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José Ricardo de Prada, entre los principales escollos del acuerdo para el CGPJ

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada es uno de los nombres que suenan para la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero es también uno de los principales escollos para lograr cerrar el acuerdo. A De Prada —un juez definido por sus compañeros como «estudioso» y al que le gusta polemizar con sus votos particulares— lo propone Podemos, cuyas voluntades son expresadas por los negociadores socialistas, pero lo veta el PP.

De Prada fue uno de los tres magistrados encargados de la sentencia de la trama Gürtel y en ella defendía la existenca de una 'caja B' en el Partido Popular en los siguientes términos: «Una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».

Posteriormente, el Tribunal Supremo desacreditó estas afirmaciones porque consideraba que quedaban fuera del ámbito del asunto que se juzgaba, y sobre el que no había acusación. «En definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso», concluyó el TS, que sí que respaldó la condena al PP como responsable lucrativo.

Sin embargo, estas consideraciones de De Prada fueron la justificación por la que el PSOE decidió presentar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, apartando del poder a Mariano Rajoy.

Una polémica tras otra

Las polémicas de De Prada vienen de lejos. En abril de 2011 justificó el chivatazo a ETA del caso Faisán por el «contexto político» en el que se produjo: una tregua. Calificó de «caricatura» el análisis de dos compañeros, que mantuvieron imputados por colaboración con ETA a los policías que alertaron en 2006 al dueño del bar Faisán de Irún de una operación contra la banda.

En los cursos del verano de 2014 de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el magistrado calificó de «altas y desproporcionadas» las condenas a los etarras. Este año, en abril, no se cortó en un coloquio en Tolosa, Guipúzcoa, y criticó cómo aborda la Audiencia Nacional el terrorismo.

El magistrado aseguró que en España la tortura se ha producido de forma «clara», criticó la utilización de los informes policiales como prueba en un juicio y lamentó que los tribunales hayan condenado por terroristas a personas que no lo eran, en alusión al entorno de ETA. Un compañero le describe como un «excelente jurista» que en ocasiones no mide las consecuencias de sus palabras. «A veces se le llena la boca».

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