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La Fiscalía archiva la denuncia contra Salud por el macrocontrato de las ambulancias

La Fiscalía Superior de la Región ha archivado por falta de indicios de delito la denuncia presentada por un grupo de empresas (la UTE formada por Ambulancias de Lorca, Ambulancias Martínez Robles, Murciana de Asistencia y Emergencias y Ambulancias Vega del Segura) contra la Consejería de Salud por la adjudicación del macrocontrato regional del servicio de transporte urgente, que ascendió a 340 millones de euros. Los denunciantes, que se dirigían principalmente contra el ya exconsejero Manuel Villegas y contra el exgerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, constituyeron la UTE que resultó perdedora del concurso frente a la oferta presentada por el Grupo La Generala a través de la compañía Ambulancia Do Atlantico.

Entre las supuestas irregularidades que se enumeraban en el escrito presentado en la Fiscalía se afirmaba que la Consejería de Salud actuó «con favoritismo» y de manera premeditada para adjudicar el contrato, injustamente, a la UTE conformada por Ambulancias do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez. Estas firmas, según los denunciantes, «no disponían de medios suficientes, ni de vehículos ni de instalaciones, para concurrir al concurso», como tampoco podían justificar «experiencia alguna en el sector».

Uno de los hechos concretos señalados como más sospechosos era el hecho de que la mesa habría otorgado 0 puntos a la oferta de Ambulancias de Lorca en el apartado de medio ambiente, pese a que proponía que todos sus vehículos tuvieran la clasificación ECO y O, mientras que la de Ambulancias do Atlántico nada ofrecía en ese terreno.

Igualmente se señalaba que la UTE ganadora no contaba con el número de trabajadores al que obligaba el contrato, que ascendía concretamente a 1.031 (476 técnicos para el transporte programado, 395 para transporte urgente y emergente y 160 para transporte de enfermos psiquiátricos y baríticos). Las cifras presentadas por Ambulancias de Lorca y el resto de sus socios señalan que la adjudicataria solo contaba con 713 empleados, con un déficit de 318 trabajadores.

Después de varios meses de investigación y de análisis de la documentación recabada en la Administración regional, el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, deja constancia de que «buena parte de las irregularidades denunciadas han sido ya resueltas en vía administrativa por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y se han interpuesto por el denunciante recursos contencioso-administrativos contra las decisiones adoptadas en el concurso público denunciado».

Y añade que, «en fin, el denunciante se muestra en desacuerdo con las valoraciones efectuadas por la Mesa de Contratación, pero no puede la Fiscalía proceder a realizar una valoración de la valoración, salvo que tuviese aspectos objetiva y patentemente arbitrarios carentes de la mínima justificación observables sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, lo que no es el caso. Que algunas valoraciones sean discutibles y existan motivos para recurrirlos no los convierte lógicamente, en arbitrarios, ni mucho menos, con entidad penal».

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