El pasado 18 de noviembre finalizó el plazo de consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans. De los 60.957 correos electrónicos recibidos en el buzón habilitado para la consulta, 58.993 han sido de apoyo a la futura Ley, 1.386 la han rechazado, y 578 han sido no válidos. Así, un 96% de las aportaciones a la consulta han manifestado el apoyo al proceso legislativo.

La ministra Irene Montero ha destacado que estos casi 61.000 correos electrónicos recibidos son “un dato histórico”, y que “el 96% de esas aportaciones han sido de apoyo”. “Espero que este dato haga saber a las personas trans que no solo este gobierno, también la sociedad española vamos en serio y 2021 va a ser el año en el que la ley garantice sus derechos”, ha concluido.

En paralelo a la consulta pública, preceptiva según el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Igualdad ha organizado una mesa de trabajo a la que se ha invitado a la práctica totalidad de organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans, así como a personalidades trans de los ámbitos del derecho, la sociología o la política. Ayer mismo, tuvo lugar la cuarta sesión de trabajo y en diciembre tendrá lugar la quinta y última, en la que se recogerán las principales conclusiones de este proceso iniciado en el mes de julio.

Tanto la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, como la Ley de Igualdad LGTBI, son normativas histórica y unánimemente reclamadas por el movimiento LGTBI. Las personas trans viven en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, con grandes dificultades de acceso al mercado laboral, elevados índices de abandono escolar, una gran prevalencia del VIH, así como discriminación en todos los ámbitos de su vida, muy específicamente el sanitario. La Ley pretende establecer los mecanismos para revertir esta situación.