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Junta y diputaciones han tramitado más de 18.000 'sanciones covid'

Las multas impuestas en Extremadura por infringir las medidas sanitarias implantadas a causa de la crisis del covid-19 superan ya las 18.200, según los datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, que ostenta esta potestad sancionadora, y por las dos diputaciones provinciales extremeñas, con las que el Ejecutivo regional llegó a un acuerdo en diciembre pasado para que sus organismos autónomos de recaudación se encarguen de gestionar las de carácter leve, que son la mayor parte de ellas.

Del total de sanciones tramitadas, el volumen más numeroso corresponde a las gestionadas por la Administración regional. Hasta finales de año, a la Dirección General de Salud Pública llegaron cerca de 13.000 expedientes sancionadores. Nueve de cada diez se impusieron por no emplear la mascarilla o usarla inadecuadamente, con 11.681 en total. Por áreas de salud, tres de la provincia de Badajoz encabezan la lista: la de la capital pacense, con 2.894, la de Mérida (2.560) y la de Don Benito-Villanueva (2.132). A continuación aparecen el área de salud de Cáceres (1.450), seguida de las de Plasencia (927); Llerena-Zafra (852); Coria (455) y Navalmoral de la Mata (404).

Muy lejos de las mascarillas, como segundo motivo más frecuente de sanción figura superar el límite de seis personas en reuniones sociales, que fue motivo de 523 propuestas, mientras que infringir el horario del toque de queda fue castigado en otras 448 ocasiones. Contravenir las medidas de distanciamiento social y superar el aforo permitido se saldó con 124 y 117 sanciones más, respectivamente. El listado facilitado por la Consejería de Sanidad, donde no se precisa las cuantías que suman los expedientes, se completa con 24 multas por saltarse el confinamiento y una por la venta de productos que no son de primera necesidad.

Por no llevar mascarilla, el importe de la sanción asciende a cien euros, que se rebajan a 60 euros si se abona en periodo de pago voluntario. Mayor es el castigo en caso de inobservancia del toque de queda o de los cierres perimetrales: 600 euros (360 euros en periodo voluntario).

Acuerdo con diputaciones

A finales de diciembre pasado, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura firmaron un convenio con las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la tramitación, por sus respectivos organismos autónomos de recaudación, en régimen de encomienda de gestión, de los procedimientos sancionadores abreviados por incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria. También para asumir, en régimen de delegación, la gestión recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de las multas y sanciones impuestas.

El objetivo de este convenio es acelerar la resolución de expedientes y su recaudación, una vez que la ingente tarea administrativa que han supuesto llegó a sobrepasar a los dos servicios territoriales de procedimiento sancionador con los que cuenta la Dirección General de Salud Pública, uno en Cáceres y otro en Badajoz. De hecho, hasta la entrada en vigor del convenio, apenas si habían podido resolverse expedientes, se aclara desde la Consejería de Sanidad extremeña.

De acuerdo a la información facilitada por la Diputación Provincial de Badajoz, entre el 4 de enero y finales de la pasada semana, se recibieron aproximadamente 4.000 denuncias, que ascienden a un importe aproximado de 670.000 euros. A esa fecha, la totalidad de ellas se encontraban en periodo voluntario de pago y se habían abonado ya en torno al 10%. Según se precisa desde la entidad provincial, de estas denuncias, el 90% tienen su origen en tres infracciones: no llevar mascarilla en lugares públicos, incumplir el cierre perimetral sin justificación y no respetar el horario del toque de queda.

En el caso de la Diputación Provincial de Cáceres, desde el mes de enero hasta ella han llegado aproximadamente 1.370 denuncias, que ascienden a un importen de 482.850 euros. También aquí los motivos más repetidos de multa son no llevar mascarilla, el incumplimiento del toque de queda o no respetar la restricciones de movilidad.

La gerente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres, Ana Guerra, incide en que estas sanciones siguen un procedimiento abreviado de tramitación. «Es frecuente caer en el error de pensar que si no se ha recibido en domicilio una notificación, los plazos administrativos no comienzan a computar. Y hay que tener claro que la reducción del 40% [en el importe de la multa] solo tiene lugar por pronto pago, es decir , en el plazo de quince días siguientes a la denuncia», puntualiza. Esto significa que, una vez que el agente hace entrega de esta, comienzan a correr los plazos administrativos, y el denunciado no debe esperar notificación adicional posterior.


Después de treinta días naturales desde que fue impuesta sin que se haya efectuado el pago, podrá iniciarse el procedimiento de apremio para su recaudación, incrementándose el importe con los recargos e intereses de demora pertinentes.

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