Spain

La Fiscalía pide 3 años para el ex delegado de Empleo en Granada por las ayudas a Cespa y FCC

Otra de las piezas de los ERE que llega a juicio. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de tres años de cárcel, y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta para el ex delegado de Empleo de la Junta en Granada, Luis Rubiales, así como a una representante del sindicato CCOO Andalucía y otras siete personas más, en relación con las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007 "a fin de solventar el conflicto laboral que venían manteniendo con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada, ayudas instrumentalizadas a través de la financiación de distintas pólizas de seguro”.

El Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa de un delito de prevaricación en concurso media con otro de malversación de caudales públicos a nueve personas: el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada Luis Manuel Rubiales; una representante del sindicato CCOO-A; el presidente y un vocal de la patronal Aselip (Asociación de Empresas de Limpiezas Pública); los responsables de relaciones laborales de las empresas concesionarias Cespa y FCC; el vocal y director de Recursos Humanos de Cespa; un vocal y directivo de FCC, y un ex directivo de la entidad Vitalia Vida.

Por su parte, la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el proceso, ha reclamado una condena de 18 meses de cárcel para el ex delegado de Empleo y para otros acusados, aunque también ha pedido dos años de prisión para otros cinco procesados.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado ahora, con fecha del 14 de febrero, el auto de apertura de juicio oral de esta pieza, en el que ha impuesto una fianza de 600.000 euros a cada uno de los nueve acusados para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, y ha ordenado asimismo remitir este caso a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. El auto considera responsables civiles subsidiarios a las entidades Cespa, Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC), la asociación de empresas de limpieza pública (Aselip) y a Actividades Diversas de CCOO. de Andalucía.