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La educación especial saldrá a la calle contra la 'ley Celaá'

Las familias de los 37.000 alumnos que estudian en centros de educación especial se están organizando para salir a la calle y manifestarse en las principales ciudades españolas en contra de la ley Celaá. Pese a que el Gobierno lo ha negado de forma reiterada, siguen denunciando que tras la norma se oculta un plan para traspasar parte de este alumnado a colegios ordinarios, incluso en contra de la voluntad de sus padres.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado que esta interpretación es «absolutamente falsa», un «bulo» fabricado para desgastar al Gobierno. Defiende que su proyecto de reforma educativa, que actualmente se tramita en el Congreso, va a posibilitar que los padres escojan el tipo de centro que quieren para sus hijos más que lo que permite la Lomce. Pero las familias se reunieron el miércoles con la ministra y cuentan que salieron del encuentro «más preocupadas» que al principio. ¿Por qué?

«Porque no vemos que haya ninguna intención del Gobierno de cambiar su hoja de ruta», responde José María Escudero, presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí. Especial también. «Llevamos año y medio pidiéndole a Celaá que cambie el redactado de la ley y siempre nos dice que no nos preocupemos, pero se niega a modificarlo. Ahora se ha desentendido y ha dicho que no puede hacer nada porque la norma está en trámite parlamentario. El PSOE también nos está dando largas».

Polémica disposición

Las 33.000 familias agrupadas en esta plataforma llevan año y medio peleando para quitar «ambigüedad» a la Lomloe. Su disposición adicional cuarta establece que en 10 años los centros ordinarios deberán tener los recursos necesarios para «poder atender en las mejores condiciones» al alumnado con discapacidad. Lo hace de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que aboga por la «plena inclusión»; esto es, niños con necesidades especiales escolarizados preferentemente en centros ordinarios para ser educados «sin discriminación».

Los centros de educación especial, prosigue esta disposición adicional, seguirán teniendo el apoyo de las CCAA, pero escolarizarán a alumnos que requieran una atención «muy especializada» y desempeñarán la función de «centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Las familias lo interpretan como que los 486 centros de educación especial que hay en España, donde aprende el 17% del alumnado, van a pasar a ser subsidiarios de los otros y sólo recibirán los casos más graves. Se temen que, como el Gobierno no ha concretado financiación para impulsar la atención a la discapacidad en los colegios ordinarios, los recursos se detraigan de los centros donde estudian sus hijos, que son públicos en un 60% y concertados en un 40%.

"No vamos a cerrar los centros"

El Gobierno responde que ese temor «no obedece al espíritu de la disposición». «No vamos a cerrar los centros de educación especial, el proyecto de ley garantiza su continuidad», ha repetido Celaá. El Ministerio recuerda que la Lomce del PP también dice que «la escolarización en centros de atención especial sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios» y que debe «favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración».

Tanto la Lomce como la Lomloe establecen que «la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas»; es decir, las CCAA. Para ello, al finalizar cada curso se deberán evaluar los resultados obtenidos por los alumnos para analizar en qué colegio pueden estar mejor.

Celaá defiende que su ley es incluso «más garantista» para las familias que la actual norma, pues añade que en este proceso «serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumno», algo que no está en la Lomce.

"Padres oídos pero no tenidos en cuenta"

Las asociaciones objetan que los padres «serán oídos, pero no necesariamente tenidos en cuenta», sobre todo porque la decisión final, cuando haya discrepancias, quedará en manos de las autonomías.

«A nosotros tampoco nos gustaba el redactado de la Lomce, pero la diferencia es que el anterior Gobierno no tenía entre sus objetivos eliminar la educación especializada y éste, sí», apunta Escudero.

Las familias a las que representa no están en contra de la escolarización inclusiva, pero defienden que en los centros de educación especial se «prepara mejor a los niños» porque el modelo da una respuesta más personalizada sus diferentes necesidades. Y quieren, en todo caso, poder seguir decidiendo el sistema que más se adapta a sus demandas. Por eso recogieron 300.000 firmas y se manifestaron el año pasado en Valladolid. Ahora volverán a hacerlo. «Es preciso que las familias se organicen en las ciudades para defender los derechos de sus hijos», declaran.

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