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Irene Montero prepara una ley contra la trata y renuncia a las políticas abolicionistas

"Todos los gobiernos hasta ahora, fuesen abolicionistas o no, han encontrado enormes dificultades para hacer frente a la explotación sexual". La ministra Irene Montero quiso ser clara al dejar este mensaje durante la apertura de la comisión de Igualdad, a lo que añadía por si quedase algún tipo de dudas: "No me voy a caracterizar por hacer promesas que no pueda cumplir". Abolicionista declarada, Montero ha defendido posiciones más pragmáticas en la lucha contra la explotación sexual, consciente también de la división sobre esta cuestión dentro del movimiento feminista. En esta línea, su ministerio se centrará en desarrollar una ley integral contra la trata de personas, ya en proceso de elaboración aunque en una fase todavía embrionaria.

La intención pasa por situar a las víctimas de la trata como sujetos de pleno derecho, desarrollando medidas de prevención y persecución de las redes criminales, así como de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas. Todo ello acompañado de planes de formación para empleados públicos con el objeto de facilitar la identificación y la atención a las víctimas de trata con un enfoque integrador, transcultural y de protección. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos pone el foco en la trata con fines de explotación sexual, considerándola "una violación de los derechos humanos y una de las formas más crueles en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres".

El programa de Unidas Podemos se planteaba prohibir la deportación y el encierro de víctimas en los CIE, así como eximir a las víctimas de responsabilidad penal en caso de estar en situación administrativa irregular. Otras medidas que se han puesto sobre la mesa tienen que ver con la total prohibición de los anuncios de contactos a través de medios impresos o digitales y el incremento de las inspecciones. Entre algunas reivindicaciones históricas asumidas por diferentes colectivos, se encuentra asimismo la penalización del proxenetismo y de cualquier forma de tenencia de locales destinados a ejercer la prostitución.

El nuevo delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguraba la pasada semana que uno de sus objetivos será acabar con la prostitución en la comunidad por todos los medios posibles, entre ellos, multar a los clientes, una medida que espera que el Gobierno central ponga en marcha pronto. Recordaba así en una entrevista concedida a la agencia EFE que "una de las medidas que se han barajado por el Gobierno de España es penalizar a los hipotéticos clientes" de la prostitución, algo que dijo parecerle lo "adecuado".

La filosofía, según explicaba la ministra, pasa por "proteger a todas las mujeres que lo necesiten en este país, además de profundizar en el conocimiento de esta realidad y que nos proporcione los datos más precisos posibles para hacer buenas políticas públicas de verdad, que consigan abolir la explotación sexual y plantar cara a todos los criminales que la sustentan".

El debate dentro del movimiento feminista ha sido reconocido por Montero, frente a lo que ha priorizado evitar la división. "Soy abolicionista y sé que hay compañeras feministas que no lo son, pero con las que comparto camino, lucha y objetivos. Quiero recordar aquí que toda la acción política de este ministerio irá orientada por esa necesidad, a la que hacía referencia antes, de una poderosa e inquebrantable alianza feminista", explicó. Es por ello que defendió que ni su posición individual en el debate ni la acción política del ministerio "deban pretender resolver un debate histórico y legítimo en el movimiento feminista".

La ley de libertades sexuales que ya tiene lista el ministerio se aprobará finalmente en el Consejo de Ministros del próximo martes, antes del 8-M. Todo ello después de que se produjese la pasada semana un choque dentro del Gobierno de coalición a este respecto, asegurándose desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), había puesto en cuarentena la ley. La solución al conflicto llegaba unas horas después, a través de un comunicado lanzado por la Secretaría de Estado de Comunicación: "La Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo".

Como ya avanzó este diario, la divergencia de opiniones ya retrasó la aprobación en el Consejo de Ministros de la ley contra las violencias sexuales, que el Ministerio de Igualdad se planteó como urgente, pero en los últimos días se habían limado estas asperezas al reconocerse que esta iniciativa tiene entidad propia y no tenía por qué integrarse dentro de una reforma amplia del Código Penal que incluya en un mismo paquete cambios en los delitos de sedición y rebelión junto a nuevas tipificaciones en los delitos sexuales, para incluir el 'solo sí es sí', sino hacerlo como dos iniciativas legislativas diferenciadas.

La propia Montero confirmaba este lunes que la ley se aprobará el 3 de marzo y que incluirá la puesta en marcha progresiva de "centros de crisis" para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día. En su comparecencia, destacó que, como la mayoría de las mujeres no denuncia las violencias machistas, la respuesta institucional debe ser "mucho más amplia" para acompañar a todas las víctimas, medie o no denuncia.