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Interior inicia el proceso para extinguir el partido de Jácome

Al alcalde de Orense se le acumulan los problemas. Primero se ha quedado sin gobierno, después de que cinco de sus siete ediles lo abandonaran y que su socio, el PP, tomara idéntica decisión unos días más tarde. Está en disposición de quedarse sin dinero, de prosperar la petición de los concejales críticos (que son mayoría) de que se le cierre el grifo de las subvenciones públicas mientras no rinda cuentas de cómo gestiona estos fondos y presente su contabilidad. Y lo siguiente será quedarse sin partido político, toda vez que el Ministerio del Interior ha activado el procedimiento para la extinción del mismo.

En el primer trimestre de este año, la Dirección General de Política Interior del Ministerio remitió un escrito a Democracia Orensana en el que ponía de manifiesto que desde la inscripción del partido en julio de 2001 «no han remitido ningún nombramiento de los cargos directivos ni modificaciones de estatutos». Es decir, tampoco se ha actualizado la estructura de DO a los requisitos que introdujo la modificación de la Ley Orgánica 3/2015 de financiación de los partidos políticos.

Esta norma establecía la obligatoriedad de adaptar los estatutos de las formaciones «al contenido mínimo previsto» en el articulado de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En el artículo 3.2 se desgranaban distintos requisitos más allá de los ya consabidos siglas, símbolos, nombre, sede o página web. La ley exige incorporar en los estatutos los órganos de gobierno y los plazos para su renovación, el régimen de contabilidad, el órgano interno encargado de la auditoría de las cuentas o su patrimonio. Además, la LO 3/2015 daba tres años a contar desde el 1 de abril de 2015 para que los partidos procedieran a la actualización de sus normas internas. Pero, según fuentes de toda solvencia, DO no lo hizo.

El proceso que inicia el Ministerio del Interior no es para que Gonzalo Pérez Jácome actualice sus estatutos, sino para que remita la documentación acreditativa de que lo hizo en plazo, precisamente lo que no ocurrió. «Los estatutos del partido que actualmente se encuentran depositados en el Registro no reúnen todos los requisitos exigidos ante la Ley», reza la comunicación enviada por el Ministerio a los responsables de DO. «La situación no es legalizable», insisten estas fuentes. El procedimiento estándar de Interior es dar seis meses para el envío de los estatutos adaptados o, «en caso contrario, se iniciará el procedimiento de declaración judicial de extinción del partido». No cabe articular una modificación sobre la marcha de los estatutos de DO, dado que el Ministerio deja claro que para que sean tenidos en cuenta «es necesario que se remitan debidamente protocolizados ante notario». Si la actualización se hizo después del 1 de abril de 2018, no sería válida.

Los estatutos de Democracia Ourensana no son fáciles de encontrar. No están colgados en su web, aunque precisamente la legislación obliga a ello. De lo obsoleto de su estructura da cuenta un artículo publicado precisamente en su página del que figura como tesorero en el acta fundacional de la formación, Juan Carlos Fernández Fasero, en el que hace referencia a las cuentas del partido. «¡Claro que desconozco! Porque no tengo relación alguna con DO», reconoce. Es la realidad. La contabilidad de la formación solo la controla Gonzalo Pérez Jácome, el presidente.

Democracia Orensana está muy lejos de ser un partido al uso. Tiene militantes, pero no se les cobra cuota. De pagar ya se encargan los cargos públicos y el personal eventual, con mordidas para este último que ha alcanzado el 60% de las retribuciones mensuales, como desveló ABC esta semana. No tiene sede. Lo más parecido a un lugar de reunión es la tienda de música de Jácome, Jolper, el kilómetro cero de su aventura política. En sus bajos están las instalaciones de su televisión local, Auria TV, un canal de partido que no esconde su servidumbre. Tampoco cuenta con personal administrativo ni con créditos pendientes de amortizar con bancos para costear las campañas. Los procesos electorales, en ocasiones, los han sufragado los propios candidatos, perdiendo incluso dinero que no les fue nunca reembolsado, a pesar de que DO ha percibido 800.000 euros en el último lustro entre subvenciones públicas, cuotas de cargos y mordidas a los asesores.

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