Así lo ha explicado el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, que la formación de izquierdas va a defender este jueves, 28 de enero, en el pleno municipal.

Fernández ha indicado que la moción que presenta trata de posibilitar el acceso a un derecho fundamental marcado en la Constitución Española que tienen los ciudadanos y las ciudadanas del país como es el de la vivienda haciendo que “no sea lo gravoso que es hoy para muchas familias”.

De esta manera, ha señalado que las crisis económicas “siempre las acaban pagando” las familias de mayor vulnerabilidad y “uno de los efectos más perversos de estas crisis” es cuando las familias no pueden pagar la vivienda en la que habitan y acaban siendo desahuciadas, según ha informado la formación en nota de prensa.

Por ello, ha dicho que entiende que esta situación debe estar controlada para garantizar que no se expulse a nadie de ninguna vivienda debido a que no puede pagar unos precios que, en muchos casos, son abusivos.

“Consideramos que solo teniendo una legislación en materia de vivienda que ponga por delante el derecho a la vivienda antes que los intereses particulares de unos pocos. Los grandes tenedores de inmuebles o las entidades financieras que se quedan con las viviendas desahuciadas pueden garantizar la democratización de este derecho básico constitucional”, ha asegurado.

En concreto, ha subrayado que Toledo tiene un “mal endémico” con barrios en los que de forma paulatina la gente los abandona. “Lo hace porque no ofrece servicios cotidianos suficientes y porque el precio de las viviendas y de los locales comerciales impiden el acceso a familias con los sueldos reales que hoy imponen patronales y partidos de derecha que no quieren llegar a los 950 euros al mes”, ha apostillado.

Además, ha añadido que, si hay dificultades económicas y ningún control sobre los precios de la vivienda, “esta se convierte en un bien de lujo y deja de ser un derecho constitucional”.

Durante esta pandemia, según ha apuntado Fernández, hay muchos locales comerciales que han cerrado, fundamentalmente en el Casco Histórico de Toledo, gracias a que el dueño particular “no ha querido negociar ni un céntimo de euro” una rebaja en el precio del alquiler para adaptarlo a la situación real de pandemia social y económica que se vive en la actualidad.

“Instaremos desde el Ayuntamiento de Toledo a que desde el Gobierno de España y el de la Comunidad Autónoma se legisle para que se permita a las administraciones ser agente fundamental en el establecimiento de precios máximos de vivienda en función de la localización donde se encuentre el inmueble y el local comercial para garantizar que se puede desarrollar de forma democrática y generalizada el acceso a la vivienda contemplado en el artículo 47 de la Constitución Española”, ha aseverado.

Finalmente, ha destacado que va a trabajar para que los bienes cerrados “a la espera de un mejor negocio” se pongan a disposición de quién más lo necesita.

AYUDA A DOMICILIO

Por otro lado, el Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo sigue “presionando” —asegura— al equipo de Gobierno para que el Ayuntamiento de Toledo gestione de manera directa la ayuda a domicilio, esta vez a través de enmiendas al presupuesto de 2021.

En este sentido, ha apuntado que el servicio de ayuda a domicilio de la ciudad de Toledo está y lo presta la empresa de seguros CASER que no es una empresa especializada en el servicio de ayuda a domicilio.

“Durante la pandemia sanitaria el servicio de ayuda a domicilio no se ha demostrado lo eficaz que debiera ser llegando a mandar a trabajar a diferentes empleadas sin previo aviso a las familias y sin hacer las pruebas biológicas que garanticen que las trabajadoras no tenían covid-19”, ha apostillado.

En el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Municipal, según ha enunciado Fernández, se incluye dentro de la unidad gestora de Servicios Sociales y del concepto de ayuda a domicilio un incremento de 44.000 euros en esa partida presupuestaria.

“Vamos a solicitar que se detraigan 15.000 euros más del gabinete de estudios para implementar esa partida presupuestaria y garantizar la posibilidad de contratar al personal suficiente que coordine el servicio de ayuda a domicilio cuando la Empresa Municipal de la Vivienda y Servicios de Toledo lo recepcione con la fórmula jurídica que se considere”, ha asegurado.

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

En la misma línea, ha criticado la partida presupuestaria de los centros de atención a la infancia debido a que se ha incrementado en 100.000 euros destinados hacer frente a la pérdida empresarial por menores ingresos derivados de la situación de pandemia sanitaria y crisis económica y social de la ciudad.

Los centros de atención, según ha afeado Fernández, a la infancia también están “privatizados” y los tres de la ciudad de Toledo los gestiona la Unión Temporal de Empresas ‘La Casita de Chocolate SL’.

“Como sus beneficios no han sido los esperados debido a la merma de usuarios y usuarias, solicitan al Ayuntamiento de Toledo ese equilibrio de la concesión que les permita garantizar su beneficio a costa de las arcas municipales”, ha manifestado.

Por ello, ha registrado una alegación para poder recuperar un servicio público que inicia la formación de niños y niñas de Toledo y son un elemento fundamental en la conciliación de la vida familiar y laboral de los toledanos y toledanas.

LECTURA FÁCIL

Por otro lado, ha propuesto incluir en el presupuesto de 2021 una partida de 30.000 euros destinada a elaboración de estudios para financiar un programa de adaptación a lectura fácil de los textos normativos del Consistorio toledano dirigido a personas con discapacidad intelectual o personas con dificultades del entendimiento de esos textos.

“También se debe acometer un plan de nueva señalética en los edificios municipales que los adapten a las necesidades de estos colectivos y hagan de nuestras instalaciones un servicio público adaptado a las demandas de toda la población de Toledo”, ha añadido.

Finalmente, ha justificado esta propuesta debido a que en la ciudad de Toledo hay una parte de vecinos y vecinas que no entienden perfectamente ni las normas que emanan de la administración local que les obliga a pagar impuestos por medio de las ordenanzas fiscales y que “no son capaces de encontrarse todo lo cómodos que necesitan” en las instalaciones municipales.