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Interior autoriza seis traslados de presos de ETA, más de la mitad a Euskadi y Navarra

Instituciones Penitenciarias ha hecho públicos este mediodía el traslado de otros seis presos de ETA, de los que cuatro pasarán a cumplir su condena en cárceles de Euskadi o de Navarra. La mayoría carecen de delitos de sangre. Dos nombres son los que están en prisión por atentados con resultado de muerte. Son Igor Martínez de Osaba Arregui, autor material de asesinato del guardia civil Alfonso Parada Ulloa, y Gregorio Escudero Balerdi, cooperador necesario del atentado que acabó con la vida del edil socialista de Orio Juan Priede Pérez y responsable de pasar la información que permitió acabar con la vida del concejal del PP en Zarautz José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga.

Si bien en semanas anteriores el ministerio del Interior había dado vía libre al acercamiento de históricos de la organización terrorista como Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi e incluso del exjefe militar Javier García Gaztelu, 'Txapote', los últimos dos viernes –fecha habitual en la que se informa de estos movimientos– el número de traslados o el historial de los reclusos es menos abultado. La semana pasada fueron tres los acercamientos autorizados por Instituciones Penitenciarias, frente a la media docena habitual. Ninguno de ellos a Euskadi. El único con delitos de sangre fue Fernando Elejalde Tapia, condenado como autor del asesinato de Francisco Javier Gómez Elosegui, psicólogo de la cárcel de Martutene, tiroteado en 1997 cuando salía de su domicilio.

En esta ocasión, la lista la conforman seis presos, de los que tres pasarán a estar internos en Euskadi y uno en Navarra. Dos cuentan con delitos de sangre. El primero es Igor Martínez de Osaba Arregi, que dejará Zuera (Zaragoza) –fue trasladado a dicho centro penitenciario por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y recaerá en la alavesa de Zaballa. Fue condenado a 29 años de prisión como autor del asesinato del suboficial de la Guardia Civil Alfonso Parada Ulloa, así como por ser uno de los conductores de la conocida como 'caravana de la muerte', que contenía más de 1.700 kilos de explosivos para atentar en Madrid. El segundo es Gregorio Escudero Balerdi, a quien la Audiencia Nacional le impuso sendas penas como cooperador necesario del atentado que acabó con la vida del socialista Juan Priede Pérez y por facilitar la información para asesinar al concejal popular José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga.

A cárceles del País Vasco también serán trasladados Ugaitz Pérez Sorriketa –de Logroño a Basauri–, que acumula delitos de kale borroka y desórdenes públicos, así como Asier Bengoa López de Armentia –de Zaragoza a Zaballa–, en prisión por colaboración con organización terrorista. Le ha sido concedido, asimismo, el tercer grado.

Los últimos dos nombres son los de Garikoitz Arruarte Santa Cruz, que será trasladado a Pamplona. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 20 años de cárcel por el atentado frustrado en la Nochebuena de 2003 mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que partía de Irún con destino a Madrid. Y el de Miren Itxaso Zaldua Iriberri, que de Salamanca pasará a estar interna en Asturias. Zaldua se encuentra en prisión preventiva, está procesada por su participación en el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad en 2001 y por un atentado en 2002 en Leitza, en el que falleció el guardia civil Juan Carlos Beiro y otros cuatro resultaron heridos.

El número de acercamientos autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez asciende a 212, que se corresponden a 176 presos de ETA. De ellos, 52 fueron trasladados cárceles de Euskadi o de Navarra. Un total de 86 tienen delitos de sangre.

Desde la AVT volvieron a reclamar ayer «con urgencia una explicación» del Ministerio del Interior. «Necesitamos saber por qué se realizan traslados de los terroristas más sanguinarios de nuestro país, traslados que no cuentan con las propuestas de las juntas de tratamiento de las prisiones –en total ya son 29 los acercamientos de este tipo–, y traslados de presos que no colaboran con la justicia». «Necesitamos conocer el motivo de esta derogación de la política penitenciaria que está llevando a cabo este Gobierno», demandaron.

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