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La concertada se reforzará con al menos 150 profesores el próximo curso

Ya respiran algo más «aliviados» en la educación concertada de Castilla y León después de que esta semana el Gobierno de España haya dado marcha atrás e incluido finalmente a este tipo de enseñanza en las ayudas económicas para hacer frente a los gastos derivados del Covid-19 durante el próximo curso. Son conscientes y lamentan que se haya tratado más bien de un «movimiento político» para sacar adelante el plan de reconstrucción que de una rectificación por convencimiento, pero ahora esperan a conocer los detalles, ver cómo llegan los fondos a las autonomías y exigen tener el mismo apoyo que la educación pública, ya que ambas redes han sufrido «de la misma forma» los efectos de la pandemia. Para armarse y llevar a cabo las medidas de seguridad a partir de septiembre, la enseñanza concertada contratará en Castilla y León a al menos 150 docentes, según ha anunciado la consejera de Educación, Rocío Lucas, aunque los cálculos del Escuelas Católicas, que aglutina a casi el 94% de los colegios de este tipo, estiman que se necesitarán unos 200.

Así lo asegura el secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, quien explica que el Gobierno central ha asegurado que las ayudas priorizarán aquellos centros que cuenten con alumnos en situación de vulnerabilidad. «Nos duele que se ponga en duda que la educación concertada acoge a este tipo de estudiantes. No somos centros elitistas y en la Comunidad hay un elevado porcentaje de estos alumnos en nuestros centros», recuerda, antes de insistir en que muchos de sus colegios tienen «carácter social». Además, desde la patronal que representa al sector aseguran que al participar en las ayudas se respeta el «derecho» de los padres y de los alumnos. «El servicio de la educación es público» y se ofrece a través de las redes pública y concertada, por lo que en ambos casos existe el «derecho» a participar en esos apoyos.

La enseñanza concertada, que representa al 28 por ciento del alumnado total con unos 100.000 estudiantes en la región, tuvo que trasladar en el mes de julio al Gobierno autonómico sus estudios acerca de cuáles serán sus necesidades en cuanto a profesorado, limpieza e higiene y material para cumplir con el protocolo de seguridad establecido por la Junta de Castilla y León.

En Infantil y primero de Primaria deberán establecerse grupos de convivencia estables de entre 22 y 25 alumnos y en el resto habrá que mantener, preferiblemente, la distancia de seguridad de 1,5 metros o utilizar mascarilla. Y eso conllevará la necesidad de más docentes y de muchos más medios económicos para hacer frente a unas medidas de limpieza e higiene que serán mucho más exigentes que otros años con motivo del coronavirus.

«Gastos extra»

Mascarillas para el personal, hidrogeles, más papeleras, y limpieza de espacios como los aseos hasta tres veces al día supondrán unos «gastos extra» para los que finalmente los centros concertados sí contarán con la ayuda del Gobierno central. No obstante, en la Comunidad existía tranquilidad porque la Junta de Castilla y León ya había trasmitido antes de la rectificación del Ejecutivo de Pedro Sánchez que tendrían el mismo respaldo que la pública. Y a la espera de que ese apoyo nacional se concrete, los centros trabajan «muchísimo» durante estos días para organizar sus instalaciones de cara a un curso que estará marcado por la pandemia.

«Habrá que alterar las horas de entrada y de salida y las del comedor para que no coincidan todos los estudiantes en los mismos espacios», relata Roldán, pero además habrá que «desdoblar aulas» en aquellas clases en las que se excedan las ratios porque, además de las marcadas para los grupos de convivencia estables, tampoco se pueden superar los límites generales de más de 25 escolares en Primaria ni más de 30 en Secundaria. Se trabaja, además, con el mantenimiento de la distancia de seguridad, lo que conllevará en algunos casos que tengan que ampliarse los espacios para impartir clase. «En la red concertada hay centros modernos y otros más antiguos, ubicados incluso en edificios históricos, pero por el momento no me consta que vayan a tener dificultades en ese sentido, todos lo vean viable en sus instalaciones», garantiza Roldán.

¿Podría verse afectada la aportación de las familias debido a la crisis sanitaria? El secretario autonómico de Escuelas Católicas recuerda que «no se puede ligar el donativo que realizan los padres al Covid 19» porque se trata de una cantidad «voluntaria» que no se destina directamente al centro, sino a la institución a la que pertenece el colegio, que decide «dónde van dirigidos» esos fondos.

Se ha dado algún caso en otras comunidades, en centros «que no están asociados a Escuelas Católicas», en los que se ha hablado de la incorporación de una posible tasa sanitaria para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. «En Castilla y León ni se ha barajado ni se ha planteado esta cuestión», subraya el representante de la patronal de los centros concertados porque, insiste, «no se pueden cobrar cuotas y menos una tasa sanitaria».

La opinión de los padres

Los padres también valoran el paso atrás del Gobierno para incluir finalmente a la concertada en el reparto de las ayudas. La presidenta de la Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres (Fecampa) de Valladolid, Ángela Melero aplaude la decisión porque «el sufrimiento y los efectos de la crisis sanitaria también han sido para la concertada». Además, expresa que «los impuestos tienen que dirigirse a ayudar a todo el mundo y no ser sectarios» porque, según indica, «los colegios concertados no sólo se eligen por motivos religiosos o ideológicos», sino también por otras cuestiones como la cercanía, el tipo de jornada o la disponibilidad de comedor.

Desde Fecampa Valladolid rechazan la tasa sanitaria de la que se ha hablado en centros de otras autonomías, pero exige la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar. «No solo por la situación generada por el Covid-19, sino también por cuestiones como la diabetes o las alergias.», considera.

En Burgos, la asociación provincial Fecampa aplaude también la rectificación del Gobierno, aunque asegura que «se ha perdido mucho el tiempo». «En caso de pandemia no se puede excluir a nadie, tampoco por su ideología», recalca, antes de explicar que los padres viven con «incertidumbre» el inicio del curso.

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