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La Fiscalía acusa a la Generalitat hacer un uso "torticero" del 100.2 con los condenados del procés

El Ministerio Público se opone a que el ex conseller catalán Joaquim Forn salga cinco días en semana de la prisión de Lledoners para trabajar en Mediapro

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El exconseller de Interior Joaquim a su salida de la prisión de Lledoners (Barcelona). EFE

La Fiscalía de Barcelona ha remitido este lunes su informe a la juez de Vigilancia Penitenciaria contra la decisión de Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona) de conceder el artículo 100.2 o régimen de semilibertad al ex conseller de Interior, Joaquim Forn.

En el informe del fiscal, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ministerio Público sostiene que no se cumplen los requisitos legales para que el condenado por sedición a diez años y medio de prisión acceda a la semilibertad.

Forn está autorizado para salir de la cárcel de lunes a viernes de 7:30 a 20:00 horas para trabajar en la empresa Mediapro, de Jaume Roures, como abogado con un horario que le permitirá estar cinco días de la semana "doce horas y media fuera de la prisión". Para la Fiscalía, la Generalitat ha concedido en la fase inicial de cumplimiento de la pena el régimen excepcional del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario "con una gran amplitud horaria y sin motivos tratamentales que lo justifiquen".

"El interno cumple condena por un delito grave, habiéndosele impuesto una pena también grave,diez años y seis meses de prisión, y a pesar de que los informes que avalan la propuesta consideran que se trata de un interno primario penal y penitenciariamente, que mantiene buena conducta, lo que ciertamente constituyen factores favorecedores, hay que tener en cuenta que cuanto más cercano es el inicio de la pena y más alejado el licenciamiento definitivo, más excepcional debe considerarse la aplicación del régimen flexible del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario y en el presente caso nos encontramos en los primeros momentos de cumplimiento de la pena, puesto que cuando se hace la propuesta ni tan siquiera se había cumplido la cuarta parte de la condena no habiendo, en consecuencia, disfrutado de permisos de salida, y si bien es cierto que el art. 100.2 del R.P. no exige requisitos temporales para su aplicación"

"En sentido estricto" -prosigue el fiscal- "ha de ponerse necesariamente en relación con la propia naturaleza de la pena, que no hay que olvidar que tal y como reiteradamente ha venido declarando el Tribunal Constitucional además de la finalidad de reeducación y reinserción social que señala la Constitución, también tiene fines de retribución y prevención general y especial, esto es, de intimidación al conjunto de la sociedad y al propio delincuente para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos".

El Ministerio Fiscal hace hincapié en su informe a que, cuando se trata de delitos considerados graves, "como el aquí analizado, la pena ha de identificarse por la sociedad y por el afectado como una sanción efectiva, a fin de mantener la confianza en el Estado de Derecho y en el buen funcionamiento de la Administración Pública, afianzando la máxima de que la Justicia es igual para todos".

Asimismo, el fiscal denuncia que" de los nueve presos del denominado procés, a cinco de ellos ya se les ha concedido el régimen del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario, habiendo manifestado la Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya que el art. 100.2 se aplicará a todos los líderes soberanistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo, afirmando que es una manera de cumplir la pena y recordando que es una anomalía que los presos y presas políticas estén en prisión, lo que pone en evidencia que la excepcionalidad exigida por el art. 100.2 se ha convertido en una generalidad".

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