.

Estas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, que venía pidiendo desde semanas antes el desmantelamiento del campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, al entender que el lugar no ofrecía las condiciones mínimas para ofrecer un trato digno y acorde a las normas sanitarias de prevención de la covid-19.

La juez que se hizo cargo del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, admite que las condiciones de ese campamento gestionado por la Cruz Roja para el Ministerio de Interior han sido «efectivamente deplorables», pero descarta que de ellas pueda extraerse consecuencia penal alguna.

La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento del puerto de Arguineguín -donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad-, pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen «responsabilidades penales» en el Gobierno.

«El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal», argumentaba la juez Yanira del Carmen Gozález, que inspeccionó el campamento el pasado viernes, cuando había más de un millar de personas en su interior, para conocer en persona cuál era la situación.

Cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, estaban en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.

Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la covid-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.

También cuestionaba que los inmigrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar «esas durísimas condiciones hasta más de 15 días» en el muelle

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