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La defensa política de Quim Torra, un reguero de mentiras

Tras salir del Tribunal Supremo, al que acudió como público, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el jueves, se dirigió a la delegación que el gobierno autonómico tiene en Madrid y pronunció, desde ahí («la delegación de Cataluña en España», llegó a decir), su alegato de defensa, más político que jurídico: algo menos de 1.800 palabras. Un discurso de unos doce minutos. Una intervención que concentra un reguero de mentiras, medias verdades e inexactitudes que el nacionalismo catalán envuelve, pregona y distribuye en formato indiscutible. A continuación, una selección de algunas falsedades y la explicación fáctica de que no dice la verdad.

«(Me inhabilitan por) haber defendido la libertad de expresión» El presidente de la Generalitat fue condenado el 19 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a una pena de inhabilitación para cargo público de un año y medio y 30.000 euros de multa por desobediencia. El TSJC constató, gracias a la confesión del propio Torra durante su declaración ante el tribunal, que había desobedecido a la Junta Electoral Central (JEC) que le pidió y reiteró que retirara una pancarta y otros símbolos partidistas de las dependencias autonómicas, incluido el balcón del Palacio de la Generalitat, durante la campaña electoral de marzo de 2019. De hecho, Torra -para evitar, posiblemente, un conflicto con los Mossos d'Esquadra, que fueron advertidos de ello- acabó retirando la pancarta del balcón de la sede de la Presidencia regional. Pero tarde. Así, no se le inhabilitó por «defender la libertad de expresión» sino por hacer caso omiso a la JEC, según fijó en sentencia (recurrible) el TSJC. Y, en cualquier caso, su supuesta defensa de la libertad de expresión le duró bien poco, solo hasta que los Mossos decidieron retirar la pancarta y los símbolos partidistas.

«Democracia (...) consolidada, madura y homologable», pero «está a años luz de los estándares» Hay diversos índices profesionales que analizan la calidad democrática de los países del mundo. En todos, España sale bien parado. El de la prestigiosa revista «The Economist», por ejemplo, clasifica a los países en función de los procesos electorales y pluralismo internos, el funcionamiento de los gobiernos, la participación y la cultura políticas y los derechos civiles. Según este índice (2019), España es una de las 22 «democracias plenas», por delante de Francia. Y aparece mejor que las «democracias imperfectas» de Japón, Estados Unidos, Israel, Italia, Argentina y, entre otros países, por cierto, Bélgica. Otro índice, el elaborado por World Justice Project, una organización independiente y multidisciplinar, mide «el Estado de Derecho con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo» de 128 países; y lo hace valorando los siguientes parámetros: «límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal». España aparece en la posición 19, por delante de Francia, Estados Unidos e Italia.

«Se nos dijo que democrática y pacíficamente todo proyecto se podría realizar» y «podríamos hablar de todo» Estos argumentos, recurrentes sobre todo alrededor del movimiento que lidera Bildu, esconden tres aspectos que deliberadamente se silencian. El primero, una obviedad tras cuarenta años de democracia, que en España no es obligatorio defender políticamente la Constitución, pero sí es obligatorio su cumplimiento. Segundo, que todos «los proyectos» que se quieran realizar han de hacerse dentro de las leyes. Y tercero, que el «hablar de todo» que invocan el independentismo y sus partidos políticos no significa que se les tenga que dar la razón. De hecho, la democracia española y especialmente los Gobiernos del PSOE y el PP llevan cuarenta años «hablando», pactando y cediendo al nacionalismo catalán (y al vasco) hasta establecer en la práctica un Estado autonómico totalmente asimétrico.

«Un Estado que golpeó sin ninguna piedad a ciudadanos que pacíficamente hacían cola para votar el 1-O de 2017» El objetivo es la independencia de Cataluña y para conseguirlo hay que desprestigiar a España, que «golpea sin ninguna piedad» a «pacíficos» ciudadanos. Sin embargo, al margen de los agentes heridos aquel día, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra no golpearon a un solo ciudadano que hiciera «cola» para votar el 1-O, referéndum declarado ya ilegal. Se actuó bajo orden judicial y para requisar las urnas y las papeletas. En aquellos «centros de votación» en los que los organizadores entregaron el material requerido a petición de los agentes solo hubo palabras.

«Un Estado que de manera estructural empobrece deliberadamente a los catalanes privándolos de sus recursos» Torra se refiere, en esta frase de su discurso del jueves, al llamado «déficit fiscal» y a las balanzas fiscales. Argumento recurrente del nacionalismo que Artur Mas elevó a agravio colectivo casi religioso en 2012. Cs, PSC y PP coquetean con este «mantra» que Josep Borrell y Joan Llorach desmontaron en el libro «Las cuentas y los cuentos de la independencia» (Catarata, 2015). Las cifras: los 16.000 millones de euros que, según los cálculos independentistas, «salen cada año de Cataluña y no vuelven»; y el «expolio» del 8,5 por ciento del PIB catalán que «roba» España o el «agujero negro» que es Madrid. Sin embargo, los 16.000 millones son un mito que salen del uso de un cálculo (flujo-monetario) sesgado para evaluar los servicios públicos; y el 8,5 por ciento del «déficit fiscal» es una cifra habitual en aquellos países federales que lo calculan, pues, como parece lógico, las regiones más ricas aportan más a la caja común.

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