La Asociación de Fiscales, a través de su cuenta de Twitter, aplaudió la revocación del Tribunal Supremo del tercer grado a los nueve líderes independentistas presos y añadió mensajes que han generado polémica por su contenido. A las horas, la Asociación borró los tuits. 

La cuenta de la Asociación de Fiscales compartió un mensaje con el titular "Junqueras se tomará el turrón en Lledoners" y otro en que opinaban que la revocación es buena porque es "de donde nunca tendrían que haber salido". 

Jaume Asens, presidente de grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en el Congreso, publicó los dos tuits y afeó las formas de la asociación: "Luego dicen que actúan conforme a los principios de neutralidad e imparcialidad". 

La Abogacía de Catalunya denuncia que se vulneran derechos

La coordinadora de la Abogacía de Catalunya ha denunciado este sábado que la resolución del Tribunal Supremo (TS) que revoca el tercer grado a los presos del procés tiene un carácter "ejemplarizante" y "vulnera gravemente el derecho de defensa de la población penitenciaria".

En un comunicado, este grupo de juristas pide amparo a los Colegios de la Abogacía y al Consejo de la Abogacía de Catalunya para que se posicionen ante lo que consideran "un ataque tan grave a los derechos fundamentales y para que tramiten la correspondiente queja al Consejo General del Poder Judicial".

La coordinadora recuerda que son los Juzgados de vigilancia penitenciaria los encargados de tutelar los derechos de los presos, según dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se sustenta sobre los principios de legalidad y de resocialización, de manera que su finalidad "no es retributiva".

"Y es precisamente este carácter retributivo y ejemplarizante el que estamos sufriendo con la intervención del Tribunal Supremo en las clasificaciones penitenciarias de los presos del procés, y lo que es más grave, afectará a toda la población reclusa", sostienen en el comunicado.

Los juristas aseguran que en el procés "se han mezclado de facto los tres poderes del Estado, modificando las competencias objetivas de cada órgano judicial, con interpretaciones que han permitido entrar de forma directa como Tribunal Sentenciador a revisar un régimen de clasificación penitenciaria". "Este hecho es nuevamente un síntoma del 'warfare law' (guerra judicial) del Estado y de sus Tribunales", sostienen.