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La dignidad de las personas mayores

La emergencia sanitaria de la Covid-19, en su alarmante capacidad infectiva, no entiende de clases sociales y alcanza a ricos, pobres, poderosos y gente corriente. Pero se ceba sobre todo con las personas de avanzada edad.

Ante situaciones de emergencia de salud pública como la que vivimos, los servicios de urgencia aplican la fórmula del triaje, sistema de clasificación de pacientes para decidir quiénes reciben determinados tratamientos o utilizan recursos, como las UCI, que pueden ser determinantes para salvar vidas. Desde algunas organizaciones hemos alertado de la vulneración de derechos humanos y principios de la bioética que supone tener en cuenta criterios de edad o situaciones de dependencia, lo que puede dejar sin atención a las personas más vulnerables. Estas, recluidas en su domicilio o en la habitación de la residencia, esconden como pueden su miedo y su sensación de desamparo y aun así lanzan mensajes de aliento a todos y, en especial, a los profesionales que, con escasez de medios y jugándose la propia salud, continúan atendiéndolas.

También se pone ahora sobre la mesa la situación de las residencias en las que conviven casi 400.000 personas mayores, un recurso, como el conjunto de los Servicios Sociales, que no ha tenido el reconocimiento social y político que merece. Sus profesionales, muchos sin formación suficiente, con ratios por debajo de lo necesario y precarios salarios realizan en su mayoría esfuerzos para proporcionar una atención de calidad. Si a ello le unimos el tradicional abandono del sistema nacional de salud (SNS) para dar cobertura desde el mismo a las necesidades de mantenimiento y tratamiento de las enfermedades de los residentes, tenemos esbozado un retrato somero de estos centros. Se evidencia hoy lo que hemos clamado desde el sector social durante muchos años: la discriminación por razón de la edad a las prestaciones sanitarias a las que, de manera universal y gratuita, todos deberíamos tener acceso. Para paliar esta situación, desde los servicios sociales o desde los centros privados se contratan a sus expensas profesionales de la medicina, la enfermería o la fisioterapia, naturalizando así esa discriminación y desarrollando un sistema paralelo de atención sanitaria que cuestiona el principio ético de justicia y criterios como la eficacia y la eficiencia de las intervenciones.

En los últimos años hemos comenzado a trabajar en el sector en pro de un cambio de modelo en la atención en servicios sociales, tanto domiciliarios como en residencias, que ponga en el centro a las personas que requieren cuidados de larga duración, y les brinde, de manera integrada, los apoyos que precisan para que se refuerce su capacidad funcional y puedan, pese a sus limitaciones, continuar controlando su vida y desarrollando las actividades que son importantes para ellas. Y aunque en una situación de emergencia sanitaria la salud pública sea lo preeminente y se justifiquen por ello limitaciones transitorias en los derechos y preferencias individuales, ello no obsta para que sigamos aspirando a que, una vez superada, perseveremos en el camino del cambio de modelo transitando hacia otro que salvaguarde la dignidad y los derechos de las personas y que las haga, también, más felices.

Ahora es urgentísimo y necesario que se provea a las residencias de profesionales sanitarios y de medios para hacer frente la Covid-19, pero importa también que a la salida de la crisis no regresemos, como algunas voces interesadas piden, a que estos centros se conviertan en una especie de hospitales, con lo que volveríamos al modelo “institución” y sus efectos perversos sobre las personas tal como la evidencia científica ha demostrado. Que el SNS repare por fin el olvido de suministrar sus prestaciones a las residencias es obligado, pero también lo es, si nos importa el bienestar de las personas mayores, que nos mantengamos firmes en el propósito de convertir las residencias en espacios hogareños en los que, además de recibir atención bio-psico-social-espiritual, las personas puedan, con los apoyos profesionales precisos, vivir con dignidad y continuar desarrollando sus proyectos de vida.

Vivimos momentos inéditos en nuestra historia en los que se nos proscribe, en aras del bien común, el desarrollo de nuestras rutinas cotidianas. El necesario confinamiento en nuestra casa nos invita también a recluirnos en nuestra conciencia y reflexionar sobre lo que deseamos ser después como personas individuales y como sociedad. Uno de los análisis que sería conveniente realizar es preguntarnos por qué todos queremos vivir muchos años (ahora lo estamos consiguiendo), pero nadie quiere ser viejo/a. Simone de Beauvoir decía que no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos y si no integramos en nuestra vida la consideración de nuestra vejez ("reconócete en ese viejo, en esa vieja", pedía). Más de medio siglo después de que fueran enunciadas estas palabras, las mismas recobran una vigencia que nos puede ayudar a entender, no desde posiciones individuales, sino desde un “nosotros” solidario, qué escenarios queremos construir para los últimos años de nuestra vida.

Pilar Rodríguez Rodríguez es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, exdirectora general del Imserso y exconsejera de Bienestar Social de Asturias.

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