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Instan a investigar a una alcaldesa por malversar al colgar una pancarta a favor de los soberanistas presos

Un juzgado de Mataró absuelve a tres activistas que la intentaron quitaron del balcón del ayuntamiento pero considera que la primera edil de Vilassar de Dalt pudo cometer un delito al ponerla

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt MARGA CRUZ

Dentro de la pugna por el espacio público entre partidarios y contrarios a la independencia un juzgado ha cuestionado, por la vía penal, la adquisición por parte de un ayuntamiento de una pancarta de apoyo a los líderes soberanistas condenados por sedición y que están encarcelados. El Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró ha ordenado deducir testimonio contra la alcaldesa de Vilassar de Dalt (Barcelona), Carola Llauró, y su antecesor en el cargo por si presuntamente cometieron un delito de malversación de caudales públicos al pagar unos 242 euros por una pancarta con el lema Llibertats presos/es polítics y colgarla de la fachada del edificio consistorial.

Hace unas semanas el juzgado absolvió a tres miembros de las autodenominadas brigadas de limpieza por dañar la pancarta a favor de los presos que había en el balcón del ayuntamiento al intentar descolgarla la madrugada del 28 de julio del año pasado. Agentes de la policía local sorprendieron a cinco personas mientras usaban una pértiga para quitar este cartel pero dos de ellas huyeron y sólo pudieron identificar a tres. La propia alcaldesa de Vilassar los denunció por ante los Mossos d'Esquadra por los delitos de daños e incitación al odio aunque finalmente se les juzgó por un delito leve y en el juicio se les pedía una multa y pagar la nueva pancarta.

En el juicio, los tres activistas indicaron que la pancarta la descolgaron las dos personas que huyeron, y no fueron identificadas, y que ellos se quedaron ya que no habían hecho nada malo. Además, la alcaldesa declaró que la colocación de la pancarta no se decidió en ningún pleno, que cuando ella tomó posesión del cargo hace casi un año ya estaba colgada, y que al ver que se rompió decidieron comprar otra, con un coste de 242 euros, que reclamaron a los procesados.

En la sentencia, la magistrada remarca que la alcaldesa pedía el pago de esta cantidad por los daños causados a la pancarta en nombre del Ayuntamiento, pese a que no aportó ninguna acta del Consistorio autorizándola a denunciar los hechos. Por eso aprecia «falta de legitimación» de la alcaldesa y añade que no ha quedado probado en el juicio que la pancarta fuese propiedad del Ayuntamiento, ya que la denunciante no aportó «ningún acta del pleno» autorizando su compra «ni el destino de fondos públicos para su adquisición».

«De hecho la propia denunciante ha manifestado que la compra y colocación de esa pancarta no se autorizó en ningún pleno del Ayuntamiento, ignorando cuándo se colgó ni quien lo autorizó» señala la sentencia que considera que la pancarta era un «bien sin dueño» ya que tampoco era propiedad municipal ni de ninguna persona en concreto. El juzgado remarca que «alguien no identificado colocó en el balcón del Ayuntamiento sin autorización legal para hacerlo» el cartel por lo que su retirada fue «un acto atípico» pero que no es delito.

Por eso la sentencia indica que la alcaldesa carece de legitimación para reclamar por la pancarta y añade que tampoco hay pruebas de que los tres procesados la retirasen ni se han aportado los daños que sufrió el cartel al ser retirado, ya que el atestado policial no los especifica.

Sin embargo, el juzgado atiende la petición de la Fiscalía y de los abogados de los procesados de deducir testimonio de la declaración de la alcaldesa ya que considera que existe un «indicio» que debe ser investigado de que la pancarta se pagó con fondos públicos cuando el anterior alcalde estaba en el cargo. Además, también hay «indicios más claros» de que la alcaldesa denunciante adquirió una nueva pancarta al romperse la anterior, lo que podría suponer un presunto delito de malversación al usarse fondos públicos para esta compra «sin autorización del pleno» municipal.

En declaraciones a este medio, el abogado Javier Berzosa, que ha llevado la defensa de varios autodenominados brigadistas denunciados por quitar material independentista del espacio público explicó que todos los procesos han acabado en absolución. Además indicó que en cada juicio, los letrados de los procesados han pedido «siempre que se acreditara la titularidad de la pancarta, estelada, lazo» retirado por los procesados del espacio público «mediante factura» así como por el acuerdo municipal correspondiente para autorizar su instalación. «Pese a las reiteradas absoluciones y la petición de deducir testimonio contra los alcaldes responsables, en su caso, ningún juzgado lo había acordado hasta ahora», destaca.

En este sentido, el letrado añade que esta sentencia del juzgado de Mataró «sienta un importante precedente al acordar ese testimonio no sólo contra la alcaldesa denunciante, que carece también de legitimación para denunciar al no haber sido autorizada por el pleno, sino también contra el anterior alcalde que fue el responsable de adquirir y colgar ilegalmente la pancarta ilegal supuestamente dañada. Se abre la vía para investigar a aquellos alcaldes que, hasta ahora, disponen de los edificios públicos y del dinero público para sus intereses sectarios o partidistas».

Poco después de presentar la denuncia ante los Mossos d'Esquadra a finales del año pasado, la alcaldesa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, aseguró por las redes sociales que «contra la intolerancia actuaremos con serenidad y firmeza». Unas semanas más tarde reclamó la devolución de otra pancarta que apareció en la cuenta de un usuario, con un lema similar pidiendo la libertad de independentistas presos y el retorno de los fugados, asegurando que ese cartel «pertenece al Ayuntamiento de Vilassar de Dalt».

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