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Igualdad lleva el 3-M al Consejo de Minitros su ley de Libertad Sexual, con una medida pionera: centros 24 horas para las víctimas

La ministra de Igualdad,Irene Montero, ha anunciado este lunes, 24 de febrero, que presentará en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que contempla la creación de centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de este tipo de violencia.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, a las 12.00 horas, la ministra ha asegurado que el martes 3 de marzo que llevará el texto y, a partir de ese momento, «se iniciará el trámite», tal y como señaló también el viernes en una entrevista televisada en Telecinco. Antes de remitirse al Congreso, el anteproyecto deberá pasar por distintos órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros para aprobarse ya como proyecto de ley.

La finalidad de esta futura Ley, según ha señalado Montero, «es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado». Tal y como ha remarcado después también en su comparecencia, el 13,7% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

Montero ha destacado que otro de los objetivos de la norma es «prestar asistencia a las víctimas», lo que supondrá la implantación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad». Según ha precisado, esto incluirá centros de crisis 24 horas recomendados por el Consejo de Europa, «cuya implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas».

Durante su primera comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados Montero, señaló que la nueva norma «establecerá medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado, tales como la familia, la comunidad, el espacio público, el lugar de trabajo, el ocio, la política, la justicia, el deporte, la educación, el entorno digital y los servicios sociales y sanitarios».

Respecto a los datos sobre este tipo de violencias, la ley también establece la creación de un sistema complejo de recogida de datos, en base a estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres. «Nuestro punto de partida será la última macroencuesta encargada en 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ya incluía indicadores de violencia sexual y cuyos resultados están próximos a darse a conocer», ha agregado la ministra.